El pasado 28 de diciembre, la Casa de Nariño y la Contraloría General decidieron sumar fuerzas para evitar que la venta de la participación de la firma española Inassa en la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la capital atlanticense, conocida como la Triple A, se convierta en piedra de un nuevo escándalo.
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Por petición del alcalde Jaime Pumarejo, el contralor delegado para el Sector Justicia, Andrés Castro, y el secretario de Transparencia de la presidencia de la República, Andrés Idárraga, iniciaron con miembros del gabinete barranquillero una serie de mesas de trabajo para mirar con lupa la operación que compromete el 82,16 por ciento de las acciones.
La hipótesis de trabajo fue formulada por Idárraga. Para él, la enajenación de las acciones que estaban bajo intervención por parte de la Sociedad de Activos Especiales, por haber sido producto de un blanqueo de capitales, está a punto de convertirse en un peculado por apropiación. No hay cifras oficiales, pero la operación estaría muy por debajo del valor real de las acciones. Tampoco es comparable con los 400 millones de euros que exige Inassa como “indemnización por la expropiación”.
La clave para descubrir si algo malo ocurre está en el valor fijado para la venta de las acciones y en el método señalado para ella. Lo que se presume hasta ahora es que la participación de Inassa, empresa controlada por el Canal Isabel II, fue ofrecida en secreto a privados y no se apeló al mecanismo de oferta pública de acciones (OPA), como lo señalan la ley y los propios estatutos de la empresa.
Encendidas por Idárraga, las alarmas han hecho que las miradas se dirijan hacia el empresario William Vélez, cuyo nombre ha sido citado como el proponente. Él guarda por ahora un prudente silencio. Pero lo cierto es que la alerta temprana fue suficiente para impedir que la operación se cerrara el 26 de diciembre, como estaba previsto.
Aunque hay preocupación, entre los propios barranquilleros no sorprende que el nombre de la Triple A aparezca en escena en primero plano, no por su modernización y eficiencia, sino por causa de un nuevo entuerto.
La situación ha hecho que se refresque la memoria colectiva sobre la manera como el Canal Reina Isabel, que se expandía con empresas operadoras de sus servicios en gran parte de América Latina, perdió el control de la Triple A por culpa de los manejos turbios de ejecutivos españoles y colombianos de Inassa descubiertos hace cinco años, cuando ya era un poco tarde.
Lo que ocurría en la empresa no fue descubierto por la justicia ni por los órganos de control, sino por la Guardia Civil Española y por dirigentes políticos que libraban una disputa en el seno del Partido Popular (PP). El cuerpo policial desplegó la ‘Operación Lezo’, llamada así en honor a Blas de Lezo, defensor de Cartagena de Indias contra el sitio inglés.
El servicio de inteligencia de la Guardia comenzó a actuar en medio de no pocas presiones políticas provenientes de Francisco Granados, dirigente del PP y encarnizado rival de Ignacio González, en aquella época director de Canal Isabel II, responsable del ciclo del agua en la Comunidad de Madrid.
La primera evidencia verificada por los investigadores policiales fue un video grabado nueve años atrás en Cartagena que mostraba a González acompañado en dos hombres que llevaban bolsas negras de basura cargada de lo que parecía ser dinero. Más tarde se comprobaría que las fuertes sumas de dinero movidas en vehículos de Inassa estaban destinadas al pago de sobornos por cada contrato conseguido por la empresa.
Había también un audio en el que el mismo González advertía que ante los riesgos crecientes que estaban asumiendo en Colombia, donde además adquirían pequeñas empresas a precios inflados para desviar los dineros hacia paraísos fiscales, era importante vender las participaciones y retirar la inversión del país.
La cuerda de corrupción ataba del lado colombiano a Daniel García Arias, un samario que pese a haber estado preso ha tenido figuración importante en varias empresas que proveen el servicio del agua en la Costa. García, convertido más adelante en la ‘garganta profunda’ de la Fiscalía al delatar a la mayor parte de sus cómplices, alcanzó el cargo de gerente de Expansión del Canal, después de su antecesor, Edmundo Rodríguez Sobrino, cayó en desgracia por causa de la misma trama de corrupción.
Cuando fueron probadas las responsabilidades, los principales implicados fueron apresados y la SAE (antes Dirección Nacional de Estupefacientes) quedó en custodia de las acciones de Inassa en la Triple A. Esa decisión administrativa ha generado confusión desde entonces porque muchos llegaron a creer que también había dinero de narcotráfico de por medio. No era así. La SAE intervino porque las acciones del Canal -representadas por Inassa- se venían contaminadas por el delito de lavado de activos, delito que no solo está relacionado con recursos del tráfico de drogas, sino también con otras conductas punibles como el cohecho o soborno.
La Triple A, la gran sacrificada, ha llevado durante la mayor parte de historia el sambenito de la corrupción a cuestas. Desde la época en que el cura Bernardo Hoyos gobernó en Barranquilla (de 1992 a 1994 y de 1988 a 2000), todas las administraciones han tenido que enfrentar denuncias relacionadas con la empresa como una fuente de sobornos, conflicto de intereses y participaciones compradas por debajo de la mesa.
Es por todo eso que la labor que el gobierno y la Contraloría llaman preventiva suscita ahora tanta atención.
