Los diferentes procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia han tenido notorios y no notorios enemigos. Pensar que la paz en el país es un asunto de todos y todas es una quimera como quiera que hay viejos y nuevos sectores comprometidos con la tragedia, el drama y el sufrimiento, pues décadas de horror han garantizado sus consagrados privilegios.
En esta nota exploro que los enemigos agazapados de la paz han estado presentes y actuando siempre con el propósito de que en la nación no exista una paz estable, posible y duradera.
En realidad son parte del paisaje y, por tanto, de lo que se trata es de construir de modo común y compartido una mayoría social y política que sea capaz de imponer lo ético de la vida y la convivencia por encima de la cultura de la depredación y el horror.
La guerra es rentable para un puñado de cínicos que organizan y gestionan el terror; la paz, en cambio, es beneficiosa para quienes solo tienen el derecho y el don de la palabra.
Así, la Paz Total del Presidente Gustavo Petro es un nuevo pretexto para hacer del país un espacio amable, plural y democrático, de ahí que vale la pena acompañar este esfuerzo por más enemigos agazapados que este tenga.
La paz de Belisario Betancur: un propósito frustrado.
Belisario Betancur se convirtió en presidente de la república de Colombia en 1982 al derrotar a Alfonso López Michelsen del oficialista Partido Liberal y a Luis Carlos Galán Sarmiento del naciente movimiento Nuevo Liberalismo. Su arribo a la Casa de Nariño significó heredar un país con muchos prisioneros políticos, excesiva deuda externa, extendida pobreza, sonados casos de corrupción, y señalado el Estado y gobierno de hacer de la tortura un macabro deporte nacional.
El tema de las torturas y los encarcelamientos masivos creó un desastre humanitario que siempre fue ocultado o negado por la cúpula militar, las élites políticas del stablishment y del obediente poder mediático reinante entonces.
A esta situación se llegó como consecuencia lógica de la existencia del temido Estatuto de Seguridad que el nefasto Julio César Turbay Ayala, quizá uno de los peores presidentes (junto a Andrés Pastrana Arango e Iván Duque) que ha tenido Colombia.
Poco tiempo llevaba de posesionado Betancur cuando sorprendió a propios y extraños al reconocer que la existencia del largo y lacerante conflicto armado social y político en la nación tenía causas objetivas y subjetivas que lo explicaban.
El planteamiento anterior era un reconocimiento explícito al hecho de que había una realidad material representada en campesinos sin tierra, trabajadores mal remunerados, niños y jóvenes fuera del sistema educativo, personas sin servicios públicos en las ciudades, inexistencia de espacios políticos para la participación de la oposición, y una persistente violación a los derechos humanos, todo lo cual se traducía en una aberrante desigualdad social, económica y política que a su vez se constituía en una especie de carburante para justificar la existencia de la insurgencia.
Como mecanismo superador de esa dura realidad, el nuevo gobierno propuso al conjunto de la insurgencia y de los partidos políticos un Diálogo Nacional para explorar el camino de resolver el conflicto armado, político y social en el marco del diálogo y la negociación. Es decir, se buscaba hacer tránsito de la guerra perpetúa a una no violencia que se transformara en una paz posible y estable.
Así, la propuesta de Diálogo Nacional empezó a tomar forma con la creación de la Comisión de Paz en septiembre de 1982, cuya presidencia fue otorgada al expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien renunció diez días después aduciendo problemas de salud.
Su sustituto fue Otto Morales Benítez, conocido por acuñar poco tiempo después la célebre frase de los enemigos agazapados de la paz, por cierto en clara alusión a aquellos individuos y grupos de poder que dedicaban tiempo y esfuerzo para que el proceso de diálogo y negociación con las insurgencias no avanzara.
Hicieron también parte de esta Comisión, entre otros: el exministro liberal Jhon Agudelo Rivas, Monseñor Mario Revollo, Nohemí Sanín, la periodista Margarita Vidal, Alberto Rojas Puyo y Oscar William Calvo del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista.
