La transmisión de los Consejos de Ministros por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en la opinión pública y en las distintas esferas políticas del país. Mientras algunos sectores celebran la medida como un avance hacia la transparencia y el acceso ciudadano a conocer sobre las decisiones gubernamentales, otros la critican duramente, argumentando que se trata de un acto de populismo, o una estrategia para controlar el relato político.
Lo cierto es que esta iniciativa ha sacudido las estructuras tradicionales del poder en Colombia, incomodando a quienes estaban acostumbrados a manejar los asuntos de Estado bajo estricta reserva. La polémica está servida, y las reacciones a esta medida revelan mucho sobre el temor que algunos sectores sienten ante la posibilidad de una política más abierta y escrutada por la ciudadanía.
Es comprensible que los Consejos de Ministros transmitidos incomoden. El primero fue catalogado como un “circo”, y no escatimaron adjetivos para desacreditar un acontecimiento de transparencia inédita en este país de mafiosos, donde los asuntos públicos de envergadura se tramitan a puerta cerrada, como aquella reunión de contratistas y políticos que se llevó a cabo en una piscina para evitar que la vil y despreciable conversación de “cruces” y fechorías fuera grabada por un participante traidor que luego los extorsionara.
Los mismos que negociaron las vacunas contra el COVID con cláusulas de confidencialidad para que el pueblo no se enterara del precio, y se develará el “negociado”, son los mismos que hoy critican a Petro por querer presentar al país todas las triquiñuelas que han empleado para robarse los dineros públicos. Claro que tienen que sentirse incómodos, si durante 200 años se protegieron mutuamente en su entramado criminal, mientras nos distraían con una guerra que ellos mismos atizaban para atribuirle todos los males que hemos padecido.
Ese conflicto, cuidadosamente orquestado, no solo nos desangró, sino que también sirvió como una cortina de humo perfecta para ocultar los verdaderos males que hemos sufrido como Nación: el saqueo de los recursos, la manipulación de la población y el afán de mantener un sistema que solo beneficia a unos pocos, mientras condena a la mayoría a vivir en la miseria.
Quienes han defendido esos modos de operar durante años, hoy se rasgan las vestiduras ante una medida que, por primera vez, permite a la ciudadanía conocer de primera mano los debates y decisiones que afectan al país. La molestia es de esperarse: ese “circo” no deja dormir a la clase política tradicional colombiana; por eso, el diluvio de críticas y las acciones judiciales para censurarlo no se han hecho esperar. Han calificado al presidente de dictador, cuando son ellos quienes han intentado limitar, mediante el monopolio informativo que detentan, el pluralismo noticioso al que tenemos derecho constitucionalmente.
Las críticas y las acciones judiciales para intentar frenar estas transmisiones evidencian el temor que despierta la transparencia. Resulta revelador que, frente a esta situación, no exista una réplica al presidente, por lo que dice y denuncia en los Consejos de Ministros. La queja se centra en que la “transmisión atenta contra los canales privados”, y no en las graves revelaciones que se ventilan en ese espacio, las cuales comprometen a varios líderes políticos que hoy se oponen a las reformas presentadas por el gobierno, principalmente la de la salud.
Ha llegado el momento de transformar la forma en que se gobierna el país. Es imperativo que aquellos que se han lucrado con la falta de transparencia, cedan el control y prioricen el bienestar colectivo. Como mencionaba Álvaro Gómez Hurtado, es necesario un "pacto sobre lo fundamental" que permita construir un futuro donde todos los colombianos tengan cabida, dejando atrás los intereses mezquinos que han perpetuado la desigualdad y la injusticia. Para lograrlo, la sociedad civil debe respaldar estas medidas de transparencia y exigir que se mantengan como una política de Estado. Solo así podremos avanzar hacia una Colombia donde la corrupción no sea la norma, sino la excepción, y donde la democracia se fortalezca con la participación activa de su gente.
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