Luego de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial se continuó el 1º de septiembre de 1939 al desatarse la invasión nazi a Polonia. No obstante, se podría decir, en el límite, que ella comenzó desde la propia firma del Tratado de Versalles de 1918; mejor, que no fue sino la continuación, porque entre la primera y la segunda gran guerra lo que hubo fue una espesa calma chicha. Estas notas las iniciamos con el drama español de Guernica. Luego abordamos el caso francés de Oradour-sur-Glane, para continuar en esta con la prolongación de esas dos guerras en territorio colombiano bajo una Guerra Fría que no nos abandona desde hace 71 años o desde hace 55 años según diferentes dataciones. A cada uno de poner con honradez las fechas. Lo cierto es que se trata de tres eventos bélicos que considero representativos de la barbarie y la irracionalidad humanas. Abordaremos en esta nota ciudadana la infame Masacre de Bojayá, Colombia. Partiendo de este punto de vista, que todas las masacres son infames (ver: Tres masacres infames: Guernica (I), Tres masacres infames: Oradour-sur-Glane (ii) y Masacres. Ruptura entre lo normal y lo patológico).
Bojayá, un municipio chocoano
Bojayá, es un municipio del Departamento de Chocó, Colombia, fundado en 1946 y erigido el 12 de diciembre de 1960. Segregado del municipio de Quibdó en 1960. Tiene una superficie total de 3693 km2 y una población de 10099 habitantes en 2015, de los cuales 5114 eran urbanos. El gentilicio es Bojayaseño. La cabecera municipal es la localidad de Bellavista. Limita así: por el Norte con Riosucio, por el Este con el departamento de Antioquia, por el Oeste con Bahía Solano, por el Sur con Quibdó y Alto Baudó. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Bojayá estuvo habitado por los indígenas Kuna y Emberá. Durante la colonia española, muchos africanos traídos como esclavos a las zonas mineras de Barbacoas, Quibdó, Nóvita, Tadó y Lloró, y en los afluentes de los ríos Atrato y San Juan, huyeron internándose en la selva, como cimarrones, en busca de libertad, y algunos se establecieron en la zona de Bojayá. Los primeros asentamientos fundados formalmente por las comunidades afrodescendientes en jurisdicción de Bojayá fueron Buchadó en 1842 y La Boba en 1882. Con la abolición de la esclavitud en Colombia, entre 1851 y 1852, el Estado envía las primeras misiones de justicia, educación y de servicios religiosos a Bojayá. Hasta principios del siglo XX, las comunidades de la región subsistieron gracias a la extracción de la raicilla, la tagua y el caucho. En 1936 se fundó el poblado de Opogodó. La cabecera municipal de Bojayá, Bellavista, fue fundada en 1946, pero Bojayá sólo fue oficialmente un municipio hasta el 12 de diciembrede 1960, mediante Ordenanza.
La masacre de Bojayá
El 2 de mayo del año 2002 fueron masacrados entre 74 y 119 civiles, 45 niños y más de cien heridos que se refugiaban en el interior de la iglesia de Bojayá, por parte del Bloque 58 del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), que en ese momento se enfrentaba a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ambos grupos empeñados en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato para el tráfico de drogas. Las Farc-Ep perpetraron el ataque mediante la técnica de los "cilindros bomba", o "pipetas". Una pipeta cayó también en la casa de las Misioneras Agustinas, pero no llegó a estallar.
El desarrollo de la masacre
El gobierno colombiano antes de la masacre venía diciendo: "La confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ilegales es muy violenta en la región porque hay intereses económicos y estratégicos en juego: entre otros el tráfico de drogas, la conexión interoceánica, el desarrollo de megaproyectos como el de la carretera Panamericana, y la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas. La región representa además ventajas para estos grupos por constituir una vía para el ingreso de armas y pertrechos desde Centroamérica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico" (Ministerio de Defensa Nacional. Informe Anual Derechos Humanos y DIH 2000. República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. pp. 132,133.)
