La primera vez que hablé con alguien de mi cultura wayuu, sobre la cremación de restos mortales, fue con mi abuela en el año 1996. Usualmente tomábamos café y hablábamos de las costumbres y de la comida de la gente de Bogotá. En esa época mi abuela se reía y movía la cabeza incrédula porque no podía creer que el ser humano llegara al extremo de quemar a sus muertos. ¿Y los huesos?, me preguntaba. El ritual de velorio y el entierro es muy sagrado para nosotros, deben estar locos, decía.
Traigo a colación esta anécdota porque el sueño de todo wayuu es que sus restos mortales reposen en cementerios provisionales, que merecen respeto incluso por parte de los dueños tradicionales del territorio donde se ubique dicho cementerio provisional. Es el primer entierro. Durante el desarrollo del segundo entierro, los huesos son llevados definitivamente a cementerios ancestrales en la Alta Guajira. En ambas ceremonias se refuerzan lazos de cohesión de la familia materna (Apüshi), se atienden con la mejor comida y bebida a los invitados, entre otras tradiciones que no se describen por la brevedad de esta nota.
En medio de la indignación nacional desata a raíz del video de Fabio Zuleta, que deploramos en su momento, también expresamos nuestra indignación por el acto de violencia hacia la memoria de las muertes de mujeres wayuu, en el marco de la pandemia COVID19. Luz Delys Pérez (Clínica General del Norte de Barraquilla), Mauricia Apushana (Autoridad Tradicional de Alainnawou-Los Olivos) y Dubilma Morales (Clínica La Merced), fueron cremadas sin autorización de sus familias, en una clara violación de los derechos de las comunidades, un atropello a las culturas indígenas de Colombia y la forma como éstas asumen el destino final de sus miembros.
Según nuestras tradiciones, estas mujeres tendrán serias dificultades para encontrar su camino hacia Jepirra, nuestra morada definitiva con nuestros ancestros, no debieron tener ese destino si el gobierno hubiera sido diligente en realizar pruebas en tiempo real. Se realizó la cremación y posteriormente los resultados dieron NEGATIVO para COVID19; el caso de Paulina González (Riohacha), fue distinto gracias a la acción vehemente de la organización #NaciónWayuu que realizó las gestiones para que finalmente tuviera su ritual fúnebre en su comunidad de origen.
Aunque la organización mundial de la salud, emitió un documento de 6 páginas denominado “Prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto de la COVID-19, orientaciones provisionales”, publicado el 24 de marzo de 2020 y en sus páginas iniciales afirma que “es preciso respetar y proteger en todo momento la dignidad de los muertos y sus tradiciones culturales y religiosas, así como a sus familias” y que “hay que evitar la precipitación en la gestión de los muertos por COVID-19.”, las autoridades sanitarias no tuvieron en cuenta estas recomendaciones.
Detrás de esta tragedia para las familias y la memoria de los muertos, llegaron voces de indignación y rechazo que rápidamente fueron por avalanchas de noticias que inundan las por portales de noticias y redes digitales. Mientras finalizan estas líneas hay noticias de mujeres en estado de embarazo, ancianas y niños abandonados a su suerte en piezas arrendadas en Bogotá, esperando nuestra voz de indignación o al menos un gesto de solidaridad.
Este es el tamaño de nuestra tragedia en tiempos de COVID19.
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