Una vez constituida la Comisión de Paz, el paso siguiente fue aprobar en el congreso una ley de amnistía, la Ley 35, hecho que se produjo en noviembre de 1982. La amnistía implicó la salida de las cárceles de decenas de insurgentes, sobre todo integrantes del M-19, quienes habían sido condenados -y antes vejados por el ejército- por el robo de cinco mil armas del Cantón Norte, espectacular acción que denominó dicha guerrilla como operación Ballena Azul y que llevó a cabo el 31 de diciembre de 1978.
De este modo, mientras el país despedía el año, el M-19 desde una casa cercana a la de Esther Morón y Rafael Arteaga, bajo la dirección de Jaime Bateman Cayón, le robaba miles de armas al Ejército nacional sin tirar un solo tiro. Con esto el orgullo de los militares quedaba herido de muerte, situación que se acrecentaría pues un tiempo después el M-19 se tomaría la Embajada de República Dominicana – del 27 de febrero al 25 de abril de 1980-- sin que la inteligencia militar se percatara. Ese odio y desconfianza de los militares hacia el M-19 se haría notorio en el proceso de negociación y diálogo.
La siguiente estación en la ruta de la paz de Betancur fue la constitución de la Comisión de Negociación y Diálogo, la cual se creó a mediados de julio de 1984. Ya en este escenario, serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) las que formalizaron el diálogo y la negociación con el gobierno nacional. El acuerdo con esta agrupación tendría como premisa: Tregua, Cese al fuego y Apertura Democrática.
Así, el Secretariado de las FARC firmó como gesto de buena voluntad, en la Uribe, Meta, el 28 de marzo de 1984, el cese al fuego. Dos meses después dicha organización impartió la orden a sus 27 frentes guerrilleros cesar todas sus acciones bélicas.
El presidente Betancur ordenó como comandante en jefe de las fuerzas militares actuar de modo recíproco pero la orden no sería acatada del todo por el alto mando militar.
Cinco meses después de sellarse el acuerdo entre el gobierno de Betancur con las FARC, el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) firman los Acuerdos conjuntos de Corinto (Cauca), el Hobo (Huila) y Medellín, actos que se producen el 23 y 24 de agosto de 1984.
Cuando disponía a reunirse Carlos Pizarro Leongómez con la Comisión de Paz en Corinto, este sería emboscado por tropas conjuntas de la policía y el ejército. Aunque en esta escaramuza Pizarro sufrió una herida, y también otros insurgentes, ello no fue obstáculo para que el M-19 prosiguiera con el diálogo y la negociación. Este hecho, inamistoso y hostil dejaba en claro una cosa: anunciaba lo que harían los enemigos del proceso de paz para abortar el desarrollo del mismo.
A pesar de estos avatares las partes acuerdan, entre otros, los siguientes puntos: un cese bilateral del fuego, no retener personas, cesar actividades contra miembros del M-19- EPL y sus estructuras, promover investigaciones judiciales sobre la desaparición forzada que ya mostraba cifras preocupantes, y por supuesto actuar contra los nacientes y extendidos grupos paramilitares; además de facilitar las condiciones para el Diálogo Nacional, la apertura política y el Impulso de la Asamblea [1]Nacional Constituyente, que fue una exigencia específica del PCC M-L (EPL) y en particular de Óscar William Calvo Ocampo. Al respecto, este último define la naturaleza de lo acordado del siguiente modo:
El acuerdo político … implicaba en primer lugar una cesación de hostilidades, de enfrentamientos militares, de acciones ofensivas, por parte de las fuerzas guerrilleras firmantes, como por las fuerzas civiles y militares bajo el mando del Presidente de la República (….) esta parte del acuerdo está [definido] como una tregua militar, evidentemente es una tregua armada, por cuanto no presupone la disolución de la guerrilla ni entrega de las armas. (….) [Sin embargo] el acuerdo no puede entenderse simplemente como un tratado militar (…) [sino] como un compromiso político del gobierno, principalmente y también de las organizaciones firmantes, para promover una participación ciudadana [e] incluso lograr (…) en la situación social y económica. (Alape, 1985: 530-531)
A esto hay que agregar que varios miembros de Movimiento Autodefensa Obrera (ADO), responsables del asesinato en septiembre de 1978 del exministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, y de quien dijeron que actuaban contra su integridad porque era el responsable de la represión contra el movimiento popular durante el Paro Cívico de septiembre de 1977, decidieron acogerse a la amnistía.
