Elegido Trump o Biden, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia ya cuenta con recursos cercanos a los USD 5.000 millones en el programa Colombia Crece, la nueva versión del Plan Colombia con más énfasis rural. Se suman USD 418 millones aprobados en 2019 que busca en 4 años reducir el 50 % de los cultivos ilícitos y cualificar los golpes al crimen organizado.
En 20 años la ayuda americana ha sido de USD 10.000 millones aprox., el 71 % invertido en profesionalización y capacidad de la Fuerza Pública, se erradicaron 2.2 millones de hectáreas de cultivos ilícitos e incautaron más de 2.500 toneladas de cocaína. En la última década 88 billones de pesos se destinaron a la erradicación y hoy son 154.000 ha, casi igualando la cifra récord del año 2000.
Las elecciones presidenciales en EE. UU. se desarrollan cuando el 74 % de los colombianos piensa que las cosas están empeorando, el 89 % en temas de seguridad y pese al sacrificio y esfuerzo inmesurable de las Direcciones Antinarcóticos y de Carabineros de la Policía Nacional, y de las FFMM; la discontinuidad en los programas por parte de los gobiernos de turno y la corrupción, han frenado, desviado y hundido ambiciosos proyectos de cooperación en seguridad, antidrogas, justicia y paz.
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No es un secreto que en el seno de las agencias y la política estadounidense se cuestione el desorden al interior del gobierno colombiano
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No es un secreto que en el seno de las agencias y la política estadounidense se cuestione el desorden al interior del gobierno colombiano, la improvisación, el exceso de burocracia, las trabas en la interlocución, la alta rotación de personal especializado y la inconveniente dependencia de decisiones técnicas y de inteligencia para complacer intereses políticos. Discretamente, esto ha hecho que la cooperación comúnmente lleve una sombra de incredulidad, desconfianza y escepticismo.
El presidente Donald Trump ha sido categórico en su apoyo incondicional a la cooperación bilateral y el exvicepresidente Joe Biden ha dicho que Colombia es la piedra angular de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica. Al mismo tiempo, el embajador Goldberg pide a los políticos colombianos no inmiscuirse en la campaña electoral estadounidense y recuerda la importancia de valorar la tradición bipartidista que ha apoyado la relación con Colombia.
El inicio de un nuevo período de gobierno en Estados Unidos es clave para encausar estratégicamente la cooperación. En seguridad y defensa: el ELN, la segunda Marquetalia, el clan del golfo y la frontera con Venezuela son objetivos de alto valor. En justicia: más efectividad contra la corrupción, dinamizar las extradiciones, apartarse de la polarización y esclarecer mantos de duda sobre decisiones recientes. Sobre cultivos ilícitos: acabar de tajo con la hoja de coca es requisito sine qua non. Y frente a la implementación del acuerdo con Farc: brindar mayores garantías a los excombatientes desmovilizados y proteger los líderes sociales, es demanda inaplazable.
Focalizar recursos con transparencia para inteligencia, investigación criminal y tecnología policial y militar, es la mejor inversión en función de la seguridad y la justicia. Los golpes magistrales de los últimos días por parte de la Policía Nacional y el apoyo de las FFMM contra el ELN en Chocó y la terraza en Medellín, son prueba irrefutable de la importancia de construir servicios sofisticados, íntegros y eficientes de inteligencia como la Dipol.
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Legalizar no es la solución en un país inundado de coca que produce 950 toneladas para suplir una demanda de 269 millones de consumidores del mundo
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Reactivar las fumigaciones debe ser un imperativo de estado, potenciando el despliegue de la erradicación forzosa, incluyendo parques naturales (6.785 ha) y reservas indígenas (17.356 ha). Para avanzar se necesitan al menos 200 compañías de erradicación y 14 bases aéreas de fumigación que operen 24/7 y simultáneamente en los 22 departamentos con cultivos ilícitos. El punto de quiebre está en Nariño, Cauca, Putumayo y Norte de Santander con 76 % del total de hectáreas cultivadas. Esta capacidad con acertado enfoque para contrarrestar la resiembra, nos pondría ad portas del mayor logro en la historia reciente del país y del mundo contra el flagelo de las drogas. Legalizar no es la solución en un país inundado de coca que produce 950 toneladas para suplir una demanda de 269 millones de consumidores del mundo.
Podría considerarse la creación de un Comando Nacional de Operaciones para la erradicación forzada de cultivos ilícitos, bajo un único liderazgo que integre toda la capacidad y recursos del estado. Así lo hizo Perú cuando alcanzó cifras récord de plantaciones ilícitas en 1992, logrando reducir en 7 años de 129.000 a 38.000 las hectáreas cultivadas. También es fundamental cumplir y sostener los pactos con las 99.097 familias que han erradicado voluntariamente 36.139 ha en los últimos años.
La coyuntura es propicia para ponerle ¨foco al foco¨, acabando con la dispersión de esfuerzos y recursos, y concentrando la cooperación estadounidense -con Biden o Trump- en los enclaves crucialmente críticos de la seguridad, los cultivos ilícitos, la justicia y la paz. Evitando que todo lo que se haga no sea ¨una gota más en el océano infinito¨.
