Después de casi cuatro años de negociación entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo – FARC EP, marcada por mensajes encriptados, opositores férreos, un equipo negociador decidido y una dosis muy significativa de expectativas y dudas por parte de sociedad en general, los colombianos recibimos el esperado anuncio de la Mesa de Negociación de la Habana sobre el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas por parte de las FARC.
Mediante el comunicado conjunto #76, se protocolizó el acuerdo sobre este punto, en el cual las partes manifiestan el compromiso de “contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado”. Con estas palabras, el 23 de junio de 2016 pasará a la historia como el día en el cual el consenso entre partes en disputa venció la idea del conflicto violento como mecanismo de resolución de diferencias estructurales sobre lo económico, político y social en general.
Sin embargo, este anuncio tan esperanzador para los cientos de miles de colombianos que han sufrido los embates de la guerra, abre un sin fin de dudas sobre el país del postacuerdo; cómo se construirá la paz parece ser la pregunta inmediata, cuáles serán los mecanismos para superar los factores desencadenantes del conflicto, donde la superación de la inequidad en las relaciones del mundo rural y la garantía de derechos para el campesinado juegan un papel central del acuerdo, a la vez que denotan un fenómeno que llama poderosamente la atención, ¿Qué papel juegan las ciudades en el postacuerdo?
Evidentemente el actual proceso de negociación del conflicto armado, a punto de concluir, y el subsiguiente proceso de paz que se construirá en los próximos años de la mano de los colombianos, requiere de una mirada sobre las ciudades que hoy constituyen el escenario de violencia más complejo del país. El anuncio del cese al fuego y de hostilidades entre actores armados abre un camino para la vida, no obstante, esta reconstrucción de las relaciones sociales debe tener eco en las calles de las urbes que hoy concentran más de tres cuartas partes de la población nacional, de acuerdo a información del DANE tan sólo en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, habitan más de 14 millones de personas.
Consecuente con la tendencia global, Colombia se ha convertido en una sociedad predominantemente urbana, este fenómeno de concentración demográfica en las ciudades se presenta con mayor velocidad durante la segunda mitad del siglo XX producto de múltiples formas de desplazamiento “El éxodo de millones de mujeres, hombres, niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, indígenas, negros, palenqueros, raizales y gitanos, predominantemente de origen campesino y rural, no puede explicarse exclusivamente como consecuencia de la guerra y las lógicas de confrontación entre diferentes actores armados”.
Esta situación ha conllevado a su vez al surgimiento de nuevos y diversos conflictos en las ciudades que han desbordan la noción del conflicto armado.
Hoy la mayor parte de la violencia se presenta en las ciudades, basta con ojear algún periódico local de Bogotá, Cali o Medellín para encontrarse de frente con la crueldad urbana: asesinatos, abusos sexuales, venta y consumo de drogas, maltrato y exclusión son pan de cada día; la marginalidad concentrada en las selvas de concreto que aportan enormes indicadores de violencias en el país tienen su lugar a la vuelta de cada esquina, en los barrios, las comunas, las periferias y los centros, tan sólo entre los años de 1980 y 2010 en Colombia se cometieron 652.356 homicidios, de ellos 364.716 -es decir el 56%-, tuvieron lugar en las ciudades.
Asimismo la construcción de paz debe reflexionar sobre expresiones aberrantes de conflicto y violencia como el exterminio social, una práctica que ha lesionado profundamente los tejidos sociales del país y que tiene su principal asidero en las ciudades, como lo ha señalado el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Limpieza social. Una violencia mal nombrada”. Esta violencia silenciosa (no tipificada como crimen por la ley nacional) es muestra clara de los retos de paz no incluidos en los acuerdos, pero no es el único, junto al exterminio se encumbran incontables formas de violencias contra la sociedad que deberán ser tratadas con especial atención en el marco del tan anhelado escenario del postacuerdo.
Así pues, la presente reflexión, más que una denuncia pesimista sobre los vacíos del proceso de negociación, es una invitación alimentada por la esperanza de la paz; un llamado a los actores del actual proceso de paz, los gobiernos locales, la academia, los medios de comunicación y en general la sociedad a pensar el futuro de nuestras ciudades y sus poblaciones; un llamado a construir un acuerdo de paz para la ciudad en el cual se contemplen en su dimensión los extensos problemas de las urbes, pero también a identificar sus posibilidades en medio de una oportunidad de transformación social sin precedentes, como señala un aparte del comunicado de la Red Iberoamericana de Estudios Sociales – RIES a propósito del anuncio del cese bilateral de hostilidades: “viene el tiempo de la paz ciudadana, la ocasión para desplegar, sin la presión de los violentos, los proyectos de afirmación de la vida”.