Desde el 21 de abril de 2002, unos 250 paramilitares de la AUC estuvieron en la zona y arribaron a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y Vigía del Fuerte, provenientes de Turbo. Se estacionaron en la parte urbana. Las Farc-Ep que controlaban hasta entonces la zona, permanecieron en el área rural. Se les pidió a ambos grupos armados que se retiraran del pueblo. Los dos se negaron a hacerlo. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó sus preocupaciones a las autoridades colombianas sobre la presencia de esas dos fuerzas en conflicto en la zona. La Defensoría del Pueblo, había hecho otro tanto desde el 24 de abril de 2002 sobre una inminente incursión paramilitar en el corregimiento Bellavista de Bojayá haciendo énfasis en la fragilidad de los habitantes en la mayoría indígenas, campesinos y comunidades negras que viven el enfrentamiento entre todos los grupos armados al margen de la ley. No se tomaron medidas o fueron muy débiles para evitar que la situación en la zona desembocara en una confrontación militar con grave peligro para la población civil. La situación a nivel alimentario se complicó cuando el 25 de abril las Farc-Ep interceptaron una embarcación que transportaba alimentos para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región del Atrato Medio, robando toda la carga. Cada grupo desde el 26 de abril ocupó una orilla del río Atrato, casi frente a frente. La Defensoría del Pueblo emitió otra alerta temprana advirtiendo de los riesgos de un posible enfrentamiento entre los grupos ilegales. Casi sin éxito alguno. La población se hallaba entre dos fuegos.
El 1 de mayo, aproximadamente a las seis de la mañana, se iniciaron los combates en Vigía del Fuerte entre los paramilitares y la guerrilla, concentrándose posteriormente en Bellavista. Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la Iglesia, en la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinas. Durante los enfrentamientos, que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios ascendió a un número aproximado de 1500 personas. Al día siguiente se reiniciaron los combates temprano. Ambas fuerzas se tomaron refugio en el casco urbano, escudándose entre los edificios. Los paramilitares lo hicieron muy cerca de la iglesia, la casa cural, la casa de las Misioneras, la escuela y el colegio. A las 10:00 a.m. las Farc-Ep instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 400 metros de la Iglesia. A las 10:30 horas, aproximadamente, lanzaron la primera pipeta sobre una casa civil ubicada aproximadamente a cincuenta metros de la Iglesia, ocasionando daños materiales. Una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. A las 10:45 horas, la tercera pipeta estalló al atravesar el techo de la iglesia e impactar en el altar. La explosión causó entre 74 y 119 muertos, 48 de ellos niños y alrededor 98 heridos. Todos ellos civiles no combatientes. Los supervivientes de la masacre escaparon del recinto para internarse en el área rural unos o atravesando el fuego cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil otros, guiados por los sacerdotes. Lograron cruzar el río. Una cuarta pipeta que no llegó a explotar cayó detrás de la casa de las Misioneras Agustinas.
El día 3 de mayo, las Farc-Ep anunciaron haber retomado el control de Bellavista y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a los heridos, reconocer y enterrar a los muertos en las afueras de Bellavista. No se pudo, por reanudación de los combates. Entre los días 4 y 5 de mayo se finalizó el entierro de los cadáveres, sin que se pudiera proceder a su levantamiento oficial debido a la ausencia de autoridades competentes. Entre los días 2 y 3 de mayo, la casi totalidad de los aproximadamente 1000 habitantes de Bellavista se refugió en Vigía del Fuerte.
Las investigaciones tendientes a precisar las responsabilidades
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos procedió a investigar la posible vulneración del Derecho Internacional Humanitario. Para ello entrevistó a los sobrevivientes. Ya había llegado el ejército nacional y las Farc-Ep habían abandonado la zona. Sus conclusiones señalaron la responsabilidad de los actores en el conflicto de la siguiente manera:
-Por el lado de las Farc-Ep las consideró la principal responsable de la masacre. Estas aceptaron la autoría y responsabilidad en el lanzamiento del cilindro-bomba. Conductas que constituyeron un ataque indiscriminado contra la población civil y violaron especialmente los principios humanitarios de “distinción, limitación y proporcionalidad”, así como de “inmunidad de la población civil”. Todas ellas en violación de la obligación de protección de los bienes culturales y de lugares de culto. Del mismo modo se las encontró responsables de los múltiples y masivos desplazamientos que generaron sus acciones.
