Por estos días, uno de los más complicados en cuanto temas sanitarios, los enemigos políticos (y no políticos) de Álvaro Uribe Vélez solamente desean verlo en un juicio. Sin embargo, para que esto suceda, teniendo en cuenta todo lo que se está viendo, se necesita que la justicia colombiana tome en serio el testimonio del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve. Por eso su abogado, el doctor Jaime Granados, acudiendo a todas las herramientas jurídicas posibles –que, dicho sea de paso, también ha contado con el apoyo de una revista amarillista como la nueva Semana: la de los Gilinsky y Vicky Dávila–, desestima el valor de las acusaciones del testigo estrella, esforzándose por demostrar que todo se trata de un plan macabro para dañar el buen nombre de su cliente. El tiempo se acorta, y realmente nadie sabe lo que pueda pasar. Bueno, la fiscalía está pidiendo la preclusión del caso.
Por todo esto, la cosa está como para alquilar balcón, porque no todos los días se escucha que se quiere llevar a juicio a un expresidente, siendo este país uno de los que más protege a su clase dirigente. También porque no es un caso fácil de dilucidar, no solamente por lo que se menciona del acusado, sino por lo que se dice del testigo y la gente que lo acompaña en su esmerado litigio. De Uribe Vélez, según el imaginario colectivo, se dice que fue uno de los fundadores del paramilitarismo; que bajo su gobierno, el más que duro enfrentó a la subversión, 6.402 personas perdieron la vida inocentemente; que autoriza coimas –muchas de ellas ejecutadas por abogados de dudosa reputación– para encochinar a la gente que lo quiere ver tras las rejas; y que se aprovecha de empleados judiciales, como el fiscal General de la Nación, para salir airoso de un round que lo tiene bajo las cuerdas. Hasta el momento nada se ha comprobado legalmente: todo hace parte de un rumor que tiene sueños de verdad.
Pero de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que está pagando una condena de 40 años, sí se infiere, aunque algunos digan lo contrario, que en algún momento quiso declarar –o retirar su acusación–, más por su deseo de libertad, en favor de Uribe Vélez; o al menos se deduce que al ver frustradas todas sus aspiraciones, decidió mantenerse firme en su acusación diciendo que en la hacienda Guacharacas se originó el paramilitarismo. Igualmente, se sabe que su expareja, Deyanira Gómez, estuvo relacionada amorosamente con un guerrillero, y que es cercana a un militar que fue retirado por sospechas de subversión. No es que su testimonio no deba tomarse en serio, simplemente que algunas cosas merecen su aclaración: exigen que se las analice con tal de no ver en ellas un simple plan que alguien está tratando de montar. Tampoco se está diciendo que Uribe no puede ser acusado, pero en el marco del derecho él tiene la obligación moral de revertir lo que desde hace varios años se dice de él.
Cesare Beccaria, el gran jurista italiano que inspiró el derecho penal moderno, llegó a decir que “cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho”. Tiene toda la razón: si una acusación tiene la fuerza de iniciar un juicio, pues no se la debe desestimar y simplemente se debe llegar a la verdad. El problema está cuando hay muchas preguntas de lado y lado que se deben contestar antes de llegar a la instancia penal. Por eso digo que es un caso complicado, cuando se sabe que del acusado mucho se ha hablado, saliendo airoso casi siempre, pero dejando ciertas dudas. En cambio, al testigo solamente ahora lo conocemos, sin que se pueda decir o negar que realmente está diciendo la verdad. Si las pruebas hablan por sí solas, según el análisis que haga un juez probo, pues que Uribe defienda su honra en el estrado judicial: tiempo y dinero le sobran al exmandatario.
