Una reforma tributaria no necesariamente es desfavorable, ni tiene que estructurarse en contra del empobrecido bolsillo de los ciudadanos. Es más, los expertos aseguran que Colombia necesita un estatuto tributario mucho más corto, con principios generales, perdurable en el tiempo, acorde con un sólido criterio técnico en el recaudo, pero no la actual colcha de retazos, en donde cada dos años nos “inyectan” una poderosa y letal mezcla de impuestos, acorde con las necesidades económicas inmediatas del Estado, que no tiene recursos porque en los últimos treinta años se ha dedicado a vender su enorme aparato productivo.
Al iniciar el pasado período legislativo, se genera un acontecimiento totalmente histórico en el país político y en el país nacional, sin ningún tipo de precedente, y es que por primera vez el gobierno nacional retira de Congreso de la República un proyecto de ley tributario, cuando en las últimas tres décadas se le ha aprobado —sin ningún tipo de contratiempo— la escandalosa cifra de trece reformas, hasta tal punto que sin temor a equivocarnos podríamos denominar “proyecto de ley bienal tributario”, lo que confirma aún más la preponderancia que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo, que se conoce comúnmente como el “Sistema presidencialista”.
Lo interesante es que el gobierno nacional sin duda nunca supuso que se vería obligado a retirar este proyecto, porque entonces sus asesores en política económica —encabezado por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla— se negaron a reconocer que era totalmente inconveniente una reforma fiscal en plena pandemia —única que se propuso en el mundo— lo que les impidió a la vez predecir el estallido social que se acaba de presentar, que se agudizó totalmente cuando la reforma pretendía ampliar el IVA a los productos de la canasta familiar, la gasolina y los servicios públicos, como también imponer el impuesto a la renta a las personas que devengan mensualmente tan solo 2,5 millones de pesos.
El reciente anuncio del gobierno nacional en el sentido de radicar una nueva reforma tributaria confirma una vez más esa preponderancia del sistema presidencialista, en donde no era creíble que se “resignara” a descartar este nuevo paquete de impuestos – aún más cuando está desesperado por conseguir recursos— sino que prefirió apelar a un “segundo tiempo”, convencido de que la “segunda” es la vencida, mientras supuestamente se diluía la efervescencia popular, aún más cuando el Comité del Paro Nacional no entiende que la salida es una Asamblea Nacional Constituyente, en donde se logre desmontar de una vez por todas el rango constitucional del Neoliberalismo, que se convierte sin duda en la génesis de la enorme crisis fiscal y social del País.
Ante la inminencia de esta nueva reforma tributaria, el gobierno nacional debe ser consciente que un paso en falso podría ocasionar un nuevo estallido social, incluso de proporciones aún más alarmantes, por lo que no puede radicar el 20 de julio simplemente “una réplica” del pasado proyecto de ley, sino que debe recoger las diferentes propuestas del pueblo colombiano —no solo de los señores de paro ni de cuanto eventual candidato presidencial deambule por ahí— que consiste en no extender los impuestos a los más pobres, como tampoco eximir a los grandes capitales de la carga tributaria que les corresponde pagar, incluso aprovechando que los empresarios se comprometieron al menos transitoriamente en asumir la nueva carga tributaria, aunque quiera Dios no se hayan arrepentido de tan generoso anuncio, y que solo respondiera al temor de que los manifestantes siguieran paralizando el aparato productivo, y de paso disminuyendo sus suculentas y jugosas ganancias.
Los primeros trazos de la nueva reforma tributaria los ha venido revelando el gobierno nacional ante los medios de comunicación, en donde asegura que ha recogido los aportes de los diferentes sectores de la sociedad —incluso foros regionales— en donde se busca la austeridad en el gasto público y se combate la evasión, mientras que se apresura a asegurar que el nuevo paquete de impuestos no incluye a los de menores ingresos, ni a la clase media ni mucho menos a “ninguna persona natural”, sin dejar de mencionar el supuesto aporte de los grandes empresarios a esta “novedosa” consecución de recursos.
Coletilla. El próximo 20 de julio, el gobierno nacional radica en el Congreso el mencionado proyecto de ley de reforma tributaria —contraría con 35 artículos— en donde solo así podremos constatar los verdaderos alcances de esta enmienda legal, porque es común que al conocer este texto se encuentran con disposiciones que terminan por desvirtuar lo previamente anunciado por el Ejecutivo.
Lo único cierto es que los primeros anuncios no predicen la conformación de un estatuto tributario integral, con criterios de eficiencia y eficacia en el recurso, sino más bien una salida más de urgencia para tapar el enorme hueco fiscal.
¡Toda una novela de Corín Tellado!