-Por el lado de las AUC las encontró también responsables de los hechos pues al participar en operaciones bélicas en el seno del poblado donde se apostaron, expusieron e incrementaron el riesgo para la población civil ante los peligros de las acciones militares violando los principios de “distinción y de inmunidad de la población civil”, lo que constituiría un ataque a la población civil. También las hizo responsables de haber incumplido la obligación de protección de los bienes culturales y de culto y a la prohibición de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar y de haber obligado al desplazamiento masivo de la población civil de la región. Igualmente responsables por su actuación y presencia en los cascos urbanos de Bellavista y Vigía del Fuerte, durante los días posteriores al 2 de mayo y por las denuncias de pillaje a la población civil que se efectuaron ante los investigadores internacionales. La masacre ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas a Quibdó
Por la inacción del Estado colombiano se responsabilizó igualmente a este considerando que había hecho dejación de funciones al no ocuparse de prevenir (falta de respuesta a las alarmas y de medidas para evitar los hechos), proteger y garantizar la vida de los civiles víctimas del conflicto. La Nación fue condenada a pagar una millonaria indemnización por su responsabilidad en la masacre. El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó determinó en dos sentencias, que el ministerio de Defensa, a través del Ejército y la Policía, debe pagar más de 1.552 millones de pesos a los familiares de dos de las víctimas de la masacre de Bojayá. De acuerdo con el fallo, la Nación fue declarada administrativamente responsable por la muerte de dos habitantes de Bojayá, por no haber protegido a la población de ese municipio, a pesar de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, el 24 de abril de 2002, ocho días antes de los hechos.
El Tribunal Administrativo del Chocó determinó que el Estado colombiano debe pagar $312 mil millones por desplazamiento forzado tras la masacre de Bojayá. Son unos 95 millones de dólares. En el fallo "se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas" (unas 1.195). Los hechos, aclaró el tribunal, se generaron por la "omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes". El Tribunal determinó que el Estado debía proteger a los pobladores luego de ese hecho. Recordó que 10 días antes de la masacre se sabía que el enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares en la zona era inminente, motivo por el cual el Estado debió enviar tropas para evitar lo que finalmente ocurrió: "Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos violentos" (Agencia @zonacero. 10 de mayo de 2019).
El Consejo de Estado dejó en firme el fallo del Tribunal Administrativo del Chocó en el que se pide investigar la responsabilidad del presidente de la época, las Fuerzas Militares y los comandantes de las Farc y las AUC. El 3 de septiembre de 2015, tras resolver una acción de tutela, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dejó en firme el fallo emitido el 5 de marzo en el cual se condenó a la Nación por la masacre de Bojay. El Consejo de Estado no aceptó los argumentos presentados por el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional que indicaban que en dicho fallo se había presentado una violación al debido proceso y al derecho a la igualdad. Se buscaba dejar sin efecto el fallo que les ordenaba pagar la indemnización de perjuicios a los familiares de las víctimas. Esto al determinar la responsabilidad “por los daños antijurídicos producidos con ocasión de la omisión para impedir la crisis humanitaria padecida por los habitantes del Medio Atrato.
Estas decisiones abrirían un nuevo capítulo por dicha masacre, es que en la sentencia, que fue dejada en firme, se le pide a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General para que investigue la comisión del delito de toma de rehenes por parte de las AUC y las Farc, así como de la privación de las vidas que inmolaron. Igualmente se pide analizar si hay méritos para reabrir una y continuar la investigación contra las organizaciones ilegales en sus mandos o jefaturas nacionales y regionales, en cuanto participaron en la comisión de violaciones de Derechos Humanos y DIH cometidas contra la población civil. La sentencia va más allá y también pide a la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, respectivamente, investigar la presunta omisión de varios altos funcionarios entre ellos al expresidente de la República Andrés Pastrana Arango. “La inacción de estos servidores abrieron el abanico para que los actos previstos por los organismos policiales y militares regionales no solo se concretaran y extendieran en el tiempo, sino que con sus conductas se abrió paso al indebido menoscabo —del erario público— correspondiente a las indemnizaciones que se reconocen, por ello responder en repetición por los costos que sus entidades deban sufragar para restituir a su estado anterior”, señala el fallo. Se exhortó al Gobierno para que acuda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que se pronuncie “acerca de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que han sido perpetradas por los grupos armados ilegales Farc y AUC, durante el conflicto armado interno, y específicamente en el caso de la crisis humanitaria que culminó con la inaceptable masacre”. Estos funcionarios deberánofrecer disculpas públicas en nombre del Estado “en la que se indicará la crisis humanitaria padecida por los habitantes del Medio Atrato entre el segundo semestre de 2001 y el primer semestre de 2002” (El Espectador”. El nuevo capítulo de la masacre de Bojayá 20 de septiembre de 2015 Redacción Judicial).
