Indignados están los 12.000 electores que en el municipio de Sampués, Sucre, el pasado 25 de octubre eligieron como alcalde a Víctor Ubaldo Hernández Montes, del Partido de la “U”. Nadie entiende la sentencia que anuló su elección pues se basa en algo que es falso.
El Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia de única instancia, consideró que el burgomaestre municipal habría incurrido en doble militancia debido a que se inscribió como candidato por el partido de la U, siendo militante del Partido Liberal.
Lo curioso del asunto es que el propio Partido Liberal niega esa militancia, mientras que el Tribunal se empecina en la sentencia de única instancia, contra la cual no existe recurso, en manifestar que sí es militante del Partido Liberal.
El primer extrañado con la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre es el propio Partido Liberal, el cual, a través de su Secretario General, Héctor Olimpo Espinoza, en dos oportunidades certificó que el alcalde electo no pertenece a su partido desde el año 2011 debido a que Hernández Montes se inscribió en el Partido de la U, y los estatutos del Partido Liberal en su artículo 7, dicen que “…. quienes se afilien a otro partido o movimiento político con personería jurídica expedida por el Consejo Nacional Electoral, perderán automáticamente la calidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano”.
Lo 'Macondiano' de la historia es que la doble militancia se produce cuando alguien pertenece simultáneamente a dos partidos políticos, pero en este caso no ocurre, lo cual ha indignado a la gran mayoría de los habitantes de este municipio, quienes a través de marchas y plantones frente al palacio de Justicia de Sincelejo, han manifestado su inconformidad.
El abogado Iván Acuña, defensor del Alcalde, solicitó a los magistrados del Tribunal de Sucre que declaren la nulidad absoluta de la sentencia, porque esta se soporta en una falsedad producida por el mismo Tribunal, que va en contravía de los estatutos del Partido Liberal, y viola los derechos fundamentales de los 12 mil electores y del alcalde electo.
“Esta decisión es contraria a otras de las altas cortes en donde se han fallado casos idénticos en sentido diferente, creándose unos precedentes que no pueden ser desconocidos por los magistrados de Sucre. Esto, según la Corte Constitucional, es un delito de prevaricato”, puntualizó Acuña.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Sucre se ha empecinado en mantener la decisión en contra de las evidencias.
Estos fallos de "única instancia", es decir, que no tienen quién los vigile, los controle o a quien se pueda acudir para reclamar los derechos, es una figura muy peligrosa en la legislación colombiana porque deja sin defensa a los afectados.