El optimismo creciente que se creó alrededor del proceso de paz con las insurgencias muy pronto dio paso al escepticismo y la frustración como quiera que irrumpía con toda dureza en el horizonte la violencia del narcotráfico de la mano del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar.
Así, mientras se firmaba el acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Betancur, un mes después sicarios de dicho cartel acababan con la vida del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla. El luctuoso hecho se produjo el 30 de abril de 1984 en la ciudad de Bogotá. Este asesinato llevaría al gobierno a reactivar el tratado de extradición con los EEUU, realidad que sentaría las bases para un largo y doloroso ciclo de violencia de origen mafioso y paramilitar con notorios nexos con sectores de la política, lo que poco tiempo después daría lugar al proceso 8000 y a la parapolítica.
A esto hay que sumarle el surgimiento del Movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), de estirpe antisubversivo y estimulado por el narcotráfico en colusión con sectores de las Fuerzas Militares.
El olivo de la paz se transforma en una llamarada
En este escenario de violencias cruzadas, profunda crisis económica y social, recelo de las fuerzas militares y de sectores de los partidos políticos tradicionales al proceso de paz, es donde se desarrolló el diálogo y la negociación con las FARC, el M-19 y el EPL. El agrietamiento del proceso de paz se fue generalizando, pero se hizo más acusado con el M-19 y el EPL.
Muy pronto el ejército empezó a hostigar y a quebrantar lo acordado, de ahí que las insurgencias actuarían en respuesta a la agresión oficial. A raíz de esto la Comisión de Verificación que había sido creada se fue volviendo poco funcional e intrascendente.
El clima de confrontación aumentaba. En ciudades como Medellín, Bogotá y Cali el ejército y el mismo gobierno impedían al M-19 realizar Los Campamentos de la Paz, mecanismo que fue el que esta organización escogió para promover el Diálogo Nacional con la sociedad civil.
En estas acciones el establecimiento veía proselitismo armado y así los desencuentros aumentaban con el transcurrir de los días. La tensión se hizo mayor entre finales de diciembre de 1984 y enero de 1985 cuando el ejército colombiano trató de impedir la realización del Campamento de La Libertad que había previsto realizar el M19 en la vereda Yarumales (Corinto).
En medio de esta atmósfera mercuriosa el ejército ultima a Iván Marino Ospina, uno de los principales dirigentes del M-19. El hecho se produjo el 28 de agosto de 1984 en el barrio Los Cristales de la ciudad de Cali. Tres días antes el presidente Betancur había hecho un llamado a la concordia porque era consciente de que los hechos de violencia eran superiores a los gestos de paz.
Ya antes y en los días previos a la firma de la tregua con el M-19, había sido asesinado en Bucaramanga el comandante Carlos Toledo Plata, quien se acogió a la amnistía. En esta seguidilla de orgía y sangre, miembros del ejército nacional que se trasladaban en un bus resultan emboscados por desconocidos en Cali el 23 de junio de 1985. Pocas horas después en una cafetería de esta misma ciudad miembros del ejército arrojan una granada contra varios miembros del M-19. El resultado: Antonio Navarro Wolf pierde su pierna izquierda y resultan heridos Carlos Alonso Lucio y Eduardo Chávez entre otros.
Mientras estos hechos se iban produciendo, en el marco de la Apertura Democrática y el Diálogo Nacional, las FARC y el Partido Comunista Colombiano (PCC) daban origen a la Unión Patriótica. Desde sus orígenes dicha organización conoció el accionar del Estado y de los paramilitares en su contra, situación que arreció cuando participó en las elecciones de 1986 y obtuvo la siguiente representación: 350 concejales, 23 diputados, 9 Representantes a la Cámara y 6 senadores. Su presencia en el escenario político democrático significó una amenaza para las consolidadas estructuras políticas tradicionales, las cuales al sentirse amenazadas se valieron de las fuerzas militares y del paramilitarismo para promover el genocidio político de esta organización. Se calcula que al menos 3000 de sus integrantes fueron asesinados.