El Consejo de Estado en su Sección Quinta dejó en firme condena contra la Nación por masacre de Bojayá y le hizo un llamado de atención frente a los recursos presentados ante al Sistema Interamericano de Derecho Humanos al recordarle que solamente las víctimas y las ONG tienen la potestad para solicitarle a los organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que intervengan en procesos nacionales por la violación de los derechos humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). El pronunciamiento se hizo al confirmar un fallo de tutela emitido por la Sección Cuarta del máximo tribunal de lo contencioso administrativo que amparó el derecho al debido proceso del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. La corporación precisó que el Estado no está legitimado para tramitar una petición individual porque esta posibilidad está reservada para las personas, los grupos de personas y las entidades no gubernamentales debidamente reconocidas. Agregó que el Sistema Interamericano no tiene competencia para adelantar procesos contra los grupos armados legales y que no puede ir directamente ante la Corte porque es necesario acudir primero ante la Comisión Interamericana, como organismo competente para llevar el caso ante el tribunal internacional. Dispuso que las reparaciones adoptadas en los primeros fallos, en virtud del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, son extensivas a todas las víctimas del mismo hecho (El espectador. Consejo de Estado dejó en firme condena contra la Nación por masacre de Bojayá. Judicial, 5 de julio de 2016).
La reacción de las partes
El gobierno y el ejército colombianos se mostraron inconformes con el informe y se manifestaron en contra de la responsabilidad que les atribuyó la investigación, en especial en lo referente a la connivencia de los cuerpos de seguridad del estado con grupos de autodefensa ilegales. Ello obligó a la entonces Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson, a intervenir en defensa de la investigación y el trabajo de Anders Kompass. Todo ello desembocó en el fin de la misión el 14 de junio de 2002 tras tres años en Colombia. La justicia militar y la Procuraduría se limitaron a investigar los responsables de los hechos por parte de las Farc y a los militares del ejército implicados “por omisión” en los hechos.
Por el lado de las AUC el presidente Álvaro Uribe inició negociaciones para su desmovilización a la que se acogió Freddy Rendón, quien estuvo al mando del contingente paramilitar el día de la masacre de Bojayá. También bajo su mandato se finalizaron las obras de Nuevo Bellavista. Freddy Rendón, “El Alemán”, se desmovilizó en agosto de 2006. En el proceso judicial consiguiente responsabilizó de la masacre al sacerdote Antún, por haber reunido a los habitantes en la iglesia y haber cerrado el portón. Como en la nueva Oradour-sur-Glane, se puso en marcha un proyecto denominado "Reubicación con dignidad" de la mano de la Agencia Presidencial para la Acción Social por el cual a los supervivientes en 2007 se les hizo entrega de un nuevo poblado, Nuevo Bellavista. En los márgenes del río Atrato existe desde entonces un fuerte despliegue militar y de fuerzas de seguridad del Estado pero sus afluentes siguen en manos del Clan del Golfo. En el marco de los Diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, las Farc pidieron perdón a las víctimas y sobrevivientes de la masacre.
