El pasado siete de octubre el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca decidió sancionar al alcalde de Miranda, Leonardo Valencia Narváez, con una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y remitir la providencia a la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao para que se investigue al ingeniero Samuel Londoño Ortega, exrepresentante legal de EMMIR, al igual que a otros exfuncionarios, por el desacato a una acción popular.
Tal como se deduce de la lectura del expediente, en agosto del año 2011 se presentó ante el Tribunal una acción popular en contra del municipio de Miranda, el Ministerio del Medio Ambiente y la Empresa de Servicios Públicos de Miranda EMMIR, mediante la cual se pretendía solucionar un problema crónico que afectaba —y afecta— a los habitantes de la zona norte del municipio (Piedra y Cielo, La Locería, El Desbaratado, El Cañón, y Espejuelo): la falta de alcantarillado y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
En estas circunstancias, la administración municipal firmó, a comienzos del año 2013, un pacto de cumplimiento y se acordó el acatamiento de un cronograma que finalmente llevaría el proyecto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su evaluación, financiamiento y ejecución.
Se observa entonces que nada se cumplió a pesar de que han transcurrido casi seis años desde la aceptación del pacto de cumplimiento, y en consecuencia el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca al resolver un nuevo incidente de desacato, produjo las sanciones citadas.
El contexto de la noticia
La alcaldía, en cabeza de Walter Zúñiga Barona, interesada en la estricta observancia de lo pactado, firmó un convenio interadministrativo en agosto de 2014 con la Empresa de Servicios Públicos de Miranda (EMMIR), gerenciada por el ingeniero Samuel Londoño, directamente responsable de “satisfacer las necesidades esenciales de agua potable y saneamiento básico de la comunidad el municipio de Miranda a través de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado…”.
Pero lo más grave del asunto es que el convenio interadministrativo, por valor de 67 millones de pesos, para que EMMIR realizara “estudios y diseños del interceptor sanitario y rediseño del alcantarillado sanitario de la zona norte de la cabecera municipal de Miranda”, no se cumplió.
El entonces gerente de EMMIR, ingeniero Londoño Ortega, contrató en octubre de 2014 la ejecución de los estudios y diseños con la empresa con Proyectos Constructores S.A.S. En diciembre de 2015, el último día del período para el cual fue elegida la Administración 2012-2015, se pagó todo y se liquidó el contrato “a entera satisfacción de las partes”.
Así las cosas, en agosto de 2016, la Personería Municipal de Miranda remitió por competencia a la Procuraduría Provincial la información sobre la posible falta disciplinaria cometida por el señor gerente de la EMMIR.
En diciembre de 2017 los estudios y diseños fueron rechazados y devueltos por Minvivienda porque carecían de “elementos importantes”… los diseños perdieron vigencia. Esa “inversión” de $67.000.000 se perdió.
Estas nuevas circunstancias condujeron a que el representante de las comunidades, Saúl Rojas Amazo, el 22 de mayo de 2019 instaurará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por el presunto delito de peculado por apropiación cuyo protagonista principal es el ingeniero Londoño Ortega, hoy candidato a la Alcaldía Municipal de Miranda.
En conclusión, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca al sentenciar sobre este delicado caso enfatizó: “Lo anterior indica negligencia y falta de cuidado de parte de quienes suscribieron el convenio interadministrativo y el contrato de consultoría y de sus respectivos supervisores, por cuanto se declararon a paz y salvo respecto de obligaciones que no estaban cumplidas a cabalidad…”, razón por la cual copia de la providencia del siete de octubre de 2019 ya se encuentra en la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, para lo de su competencia.
Se puede entonces deducir que el candidato a la Alcaldía Municipal de Miranda, que representa a los partidos Conservador, de La U, y Colombia Renaciente, tiene serias investigaciones penales y disciplinarias pendientes de fallos que podrían afectar gravemente el futuro del Municipio en el hipotético caso de que resultara elegido.
Lo anterior porque es evidente que el Tribunal lo calificó en el expediente de “negligente y falto de cuidado” y se le acusa de haber causado un presunto detrimento patrimonial a Miranda.
