En junio de 2019, el magistrado Roberto Augusto Serrato del Consejo de Estado recibió una demanda que buscaba dejar sin efecto el decreto 1500 de 2018, que protege los 348 espacios sagrados para los indígenas kogui, arhuacos, kankuamos y wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ocho meses pasaron desde ese día cuando los kogui se estrellaron de frente con una enorme retroexcavadora rasgando las aguas de la laguna Java Alduweiuman, considerada por ellos la madre del conocimiento y la naturaleza. Entendieron como inminente tener que acudir a la justicia convencional para defender su territorio ancestral.
El abogado Yefferson Mauricio Dueñas, uno de los fundadores de la firma Dueñas Gómez Abogados, se encargó de preparar un documento de 104 páginas para convencer a los magistrados de fallar la nulidad del decreto que dejó firmado Juan Manuel Santos un día antes de despedirse de la Presidencia y que delimitaba la llamada Línea negra. Esta delimitación, crucial para los indígenas, había sido resultado de un proceso de cinco años en los que una comisión del Gobierno, a la cabeza de la entonces secretaria Jurídica del Palacio Cristina Pardo, y el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada (CTC) habían negociado y recorrido los picos nevados, las lagunas, los ríos y las veredas para redelimitar la “línea negra o Sei Shizha, que da cuenta de la conexión entre el territorio y lo espiritual.
A pesar de que los indígenas tienen protección especial como comunidades y el decreto 1500 está soportado con documentos desde 1973, Yefferson Mauricio Dueñas no titubeó para pedir la nulidad. Tiene más de 15 años de experiencia como abogado constitucionalista, que se ha forjado de la mano de Eduardo Montealegre, y sabía cómo encontrarle el quiebre. Desde que salió de la Universidad Nacional en 2000, trabajó como auxiliar y sustanciador del despacho de Montealegre y del magistrado Alejandro Martínez en la Corte Constitucional. En conjunto con el exfiscal escribieron el libro Constitución y Vivienda en 2006.
Yefferson Mauricio Dueñas se ha forjado de la mano del exfiscal Eduardo Montealegre.
Dos años después de la renuncia de Montealegre, Yefferson Mauricio Dueñas asumió como magistrado auxiliar hasta el 2016 cuando pasó a ser asesor jurídico de la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El regreso de Montealegre a Colombia en 2017, luego de un año de estadía en Alemania tras la muerte de su padre, coincidió con la escogencia de Dueñas para reforzar la comisión presidencial encargada de defender ante la Corte Constitucional las normas del acuerdo de paz. Dueñas terminó incluso apelando por su mentor para evitar que fuera retirado como docente de la Universidad Externado.
Los argumentos con los que el abogado constitucionalista – quien además tiene especialización en derecho administrativo y penal- pide la nulidad se basan en una posible falsa motivación pues, según la demanda, no existe un mapa que muestre la Línea negra y el “documento madre” con el que fue construida no existía al momento de la firma. Pero la defensa de los indígenas asegura que la cartografía era un resultado de la implementación el decreto 1500 y que sería realidad si se cumpliera la norma. El otro insumo se construyó en los recorridos de gobierno (indígena) a gobierno (Santos).que tiene como antecedente la resolución 002 de1973, que reconoció por primera vez la unión de sitios sagrados de la Sierra.
El principal argumento de Dueñas para intentar tumbar la Linea Negra es la falta de consulta previa por parte de gobierno Santos con el resto de pueblos étnicos distintos a los de la Sierra, porque según él abogado no se consideró la opinión de los wayuú e indígenas chimilá y de los tres consejos comunitarios de las comunidades negras, siendo estos también afectados por la delimitación. Sin embargo, los kogui, arhuacos, kankuamos y wiwas aseguran que en los recorridos por el territorio se realizó este diálogo. Incluso esperan demostrar que ha habido una ampliación progresiva de los espacios sagrados desde las resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1985, por lo que no fue arbitraria su definición.
El pasado 15 de julio, el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada le solicitó al Consejo de Estado tener en cuenta a los cuatro pueblos en el proceso contra el decreto 1500. Su petición fue apoyada por10 coadyudancias de organizaciones nacionales e internacionales – que presentaron un documento que demostraría la legalidad de la norma-, entre las que se encuentra: Aida, ABColombia, Cinep/PPP, Cnti, Ccajar, Dejusticia, Onic, Terrae, los grupos de las Universidades de Antioquia y del Rosario.
Una declaratoria de nulidad además de saltarse los derechos de los pueblos indígenas, pondría en riesgo los territorios sagrados de la Sierra Nevada que podrían terminar en manos de intereses económicos asociados a proyectos mineros, petroleros, turísticos y de vivienda, que en su momento se opusieron a la posición del expresidente Santos. Estos están en pausa pues con el decreto 1500 prima la protección cultural y de conservación ambiental. Argumentos que hacen parte también de la demanda presentada por Dueñas ante los magistrados.
Los arhuacos, wiwas, kankuamos y kogui esperan ser escuchados por los magistrados mientras se mantienen como guardianes del territorio físico y sagrado, que en los últimos años ha estado bajo amenaza de retroexcavadoras, fincas ganaderas de recreo y 241 solicitudes de títulos mineros. Han visto correr por las montañas de la Sierra Nevada la bonanza marimbera, la construcción de embalses, el boom de la coca y estallido de la violencia paramilitar, por lo que esperan que de lograr salir vencedores de este embate judicial del abogado Yefferson Dueñas conseguir una paz en su territorial ancestral al que están aferrados porque en éste está su verdadero anclaje cultural.