Bojayá, un lugar de ensueño víctima de su importancia estratégica
Desde casi siempre Bojayá ha vivido entre varios fuegos: de las guerrillas, los paramilitares, los clanes, el Estado, la delincuencia común. Siempre les han pedido a sus habitantes que tomen partido por X o Y partido, grupo o clan. No hacerlo les ha traído todo tipo de inconvenientes, retaliaciones, vendettas y razzia. Se podría decir que sin éxito casi siempre. El 2 de mayo de 2002, fue el aquelarre absoluto. Nadie atendió las súplicas de una población sometida al terror. Mejor al miedo total. Al miedo pánico. Siete alertas tempranas no sirvieron para nada. Ni siquiera las del sistema ONU. Algo llegó, pero ex post facto. Tardíamente. Dos días después de que llegasen las autoridades civiles. Los militares llegaron a los cuatro días. Tarde, bastante tarde. Demasiado tarde. Hasta el Cristo estaba nuevamente muerto por los clavos untados de heces fecales del cilindro-bomba. El sito de Bellavista fue cruel en todos los sentidos. Por hambre y enfermedad. Sin atención médica. Bajo fuego cruzado e indiscriminado. Civiles gritando, clamando respeto a su condición de no combatientes. Bref, un claro e ineludible crimen de guerra contra una población civil ajena al conflicto. El DIH desconocido, violado, ignorado. Pero, también normas inveteradas de la humanidad. En efecto, el sacro derecho de asilo en sitios y monumentos históricos o religiosos totalmente desconocido. La pequeña iglesita de Bojayá, como la capilla de San Mateo, en átomos volando. Y los bárbaros pactando entre sí las condiciones del combate, acordando la hora del refrigerio y la siesta y los heridos bajo las ruinas del templo, desangrándose y sin piedad alguna hacia los 45 niños, dentro del templo agonizantes. Tal vez las leyes de los hombres le echarán tierra a la matazón, a la carnicería allí ejecutada. Mas los dioses, si es que existen, no perdonan. La ley de Némesis es implacable. Ya lo verán, mejor, sufrirán de uno en uno. El cruel caudillo peninsular ya fue cambiado de domicilio. Los victimarios de Oradour casi todos pagaron en esta vida. Y los que no, pues deben estarlo pagando en el infierno, si es que existe. Ante los intercambios de favores entre regulares y alzados en armas, a la población civil solo le quedó el recurso de las víctimas de todos los conflictos…desplazarse. Y así continúan. ¿Quién quiere revivir el horror de esa tremenda explosión?
A la hora de nona, la de las responsabilidades, todo se vuelve “peloteo”: que fueron ustedes, no ustedes, no los de más allá, los de acullá, los del brazalete, no que los del sombrerito color verde mezclado con Castaño. Que los regulares. Que los alzados. Y etc. Total, nadie asume su responsabilidad. Todavía no la asumen. O la asumen a media. Pero sin reparar, claro está. Es decir, ni responsabilidad civil, penal, disciplinaria, fiscal y, naturalmente ni la política. Nadie es culpable. Así se quiso hacer creer en Guernica primero y luego en Oradour-sur-Glane. ¿Yo? jamás. Fueron “ellos”, los de allá, los rojos, los de pardo. Total, el cilindro-bomba se disparó solo. Y los otros, que disparaban metralla a diestra y siniestra no sabían que entre ellos y los otros, había gente inocente y ajena a sus pequeños o grandes odios. O ¿intereses? A propósito de intereses, ¿alguien va a reparar integralmente los daños? Y ¿cómo podrían exonerarse de hacerlo aquellos que cuatro pipetas-bombas arrojaron sin piedad alguna? ¿Alegando “error” en el cálculo de la trayectoria? cuando todo el mundo sabe que esos proyectiles son verdaderos “buscapiés”, locas “buscaniguas” que se sabe de dónde salen, pero no a dónde llegan. Daño “involuntario”, alegan perpetradores de cientos de emboscadas, atentados y trampas de inspiración vietnamita. Que lo hicieron porque el Estado hizo pacto non sancto con los encargados de hacer el trabajo de Boogie, el Aceitoso, ese despiadado que trabaja a la paga. Y por el lado de los otros, que ellos solo respondían al ataque de esos otros asesinos, de esos tales por cuales que nos estaban molestando, ofendiendo y así una sarta de “justificaciones” que nada justifican. ¿Y los “regulares”? también sacándole el bulto a sus omisiones, a su mirar para otro lado, a hacer semblance que no sabían, que nadie les avisó, que las comunicaciones estaban afectadas durante esos siete días previos, que solo cuatro días después se enteraron porque alguien de casualidad pasó por un pueblito llamado Bojayá y al parecer olía mal, como a mortecina. Pueden todos eso pilatos tratar de lavarse las fétidas manos, pero hay una realidad dura, total, innegable en Bojayá de realizó una afrentosa, horrorosa, cruel y despiadada masacre constitutiva de crimen contra la humanidad. Como en Guernica. Como en Oradour-sur-Glane. En el pueblito vasco, por bárbaros coaligados. En Oradour, igual. En Bojayá, por bestias sedientas de sangre, ebrias de ideologías ambas reaccionarias en materia de derecho humanos.
