El pasado 14 de diciembre se dio a conocer la noticia de un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los voceros de las distintas plataformas estudiantiles y profesorales que se encontraban en negociación tras más de dos meses de paro universitario. Mientras los principales voceros estudiantiles hacen esfuerzos por presentar las "conquistas" alcanzadas con el acuerdo, gran parte de las bases estudiantiles quedaron confundidas tras la inesperada firma, que tuvo como antesala una fuerte jornada de represión por parte del Esmad que llevó a la pérdida de un ojo de Esteban Mosquera, estudiante de la Universidad del Cauca, que se suma a las decenas de heridos que han dejado los dos meses de protestas.
El acuerdo firmado, en sus líneas más gruesas, se puede resumir en la puesta en marcha de tres importantes reformas, que no estaban incluidas en las exigencias de los estudiantes, pero que sí corresponden a la agenda de implementación de la política pública de educación superior conocida como Acuerdo por lo Superior 2034, contempladas en buena medida al interior de las bases del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque. La reforma a las regalías, al Icetex, y a los artículos 86 y 87 de la ley 30, no hacían parte de las exigencias del movimiento estudiantil que buscaba por un lado la reliquidación y condonación de las deudas de los estudiantes con Icetex, aumentar la base presupuestal para las IES, y saldar la deuda histórica del Estado con las universidades públicas del país.
Contrario a las exigencias iniciales, los negociadores terminaron perplejos en un mar de discusiones técnicas que condujeron el debate entorno a las apuestas de política pública del Estado, hoy transformadas en un acuerdo que en buena medida resulta un salto al vacío para el movimiento universitario en la medida que abre la compuerta al fortalecimiento financiero del Icetex (mediante la reforma) y la profundización del modelo de financiación a la demanda, a la reforma de los artículos de la ley 30 que reglamentan el esquema de financiación de las IES públicas, permitiendo una formulación que descargue al gobierno de la responsabilidad frente a la financiación de las universidades, avanzando hacia un sistema “autosostenible” en los términos contemplados por el Acuerdo 2034, y finalmente, se abre la reestructuración del Sistema General de Regalías, sin mayores compromisos sobre los objetivos de la reforma que la posibilidad de priorizar recursos para la educación superior pública.
Más allá de la caja de pandora que representa el acuerdo, las exigencias centrales del movimiento terminaron relegadas a un segundo plano, los recursos a la base presupuestal que se destinarían durante todo el gobierno de Duque tan solo son de 1.3 billones de pesos, que representa un aumento de 0.1 billones más que lo contemplado en el acuerdo del gobierno con los rectores, tan criticado por los voceros estudiantiles en su momento, y que se aleja de la cifra contemplada en el pliego estudiantil de 4.5 billones de pesos. De lo anterior, es preciso mencionar que 500 mil millones de estos recursos quedan atados únicamente para el saneamiento de pasivos de las universidades.
Finalmente, aspectos cruciales de las exigencias terminaron en el baúl de los recuerdos, como la derogación de la ley de financiación contingente al ingreso, el congelamiento de matrículas de las universidades privadas, y principalmente, las garantías para la movilización sin represalias, que no son mencionadas en ninguna parte del acuerdo firmado, teniendo en cuenta la tradición de judicialización a los líderes de las protestas que tiene el Estado colombiano y que ha dejado estelas de procesos judiciales y presos políticos con el pasar de cada paro.
La habilidad del gobierno en la negociación fue conseguir que los estudiantes comprendieran su agenda de política educativa como ganancias conquistadas en las calles, mientras que los voceros terminaron fuera del libreto contemplado en los puntos de exigencias construidos colectivamente por todos los estudiantes del país, el resultado final es un acuerdo que abre la posibilidad de profundizar el modelo de financiación que tiene asfixiada la universidad pública colombiana.
