La democracia en Colombia se presta para muchas cosas, una de ellas es, quizá, atentar contra sí misma. Ocurrió cuando se legisló para quitarle recursos a la educación que a la postre ha significado un verdadero atraso en la implementación de modelos pedagógicos fundamentados en la tecnología y la virtualidad atándonos a un pasado científico e industrial. Ocurrió cuando nuestros legisladores apoyaron una Ley 100 que hizo de la salud el mejor de los negocios y la peor de las posibilidades para los colombianos. Igualmente sucedió en el momento de sancionar a corruptos y terminar de una vez por todas con congresistas vitalicios y dueños de su propia curul.
Pero lo acontecido en los últimos días raya con la ridiculez. Un grupo de congresistas presentan un proyecto de ley que pretendió “prolongar el periodo de gobierno de mandatarios locales, regionales y nacionales con el fin de empatar los comicios electorales en el año 2024”, generando resistencias por parte de muchos representantes de todos los partidos políticos y de figuras políticas ampliamente conocidas en el país.
Cuatro congresistas de Nariño firmaron tal esperpento legislativo, al extremo de hacer expresar al senador Eduardo Enríquez Maya, que en sus 26 años de trayectoria legislativa: “Jamás escuché una propuesta tan absurda, inoportuna y grosera”. Bien sabemos que el senador Maya es un amplio conocedor de nuestra constitución y de sus principios. Compartimos tal criterio y, de nuestra cosecha, diríamos tan ruin, soez y oportunista. Para varios expertos que analizaron este hecho desafortunado esto es consecuencia de unos congresistas ignorantes, poco estudiosos de nuestra constitución y de ser simplemente unas figuras que no se preparan adecuadamente al momento de asumir sus funciones, como quien dice se rajaron en materia constitucional y legislativa y en consecuencia no merecen estar ocupando tal honrosa distinción.
No contentos con lo actuado, posteriormente estos congresistas nariñenses se retractan de lo firmado y expresan que “retiran su firma del proyecto”. Para el senador Guillermo García Realpe: “El proyecto radicado para el alargue del periodo del presidente y de los congresistas es una iniciativa inconstitucional, absolutamente ilegítima e inconveniente. Se convierte en un claro abuso de poder de quienes lo firman porque están legislando en causa propia e interés personal, que puede causar demanda de pérdida de investidura”. Completamente de acuerdo con su posición y desde estas páginas exigimos la apertura de una investigación que nos permita a los colombianos conocer la gravedad de lo actuado. Los congresistas Teresa Enríquez, Felipe Muñoz, Liliana Benavidez y Hernán Estupiñan deben explicarle a la opinión pública de Nariño su incorrecto proceder y su desconocimiento de los principios rectores de nuestra constitución. Su pretensión no fue otra cosa que asaltar la democracia colombiana para beneficiarse personalmente y alargar el periodo para el cual fueron elegidos. Un verdadero golpe de Estado que se evitó gracias a los medios de comunicación y la participación de una opinión pública que parece despertar de su letargo.
Excelente y destacado el papel de los medios de comunicación y de periodistas que denunciaron este exabrupto jurídico y legislativo. Señores congresistas, a leer y estudiar. Lo firmado, firmado está. Su retractación no es otra cosa que la aceptación de su desafuero en materia constitucional.