Caen las máscaras de los victimarios y se muestran los rostros de los infames
En Bojayá se dio un clivaje, un punto de no retorno, una situación-límite que dejó a las derechas reaccionarias y a las izquierdas igualmente reaccionarias sin discurso alguno. Quedaron ambas como grupos de puro acto gratuito soreliano. Peor, fascistas por igual. Aún más, “terroristas” por igual, en acertada calificación dada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, decenas de ONG. Tirios y troyanos bajo la misma etiqueta, el mismo baldón “criminales de guerra”. Se esfumaron los Robin Hood de uno y otro pelambre. ¿Y el Estado?, para nada molesto. Y cómo lo iba a estar, si ahora sí hay campo abierto para la vía militar como la única vía posible en un país de salvajes y de los cuales 36 “muchachos” son la quinta esencia (también los “mayorcitos”, los de escritorio). Ya sin máscaras ¿qué queda? Pues los rostros de unos desalmados que serán perseguidos en esta y otra vida por las almas en pena de los nueve bebés que murieron en la iglesia en el vientre de sus madres.
¿Terminada la masacre terminó la sevicia contra Bojayá?
No. No terminó. Luego del enorme sacrificio no se calmaron las aguas del Atrato. A ese, el lugar más puro de la geografía patria, lleno de ríos, aguas de todo tipo, feraces tierras, bosques y selvas de ensueño ¿cómo le iba a llegar la paz si tiene como su principal falencia el más rico de los tesoros, ser corredor estratégico, avenida formidable entre el épico río y el mar que conduce naos cargados no de productos exóticos de la selva, sino de droga hacia los puertos del mundo? Allí, en el lugar mágico de la conjunción de las dos Américas de tierra firme grupos, grupúsculos, clanes, bandas y todo tipo de delincuencias se disputan como fieras humanas —no animales—, el control de las zonas de la ilicitud. También de la cobardía del Estado que renuncia a ejercer su presencia y autoridad por temor, connivencia o falta de hasta una simple visión geopolítica que le impide ver ese Golfo de Corinto que es el Istmo. País andino y ladino. Nepal de América. Miope y claudicante. Y, no garante. Por lo demás, mal deudor, mal reparador. Desmemoriado, como lo demuestra un aviso a la entrada del pueblo mártir del Chocó: “El 2 de mayo de 2002 aquí las Farc asesinaron a 119 personas ¡Que no se nos olvide nunca!”. Desmemoriado, porque a la masacre le han seguido decenas de otras masacres un poco por toda la geografía nacional. Desmemoriado el Estado colombiano. Y sin sentido de la estética del dolor la Iglesia, o el jerarca que, en un acto de desconocimiento del valor simbólico de la tragedia, embadurnó el Cristo de Bojayá con trementina, pintura o brea supuestamente para mejor conservarlo robándole todo la carga de dramatismo que tenía luego de recibir la criminal descarga de nuevos clavos lacerantes ("Bojayá: la guerra sin límites". Centro Nacional de Memoria Histórica).
A guisa de “reparación”
El Estado colombiano cumplirá entre el 11 y el 19 de noviembre con el acto de entrega formal de los muertos de la Masacre de Bojayá, en el cual se realizará velorio y entierro según las costumbres de la comunidad. ¿Se pretende que sea a título de reparación? El acto está a cargo de la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, entre otras entidades. Los restos de las personas fallecidas el 2 de mayo del año 2002 serán entregados en 101 cofres, a sus familiares (ver: HN13 31 de octubre de 2019).Unidad apoyará con más de 1.500 millones de pesos el acto de Entrega formal de los muertos de la masacre de Bojayá. El director, Ramón Rodríguez, reveló que con estos recursos se asegura la participación de los familiares directos de las víctimas (cónyuges, padres, hijos, hermanos, sin importar el número) o máximo cinco personas por víctima para los casos que no existan familiares directos. “Bajo sus principios y sus costumbres, se apoyará este proceso, para garantizar el transporte de las comunidades, la alimentación y alojamiento de todos los días que ellos requieren”. Igualmente, se proveerá todos los materiales necesarios para los actos simbólicos previstos por la comunidad para el recibimiento de los cuerpos en Bellavista y su recorrido por el río, al igual que los actos simbólicos previstos para el viaje de los cuerpos a Pogue. También se ha realizado el acompañamiento psicosocial que han tenido desde el primer momento que se hicieron los procesos de concertación y exhumación”. Durante el proceso de entrega que inicia el 11 de noviembre, se garantizará la preparación a las familias, previa a las explicaciones técnico-científicas y el proceso en general, permitiéndoles a los familiares conocer y comprender el tipo de información que van a recibir, para lo cual la Unidad ha dispuesto de doce profesionales psicosociales (ver: H13N 31 de octubre de 2019). Los cuerpos fueron exhumados por segunda vez en mayo de 2017 para lograr su identificación y solemne dignificación según sus usos y costumbres. El 6 de diciembre de 2015, se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de las Farc a la comunidad, recordándoles esta que la Reparación Colectiva era indispensable y no solo con símbolos.
