El pasado 28 de marzo el ejército colombiano, junto con la Fuerza Aérea y la Marina, ejecutaron una terrible masacre contra indígenas y campesinos en la zona rural del Puerto Leguízamo, municipio del departamento del Putumayo. Allí fueron acribilladas 12 personas que participaban de un evento comunitario para recaudar recursos económicos que dieran soporte a obras viales para la comunidad.
Las valientes denuncias de la prensa, de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), de las organizaciones de derechos humanos y de abogados defensores de las comunidades han esclarecido las circunstancias y los hechos en que fríamente el ejército, valiéndose de fuerzas mercenarias especiales, acribilló a líderes comunales, a mujeres embarazadas y a menores de edad. A sangre fría y a mansalva, la tropa se lanzó sobre una indefensa comunidad para dar un “falso positivo”. La posterior propaganda del Ministro de la Defensa y de los generales no logró encubrir la cruel matanza que se ha convertido en la principal tecnología de dominación y sometimiento del pueblo colombiano.
Esta masacre implicó una colusión del ejército con las mafias del narcotráfico de la región que encabezan Gárgola, la Araña y el Alacrán, los dueños del negocio de la droga en la frontera, que sobornan oficiales y soldados profesionales para mantener el control de las rutas del narcotráfico hacia el norte de Brasil y conservar dicho negocio de millones de dólares. Esas mafias aportaron dineros para esta absurda operación contra la humilde población de Puerto Leguízamo.
La masacre ha sido el emblema central del régimen sangriento de Duque desde 2018. La masacre es un procedimiento permanente que involucra a los aparatos armados del gobierno, como la policía y el ejército, así como a las organizaciones de neoparamilitarismo en su práctica violenta para aplastar la resistencia social y la protesta que demanda derechos y libertades.
Tres agencias de prensa (El Espectador, revista Cambio y Vorágine) han dado a conocer los detalles del operativo y han desenmascarado las mentiras tanto del Ministro de Defensa como de la Fiscalía, mostrando que se trató de una demencial ejecución de la población civil del Putumayo.
La opinión pública esta consternada con este otro acto de sangre del gobierno del señor Duque.
Varios parlamentarios han convocado para la semana de pascua una moción de censura que permita la destitución del señor Diego Molano, el ministro de la Defensa, y de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, comprometida en este ejercicio de la violencia cuyo único objetivo es favorecer los intereses de la casta uribista que pretende perpetuarse en el poder con su candidato Federico Gutiérrez (Duque2).
El 28 de abril se cumple un año de la poderosa explosión popular de Colombia en 2021 contra el gobierno y su modelo neoliberal, que ha significado más hambre y miseria para millones de colombianos afectados por el coronavirus y la depresión económica.
Durante esta fecha debe ocurrir una gigantesca movilización popular en los principales escenarios de la explosión social de 2021, como las ciudades de Cali, Bogotá y Popayán, epicentros de la revuelta popular que permanece latente en el espíritu de las masas populares y la multitud.
Estas movilizaciones, incluida la del primero de mayo, reflejaran el auge de masas y la ofensiva popular que se manifestó de manera muy sólida en los resultados electorales del pasado 13 de marzo cuando el Pacto Histórico y su candidato presidencial, el senador Gustavo Petro, alcanzaron una contundente victoria con la constitución de una bancada parlamentaria (más de 60 senadores y representantes) que adquiere las dimensiones de una poderosa fuerza política al interior del poder legislativo, controlado históricamente por lo más podrido de la política colombiana.
Nunca, en los 200 años de existencia del Estado colombiano, una fuerza de izquierda y progresista logró acumular un patrimonio político de ese tamaño, la que muy seguramente va a modificar la correlación de fuerza en el plano de la institución legislativa, circunstancia que debe ser encauzada para tramitar una agenda legislativa con asuntos de gran interés como son la lucha contra el hambre, la implementación de los acuerdos de paz, la profundización de los derechos de la mujer, la lucha contra la corrupción, la democratización del orden territorial y la recuperación de la industria y la agricultura.
Obviamente, la tribuna parlamentaria será clave para denunciar con debate y audiencias de control político la naturaleza criminal del sistema de poder del uribismo y sus prácticas. Legisladores de izquierda con mayor visión deberán profundizar en una transición que implique desmontar todo el sistema violento de dominación del uribismo, anclado en las profundidades de un Estado oligárquico y proimperialista.
Los embera chamí en Bogotá
También el 28 de abril debe ser una fecha de solidaridad con la comunidad indígena embera chamí en una situación bastante precaria y difícil en el Parque Nacional de Bogota, donde ha sido víctima del atropello y la indolencia de la administración bogotana y de los cuerpos policiales, involucrados en torturas y vulneraciones de las mujeres indígenas y sus hijos.
Nota. El discurso de Duque ante la ONU sobre el proceso de paz (vuelto trizas por su gobierno) es un sartal de mentiras que oculta la destrucción del programa para superar la guerra y la corrupción con los dineros de la cooperación internacional y del presupuesto público, que debieron apalancar los proyectos de implementación de todos los acuerdos alcanzados con las Farc en la ciudad de La Habana en 2016, pero que terminaron en los bolsillos de los gamonales de la politiquería oficialista que hizo de tales recursos otro capítulo de los cupos indicativos con los que el gobierno montó su gobernabilidad de sobornos.
Lo cierto es que los 3 billones anuales (800 millones de dólares) de la cooperación internacional para la paz han servido solo para enriquecer las castas regionales cercanas a Emilio Archila, el gerente presidencial de la paz, quien también ha sacado mucho partido de esta importantes partidas financieras y presupuestales, mientras el campesinado se debate en la pobreza, la violencia y la exclusión social; igual que sucede con los ex ombatientes guerrilleros que actuaron de buena fe en los acuerdos de paz, hoy convertidos en un mero papel que es objeto de burlas desde la ultraderecha.
