El contrapunteo que desde hace algunas semanas viene librando el secretariado de las extintas Farc-ep con el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP-, no solo ha representado la mayor crisis en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, sino que, además, ha escalado en una propuesta unilateral sobre la creación de un Tribunal de Cierre que ponga en el centro de la discusión la existencia misma de la JEP.
La propuesta del Tribunal -que en nada tiene que ver con una supuesta “ley de punto final” de la que se ha venido hablando en algunos medios- no es para nada nueva y remite a la concepción inicial que la delegación guerrillera tenía de la justicia en una fase de posconflicto; es decir, la forma como se administraría justicia para TODOS los responsables del conflicto armado, dejando de lado la narrativa tendenciosa que desde la matriz mediática de la seguridad democrática le endilgaba a la insurgencia todas las variables, trayectorias y continuidades del conflicto.
Ese pulso en La Habana lo ganó la guerrilla a medias, porque aunque en el primer diseño de la JEP se pretendió que este fuera un tribunal para todos los partícipes en el conflicto (con la notable excepción de los expresidentes), tras la debacle del plebiscito, el Congreso y la Corte Constitucional hicieron lo propio y dejaron el tribunal para la paz bastante “peluqueado”; sin terceros obligados a comparecer y reduciendo la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública a ciertos mandos que ya venían empapelados desde la justicia ordinaria.
Ahora, en medio del contrapunteo, la petición original de la guerrilla de administrar justicia para todos los responsables se vuelve a poner sobre el tablero; sin embargo, no ha contado con mayor respaldo entre sectores académicos o políticos, y ni hablar de la rama judicial (tan acostumbrada a cuidarse las espaldas ante cualquier intento de reforma), ya que, a un año de empezar un ciclo electoral que definirá si el gobierno del “Cambio” gozará de un segundo tiempo, la percibo como una propuesta imposible.
Empiezo por lo más sencillo: el Tribunal de Cierre como un imposible jurídico.
Si la intención del hipotético Tribunal de Cierre se enmarca en liquidar el diseño institucional de la JEP e implementar un nuevo modelo de justicia transicional, se debería, en principio y de forma urgente, cambiar seriamente la Constitución, para ello, se tendría que promover un acto legislativo que saque a la JEP del texto constitucional y que además derogue las leyes que regulan su funcionamiento (mientras se promueve otro que cree el Tribunal de Cierre). Una tarea titánica que tomaría varios años de trámite e implicaría una altísima voluntad política en el Congreso.
De superar esa etapa en el Congreso se tendría que pasar por una “prueba de fuego” que se escapa al manejo estrictamente político: la revisión por parte de la Corte Constitucional. Quedaría en manos de una Corte que, entre 2017 y 2019, sentó una extensa jurisprudencia para crear y proteger la JEP (como un eje axial de la Constitución) validar su derogación, y además, darle luz verde a la creación del Tribunal de Cierre. Esta “prueba” desde una Corte que tiene blindada a la JEP pinta imposible de superar.
Tan solo hay que recordar que la modificación de la JEP estuvo en el centro de las promesas del uribismo en la campaña presidencial del 2018, pues su entonces candidato, Iván Duque, no lo bajaba de estandarte de impunidad o de “jurisdicción especial para las Farc”, pero ni su llegada a la presidencia con una altísima votación, la conformación de una aplanadora en el Congreso con los partidos tradicionales o la exigencia reiterada de sus electores fue suficiente para que su promesa de modificar la JEP se cumpliera.
Curiosamente, hoy, el uribismo y el antiguo secretariado de las Farc -ep podrían coincidir, por distintos caminos claro está, en esa intención de reformar la JEP.
Ahora continúo por lo más espinoso: el Tribunal de Cierre como un imposible político.
El malestar con la JEP también llega a lo más alto del gobierno y así lo ha hecho evidente el canciller Álvaro Leyva en varios foros internacionales, sin embargo, el tema no ha trascendido de ser un reclamo con cierto eco en la opinión pública, pero no ha estado acompañado por acciones concretas que si acaso lleven a pensar que el gobierno se jugará su precario capital político para avanzar en una derogación de la JEP y apoyar la creación de un nuevo tribunal de justicia transicional.
Y no lo hace porque de entrada quedaría “entrampado” en la reedición de una discusión plebiscitaria que ya demostró que tiene la capacidad de mover los cimientos sociales del país, también porque lo obligaría a empeñar su capital político en un tema que no esta en el centro de su agenda social, asumiendo grandes costos reputacionales ante la comunidad internacional (que cerró filas en defensa de la JEP desde el gobierno Duque) y entregándole harta munición a la derecha de cara al 2026.
A pesar de que la Paz Total forma parte del Acuerdo Nacional que viene promoviendo Petro, no tendría sentido que este estuviera atravesado por la propuesta de creación de un Tribunal de Cierre que, en principio, solo obedecería a una exigencia particular del antiguo secretariado de las Farc-ep, sin ser un incentivo de oportunidad para los actores armados con pista en la Paz Total, esto, porque todavía no se ha discutido lo referente a la reparación a las víctimas o la justicia transicional con ellos, se sentiría como si la agenda que se negoció con las Farc se estuviera imponiendo en procesos que se precian de “autonomía”.
Por estos motivos, considero que la propuesta del Tribunal de Cierre es un imposible en todo sentido, no pasará de ser una intención mediática en un contrapunteo donde la JEP va sumando cada vez más apoyos y donde los excomandantes farianos se van quedando solos.