La Toma y contra-toma del Palacio de Justicia: la degradación política y militar del conflicto
Todos estos hechos que pusieron en entredicho el proceso de negociación y el diálogo, fueron agenciados por los enemigos agazapados de la paz como lo señaló Otro Morales Benítez. Así, tanto la Comisión de Paz, como la de Negociación y Diálogo y la de Verificación terminaron por ser meros enunciados con poca capacidad política para actuar.
Los actos de violencia contra el M19 y el EPL derivarían en que el M-19 asume la decisión de realizar la Toma del Palacio de Justicia el día 5 y 6 de noviembre de 1985 y lo hace bajo el argumento de presentar una demanda armada contra el presidente Belisario Betancur por incumplir el proceso de paz.
La respuesta del ejército y la policía no se hizo esperar y el desenlace fue el horror y la muerte a gran escala. La violencia del M-19 fue respondida con desmedida violencia oficial, lo cual refundó en crímenes de lesa humanidad y de guerra a manos del Estado. El presidente Betancur contempló aquella barbarie creyendo que había que defender la institución y no a las personas que estaban dentro de la misma.
De este modo, más de 100 personas fueron las víctimas de aquella brutal toma y contra-toma. Magistrados, militares, policías, insurgentes y civiles se les eliminó del reino de la vida para mayor gloria del imperio de la muerte. En el fondo los/as enemigos/as agazapados/as y abiertos de la paz propiciaron ese parque temático del horror que transcurrido 38 años enluta de manera trágica la historia nacional.
Dicho en otros términos, la toma y contra-toma del Palacio de Justicia es una de las muestras más evidentes y determinantes del nivel de degradación ética, moral y política que ha registrado nuestro corrosivo drama de matarnos unos a otros sin expresar la más mínima y generosa compasión por quien hace de víctima. Y junto a este inmoral y cruel acto: Bojayá, Machuca, Mapiripan, El Salado y un largo serial de crímenes que ligan de modo abominable ceniza y muerte.
Después de esta barbarie patentada, el 20 de noviembre de 1985 se produce el asesinato de Óscar William Calvo Ocampo, hecho que se produjo en la calle 42 con carrera 13 de la ciudad de Bogotá. Calvo Ocampo había anunciado ese día que fuerzas conjuntas del M-19 y el EPL habían respondido el 18 en el municipio de Urrao, Antioquia, a una nueva provocación del ejército.
Junto a él serían asesinados Alejandro Arcilla y Ángela Trujillo, integrantes de la Juventud Revolucionaria de Colombia (J.R.C), organización juvenil del PCC M-L. Con los combates de Urrao se pone fin de modo oficial al proceso de paz entre el gobierno nacional y el EPL- M-19. Esto realmente era una especie de sádica mofa porque después de los sucesos del Palacio de Justicia el proceso de paz quedó irremediablemente muerto y en consecuencia lo que vendría sería la rutinización del drama y la tragedia.
La paz como táctica y la guerra como estrategia.
El llamado de paz del gobierno nacional no fue respondido de la misma manera por parte de las organizaciones del campo revolucionario que venían desde 1984 creando espacios de encuentro y unidad de acción. Esta línea de actuación posibilitó crear la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), organización que contó con el concurso del M-19, EPL, Movimiento Armado Manuel Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (P. R.T), el Movimiento Ricardo Franco ( MRF), una escisión de las FARC, Movimiento de Integración Revolucionaria (MIR-Patria Libre) y el Ejército de Liberación Nacional. Las FARC se mantuvieron al margen de este proceso tanto por sus objetivos tácticos como estratégicos, pero también por el acogimiento del MRF en el seno de la CNG.
Lo llamativo de esto era que mientras el gobierno nacional hablaba de paz, nuevos sectores insurgentes surgían en el país. Este es el caso del Quintín Lame, el MRF, el PRT y el MIR-PL.
