Uber, la aplicación que presta servicio de transporte, entró a operar en Cartagena desde diciembre del 2015, tal como lo reseñan la Revista Semana y El Universal.
Este anuncio de Uber es un reto más a las autoridades colombianas y a nuestras leyes, autoridades que no han puesto en cintura a esta aplicación, cuyo propietario es el gigante de la banca, Goldman Sachs, entre otras instituciones poderosísimas.
Uber ha sido declarado ilegal en varios países del mundo y en algunos, como Francia, sus directivos han sido llevados a la cárcel. Dentro de las ilegalidades están actuar como empresa de transporte público, porque autoriza vehículos, contrata conductores y fija tarifas; usar una plataforma de comunicaciones en un negocio de taxis; imponer una competencia desleal; y, como señala el senador Jorge Enrique Robledo, los directivos de Uber, además, están incursos, en flagrancia, en el delito de usurpación de funciones públicas –Artículo 425 del Código Penal–.
Si bien es cierto que el servicio de taxis en el país debe mejorar en varios aspectos, eso no puede servir como excusa para imponer un servicio ilegal como Uber, el cual no paga los mismos impuestos y cuyas ganancias se transfieren inmediatamente al extranjero, golpeando a los conductores y propietarios de taxis.
Cartagena vive un caos de movilidad por las pésimas decisiones de las administraciones distritales. No hay patio portal, no se están chatarrizando los buses, no están terminadas las estaciones, no hay semáforos ni puentes peatonales, apenas hay cerca de diez buses en operación, etc.
Desde la década de los 50, en Cartagena no se han construido nuevas arterias viales, y carece de autopistas. Mientras tanto tiene aproximadamente 70 mil mototaxis y registrados 96.905 vehículos, que obviamente son muchos más, ya que no está incluidos el parque vial matriculado en otros municipios y ciudades. Debido a esto Cartagena registra una de las velocidades promedio más bajas del país: 15 Km/hora.
Hacemos un llamado a las autoridades para que cumplan su deber e impidan que esta ilegalidad anunciada tome forma, ya que atenta contra los transportadores que cumplen a cabalidad la legislación colombiana, profundizará el caos vehicular que sufre la ciudad, y premiará y acolitará las ilegalidades cometidas por las grandes multinacionales, en un acto más de sumisión.