Por su lado, el Centro Nacional de Memoria Histórica seguirá haciendo el acompañamiento y aprendizaje con la comunidad de Bojayá, que inició en los años 2009-2010, en el marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, cuando el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) produjo el informe “Bojayá. La Guerra sin Límites”. Con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley 4633 y 4635, el GMH pasó a ser parte del CNMH, entidad dentro de la cual se creó el equipo de Enfoque Diferencial Étnico fortaleciendo el grupo de cantadoras del Consejo Comunitario de Pogue. Todo esto dentro de una perspectiva de memoria histórica y de reconstrucción del entramado familiar que por medio de los relatos de vida de sus familiares ausentes dignifica y hace un homenaje a su memoria bajo el principio del reconocimiento al derecho a la verdad y la memoria histórica garantizado mediante: 1. El desarrollo de procesos de fortalecimiento, construcción, adecuación, mantenimiento, preservación y transmisión de las memorias de la subregión del Medio Atrato; 2. El reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades, autoridades y organizaciones étnico-territoriales; 3. La comprensión de atrateños y atrateñas de las relaciones entre la historia de los pueblos, la larga duración de los conflictos y las condiciones históricas que producen la marginación y los atropellos; 4. El compromiso real con la verdad, la justicia y las garantías de no repetición; 5. La reflexión permanente sobre el presente y el futuro de las comunidades y el territorio.
Como resultado del proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se efectuará la entrega de 78 cuerpos plenamente identificados, entrega simbólica de 2 cuerpos que no fueron hallados, una fosa llamada “75” que corresponde a restos misceláneos que no pudieron ser asociados a los otros cuerpos identificados, un cuerpo no identificado de un menor de edad aproximada entre 4 y 8 años, 9 bebés que murieron en el vientre de sus madres y 8 víctimas que continúan desaparecidas. En total se entregarán 99 cofres que se inhumarán debidamente en un mausoleo construido por el Ministerio de Interior y de Justicia en la comunidad de Bojayá.
Vuelven los victimarios. Mejor, nunca se han ido. Vuelan como buitres sobre cielo puro
Luego de la infame masacre, uno podría pensar que bárbaros, salvajes, asesinos y victimarios respetarían el dolor de los habitantes de Bojayá, pero no hay tal acto de humanidad. En efecto, continuos choques entre el ELN y los Urabeños dejan a unos siete mil habitantes atrapados por la mala hora de los enfrentamientos. Bojayá es un lugar crucial a lo largo de dos rutas principales de tráfico de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha estado advirtiendo sobre el confinamiento de unas 2.800 personas en la ciudad desde febrero de 2019 . Esta organización atribuyó la situación a un "aumento de la presencia, así como de acciones armadas, del Ejército de Liberación Nacional (ELN)", entre otros. Bojayá se conecta con la frontera sur de Panamá, con el departamento de Antioquia al este y pueblos como Bahía Solano en el Océano Pacífico al oeste (ver: Javier Villalba 9 de mayo de 2019.)
Colombia, bajo la doctrina del “Respice polum”, quedó alineada desde la Primera Guerra Mundial con la causa aliada. Alianza ideológica, cultural, geográfica y hasta natural. Bajo la Segunda, hizo igual y por las mismas razones. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 por supuestas fuerzas extracontinentales ajenas a la cultura y democracia occidental, el triunfo aliado, la bipolaridad ideológica entre las dos grandes potencias continuaron alineándola bajo “occidente” nuevamente. Manes de la “Guerra Fría” iniciada desde el Pacto de Yalta. Pese a que en la actualidad soplan “vientos del Este”, se considera que esa guerra terminó con la caída del Muro de Berlín. Terminó casi en todo el mundo, por lo menos en América Latina. Pero, no en Colombia donde ella se prolonga como un remanente que no nos abandona desde hace 79 o 71 años. La masacre de Bojayá, es la infame prueba.
