Una valla instalada en las afueras del destruido Palacio de Justicia de Tuluá, vandalizado y quemado el pasado 25 mayo en medio de los desórdenes del paro naciona, encendió las alarmas sobre los costos de la obra y quiénes deberán asumir la millonaria inversión.
Aunque el anuncio publicitario instalado por la Administración de la autodenominada gente para la gente dice que "Tuluá sigue adelante", en dicha información no se especifica costos de la obra, tiempos de ejecución ni fecha de inicio o entrega.
Ante la falta de información completa, clara y transparente, un grupo de ciudadanos se comunicó con la Oficina de Apoyo Judicial de Tuluá para buscar los datos que le permitan a la ciudadanía tulueña conocer quién pagaría la ineptitud del alcalde Gómez Aguirre y su secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad, coronel (R) Jorge Gallego Chávez.
Tras la consulta elevada por los habitantes del corazón del Valle del Cauca, la jefe de dicha oficina indicó: "La verdad, por parte de esta Administración Judicial, solo tenemos información clara respecto a los bienes muebles, la parte de infraestructura está a cargo de la Administración Municipal".
La funcionaria fue clara en señalar que "el edificio se encuentra en comodato. Como ente comodatario haremos pronta entrega del edificio para su intervención por parte de la Alcaldía, entidad que se encuentran en la etapa de estudios, evaluación, diseños y planimetría".
Revisada la página del Secop I y II, es decir, de contratación pública, tanto de la Alcaldía de Tuluá como de Infituluá, a cargo del sancionado en primera instancia por la Procuraduría, exconcejal Llener Darío Borja Mafla, hasta la fecha no aparece publicado ningún tipo de información al respecto.
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