Estas cuatro organizaciones armadas decidieron no acogerse al proceso, cosa igual hizo el ELN, quien se opuso no solo porque desconfiaba de la paz que ofrecía el régimen sino porque venía en un proceso de reagrupamiento y de consolidación después de verse casi exterminada por la Operación Anorí en 1973.
En virtud de lo antes expuesto, el ELN, el MIR-PL y el PRT optaron por un diálogo con la sociedad colombiana y en consecuencia definieron un proceso de confluencia a través de lo que llamaron la trilateral, que tuvo su eje de operatividad principalmente en el caribe. La Trilateral daría paso en el primer semestre de 1987 a la fusión entre el ELN y el MIR- PL, de cuya unión resultó la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional. (UC- ELN). Rota la negociación y el diálogo entre el gobierno y el EPL-M-19, se fortaleció la CNG sin que ello significara dejar de ser un pequeño gremio de organizaciones armadas sin un programa real, unitario y de acción compartida.
Ya exangüe el proceso de paz de Betancur, este logra una prórroga de los Acuerdos de la Uribe, hecho que se concreta el 2 de marzo de 1986.
Sin embargo, el asesinato contra miembros de la UP y los reiterados ataques del ejército a campamentos de las FARC, terminaron por enterrar dichos acuerdos. De esta manera, las FARC que se habían mantenido al margen de la CNG decide participar en la Primera Conferencia Bolivariana en donde nace oficialmente la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, hecho que se produce el 27 de septiembre de 1987.
El proceso de negociación y diálogo promovido por Betancur culminó con un dilatado balance en materia de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario. El objetivo de desarmar a las insurgencias no se logró, salvo al reducido ADO. Lo que si se pudo constatar fue el crecimiento exponencial del movimiento guerrillero y su nivel de operatividad.
También es certificable que por primera vez a la guerrilla se le otorgó un reconocimiento de actor político y se reconoció que Colombia era un país que requería grandes reformas sociales, económicas y políticas para lograr la paz.
Asimismo, el proceso de paz en mención puso al descubierto la tupida red de enemigos agazapados que tiene el propósito de superar la violencia política y constituir una verdadera sociedad democrática, justa, equitativa, pluralista y diversa en distintos niveles y escenarios. Betancur decreta la muerte de su Comisión de Paz pocos días antes de cumplir su periodo de gobierno.
Permanencia y cambio.
Si en el gobierno de Betancur proliferaron los enemigos de la paz, en el de Virgilio Barco (1986-1990) ellos no fueron la excepción. Es durante su mandato que el M-19 convierte su derrota militar en una gran victoria política al proponerle al Estado una negociación con reglas claras que posibilitara su desmovilización como estructura armada. Entre tanto, su gestión tuvo que enfrentar la desafiante y generalizada violencia del narcotráfico impulsada por Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, además de ver cómo se expandía el fenómeno del paramilitarismo por gran parte de la geografía nacional.
Bajo su gestión fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, quien se perfilaba como posible presidente por el Partido Liberal para el periodo 1990-1994.
Los enemigos de la paz estaban en las entrañas del Estado -- la Policía, el Ejército, los partidos políticos-- y eran los que contribuían a fomentar el sentido de anomia que se vivía en el país. El magnicidio de Galán Sarmiento produjo una ola de indignación que condujo a que millones de jóvenes propusieran el mecanismo de la Séptima Papeleta en las elecciones en cierne planteando si se estaba o no de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente que le devolviera al constituyente primario la facultad de poder cambiar de modo soberano la Constitución que regía a Colombia desde 1886.
El 9 de marzo de 1990, quien pudiera creerlo, el M-19 firma el acuerdo de Paz. Un día antes esta agrupación había hecho dejación de armas en Corinto (Cauca). El acuerdo contemplaba que el gobierno nacional convocará una Asamblea Nacional Constituyente, una reiteración de lo concebido en los acuerdos de Corinto, El Hobo y Medellín en agosto de 1984.
