La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Uber con $2.100 millones por la obstrucción de una visita administrativa que se adelantó el 13 de octubre de 2017.
En la resolución 34942 de 2019, también se anunció la sanción a tres personas naturales quienes colaboraron y ejecutaron la obstrucción de la mencionada visita administrativa y el incumplimiento de las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia.
Además, se encontró probado que esas personas presentaron declaraciones evasivas e incompletas respecto a sus cargos y funciones dentro de la compañía, así como sobre su conocimiento respecto a la estructura corporativa de Uber Colombia.
Los sancionados fueron Natalia Patricia Caroprese Castro por $14,9 millones (asesora legal de Uber Colombia), Felipe Alberto Sandoval por $24,8 millones (asesor legal de la compañía) y Andrés Felipe Bedoya por $4,9 millones (gerente de oficinas de Uber Colombia)
“Existe una política empresarial al interior de Uber Colombia, en la cual se instruye a sus funcionarios en la forma como deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. En virtud de lo anterior, existen instrucciones institucionales de no dar información respecto al negocio de la empresa ni otorgar acceso a los computadores y demás equipos de la compañía, la cual fue puesta en marcha en la visita adelantada por la autoridad”, dijo la Superindustria.
