Hace diez años Óscar Iván Zuluaga, uno de los hijos más ilustres de la población caldense de Manzanares, ocupaba la primera línea en el partidor de la carrera por la presidencia de la República. En la primera vuelta derrotó a su principal adversario, Juan Manuel Santos, pero para la segunda oyó un consejo que resultaría infortunado para él. Sus asesores le dijeron que era necesario fortalecer su estrategia publicitaria para acercarse más a la amplia franja de indecisos que sería determinante en la votación final. Las encuestas mostraban un inquietante empate técnico para la fase decisiva de la elección.
Como suele ocurrir en la recta final de las gestas proselitistas, los recursos escaseaban. Entonces él y su hijo David, director financiero, tomaron una decisión osada. Aceptarían una ayuda en especie de la firma brasileña Odebrecht, que consistía en pagarles los servicios del publicista brasileño José ‘Duda’ Mendoça, cuya fama como estratega trascendía fronteras.
Uno de los primeros puentes para concretar la ayuda los tendió el exdirector de Invias y entonces aspirante al Congreso Daniel García Arizabaleta. García recogió al menos en tres oportunidades en su carro al entonces director de la Constructora Norberto Odebrecht para Colombia, Eleuberto Martorelli, y lo llevó al apartamento del candidato para definir las condiciones del aporte.
Lo que nadie en la campaña sabía en que García Arizabaleta había decidido comprar por anticipado una suerte de “seguro de vida”, que consistió en grabar sus conversaciones con el candidato para utilizarlas en futuro si las autoridades judiciales llegaran a enterarse de lo sucedido. Sabía bien que en ese caso la cuerda podría reventarse por el lado más delegado, el suyo.
Por eso en la antesala de uno de esos encuentros le preguntó deliberadamente a Zuluaga si le preocupaba que las visitas de Martorelli quedaran registradas en las cámaras de seguridad del sector de su residencia. La respuesta le sugirió que ese riesgo ya estaba previsto.
García Arizabaleta, cuya credibilidad estaba en duda por sus antecedentes, que incluían haber manipulado documentos para posesionarse en cargos públicos, no se equivocaba. Las grabaciones serían su sustento en caso de problemas judiciales. Por eso, tiempo después, cuando el escándalo de Odebrecht explotó y él resultó implicado decidió usar el as que tenía bajo la manga. Como las responsabilidades parecían llegar hasta él, decidió -ya detenido- ofrecerle una negociación a la Fiscalía y acogerse a una figura que se llama principio de oportunidad. Entregaría las grabaciones a cambio de inmunidad.
Un juez de control de garantías validó la legalidad del acuerdo al que llegó con la Fiscalía y aceptó las grabaciones como pruebas. Al hacerlo, abrió las compuertas para que el exministro y excandidato sea llamado a imputación de cargos por delitos que se desprenden de su decisión de reportar la ayuda, con lo cual habría ocurrido en una falsedad. También podría hacer un enriquecimiento sin causa porque el monto de la ayuda de la multinacional brasileña está cifrado en 1’610.000 dólares.
A su lado, según un comunicado oficial de la Fiscalía estará, también como imputado, su hijo David.
Aunque se trata de casos distintos, aunque conectados por la cuerda común de Odebrecht, la Fiscalía llamará también a audiencias de imputación de cargos a la también exministra Cecilia Álvarez Correa Glen. Según el ente acusador, cuando estuvo al frente de la cartera de Transporte, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ella autorizó la firma de dos otrosíes al contrato Ruta del Sol, segundo sector. A través de ellos se adicionó el tramo que conecta a Ocaña, Norte de Santander, con Gamarra, en Cesar. La adición, según las normas vigentes, requerirían un proceso de contratación independiente.
“Para cumplir varias clausulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento”, explica el comunicado de la Fiscalía. La también exministra Gina Paradody, su compañera sentimental, fue exonerada de cargos.
La situación se ha prestado para confusiones porque en diciembre del año pasado la Procuraduría dejó en firme una absolución disciplinaria a favor de ambas. Lo que ocurre es que se trata, no solo de dos jurisdicciones distintas, sino también de dos casos distintos, aunque también ligados al entramado de Odebrecht.
Lo que la Procuraduría determinó es que no hubo conflicto de intereses relacionados con la firma de los Conpes 3817 de 2014, sobre “importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol”; y 3758 de 2013 sobre el Plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena. El presunto conflicto consistía es que la obra habría incidido en valorización de bienes de su familia ubicados sobre el trazado.
También le puede interesar: Óscar Iván Zuluaga regresa al banquillo por la decisión de Daniel García de colaborar con la justicia