Sin duda, el asesinato de Galán Sarmiento sirvió de catalizador para el logro de este propósito. Ya desmovilizado y amnistiado, Carlos Pizarro Leongómez resulta como aspirante a la presidencia por la Alianza Democrática M-19, el partido político en que se había convertido la insurgencia del M-19. Mientras adelanta la campaña, resulta asesinado -- 26 de abril de 1990-- al interior de un avión que cubría el itinerario Bogotá- Barranquilla. Su magnicidio era otra acción de los enemigos agazapados de la paz que se oponían y oponen a que haya salidas democráticas a la resolución del conflicto armado que existe en el país.
El asesinato de Pizarro Leongómez se produjo un mes después del magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa -- 22 de marzo--, también candidato a la presidencia por parte del Partido de la Unión Patriótica.
Ya antes esta misma sensibilidad política vio asesinar en 1986 a Jaime Pardo Leal, aspirante a la presidencia en ese año. En estos dos casos también se hacen presente los enemigos agazapados de la paz, lo que nos dice que hay un patrón de aniquilamiento de todos aquellos movimientos orientados a impulsar una paz integral, estable y duradera en nuestro país.
Insistir en la paz a pesar de los viejos y nuevos enemigos agazapados
Enemigos agazapados de la paz fueron también los que propiciaron el genocidio del Frente Popular y de Aluchar, y después de la Corriente de Renovación Socialistas, disidencia del ELN que se desmovilizó el 9 de abril de 1990.
También son enemigos agazapados y públicos de la Paz quienes promovieron el No en el plebiscito que en el 2016 buscaba construir una mayoría social y política alrededor de superar la violencia como fundadora del orden político. De igual modo, son enemigos declarados de una paz estable y duradera quienes prometieron en campaña en 2018 volver trizas el proceso de paz que salió de la Habana y se modificó en Bogotá.
Debemos declarar enemigos de la paz, de igual manera, a quienes estimulan y justifican el asesinato de firmantes del proceso de paz en nombre de las FARC o a quienes claman el deterioro del orden público para justificar su inveterada tesis del mantenimiento de la guerra porque en ese escenario ellos y ellas pueden mantener su régimen de privilegios. Enemigos de la paz son todos aquellos que han asesinado sin el menor atisbo de remordimiento a 6402 jóvenes a través de los falsos positivos.
A manera de conclusión, el gobierno de Gustavo Petro hoy ha definido una ruta de diálogo y negociación con el ELN. Este proceso que se enmarca en la propuesta de Paz Total no está ni estará exento de los consabidos enemigos agazapados y públicos que tiene la búsqueda y concreción de un propósito tan noble como este.
Ayer como hoy no falta el gremio económico, miembros de las fuerzas militares, industriales y medios que magnifiquen los yerros del proceso y minimicen sus avances para hacer que este altere sus loables fines. Dicho esto, hay una suprema tarea que afrontar: identificarlos y desde la ética de la vida y la convivencia denunciar el orden de muerte que quieren seguirle imponiendo a las mayorías de este país.
Lograr una paz incluyente supone superar con realismo, optimismo y esperanza vital todos los inconvenientes que una empresa de esta naturaleza supone.
La mesa que ahora acoge a los miembros del Estado y de la insurgencia del ELN es de una singular trascendencia porque implica un reconocimiento mutuo como actores en conflicto, pero sobre todo como agentes responsables de contribuir a hacer tránsito de la barbarie a la civilización. En términos prácticos hay una hoja de ruta definida y consensuada y deben remitirse las partes a ella para darle obligado cumplimiento sin ventajas ni engaños mutuos
Tenemos consciencia de la existencia de viejos y nuevos enemigos de la paz. Con ellos y ellas hay que contar, pero mucho más con una amplia mayoría que reclama que reine por fin la vida en una tierra lastrada por el sufrimiento, el dolor y la desesperanza aprendida.
En fin, que los enemigos agazapados/as o públicos de la paz sean cada vez menos frente al grito vibrante de los muchos/as que veneran y sacralizan la vida y la palabra por encima de la violencia y el terror.
[1] Alape Arturo (1985) La Paz, la Violencia : Testigos de Excepción. Entrevista a Oscar William Calvo Ocampo. Santa fe De Bogotá, Editorial Planeta.
