No sé si lo han notado, pero los trabajadores hemos cumplido un año sin ministra de Trabajo. En un año, el ministerio que debe estar al servicio de los trabajadores en el país, ha brillado por su ausencia. Al contrario, los empresarios ministra si han tenido y mucho, hace años no era tan desequilibrado el tratamiento del Estado a los actores de las relaciones laborales.
Primero, no ha dicho, ni ha hecho nada para implementar la agenda laboral y sindical para la paz. Los proyectos que en materia sindical favorecían a las organizaciones de trabajadores y hubieren permitido el ejercicio real de la democracia en el trabajo, fueron fácilmente engavetados.
Particularmente grave es que el proyecto de ley estatutaria de garantías para las organizaciones sociales, producto del Acuerdo de La Habana, ni se ha concertado, ni presentado al Congreso, no hay para los sindicatos facilidades de acceso a los medios de comunicación, o políticas públicas para la promoción del derecho de asociación, ni respeto por la movilización, la protesta, ni mucho menos derecho a la huelga.
La ministra ha sido agente de los empresarios. Este año han dejado de emitirse sanciones contra empresas por tercerización laboral, pactos colectivos o prácticas antisindicales. Por el contrario, hemos empezado a ver como se revocan decisiones que se emitieron en la administración de Clara López Obregón y empieza a decretarse la caducidad de las investigaciones en detrimento de las organizaciones sindicales y los trabajadores.
La ministra Griselda en el conflicto de Avianca demostró con quién estaba y para quién trabaja. En las negociaciones no apareció. En el conflicto se apresuró a convocar un tribunal de arbitramento espurio y rápidamente se puso al servicio de la empresa. Cuando llegó la huelga intervino en ella en contra de lo extensamente expresado por la jurisprudencia constitucional. Y ahora que Avianca despide cientos de pilotos ilegalmente, ella se hizo a un lado, aun cuando la ley le obligaba a intervenir. Eso lo acaba de reconocer un juez constitucional al ordenar el reintegro de uno de los pilotos despedidos.
La ministra prometió tener un espacio abierto para el diálogo de trabajadores y empresarios, lo cual no ha sido cierto. A los sindicatos se les han cerrado las puertas. Las investigaciones contra las empresas no marchan y hoy, cuando no deberían existir formas de flexibilización laboral ilegal, se multiplican.
El sector salud, paradójicamente el estatal, la tercerización masiva e ilegal sigue impune. Mintrabajo no ha hecho nada para intervenir los falsos sindicatos que tercerizan y precarizan las condiciones laborales de los profesionales de la salud en el país mediante los contratos sindicales. Es algo que todo el mundo sabe, pero la Mintrabajo ni se entera.
Aunque no se puede decir que es culpa de Griselda, recientemente el ministerio ha recibido dos golpes jurídicos de los que difícilmente podrá recuperarse. El Consejo de Estado dejó sin efecto el decreto 583 de 2016 que era odiado tanto por empresarios como por trabajadores y deja colgando de un hilo el decreto 2025 de 2011 con el cual se habría puesto freno a la creación desmesurada de cooperativas de trabajo asociado en el país.
Hoy la tercerización cobra fuerza.
Hay brindis en Acoset (Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales)
y en general, en los empresarios
Hoy la tercerización cobra fuerza. Hay brindis en Acoset (Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales) y en general, en los empresarios. Las CTA (Cooperativas de Trabajo Asociado) cobran vida jurídica para prestar servicios y seguramente, al lado de los falsos contratos sindicales, seguirán precarizando la vida de millones de trabajadores.
Vamos a ver cómo le va a Colombia este año en OIT. Ojalá el movimiento sindical pudiera poner al gobierno contra las cuerdas en la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones donde hace algunos años Colombia no es caso a tratar. El ingreso de Colombia a la OCDE no debe ser razón para excluirla de la lista negra en el escrutinio internacional, pues muchos y reiterados son sus incumplimientos y no ha significado ninguna mejoría para los trabajadores y los sindicatos.
La ministra pierde el examen. Ha sido un año de ausencia. Triste final del gobierno Santos en el campo laboral. Después de ocho años de anuncios, Griselda cierra de la peor manera. Y además se gastan cientos de millones en publicidad de logros inexistentes.
Necesitamos un gobierno prolaboral, uno que sienta, crea y diga que el trabajo es el centro de la vida de 22 millones de ciudadanos y sus familias y que actúe en consecuencia.
