Con tradición en el negocio, tres grandes constructoras orientaron el negocio hacia la construcción de viviendas para los sectores populares, aprovechando las políticas incorporadas por el gobierno de Álvaro Uribe para superar el déficit habitacional del país que para 2005 era del 12,5 %, que incluyó la financiación de la construcción a través de subsidios y créditos otorgados por intermedio de Fonvivienda, el Banco Agrario, las Cajas de Compensación Familiar, la Caja Promotora de Vivienda Militar, Findeter y el Fondo Nacional del Ahorro.
Las tres principales constructoras de vivienda, con más ventas en 2021, son Amarilo, Constructora Colpatria y Marval. Según el Dane, durante el período comprendido entre enero a diciembre de 2021, las entidades financiadoras de vivienda desembolsaron $14,1 billones para la compra de inmuebles, mientras que en 2020 fueron $ 16 millones.
Roberto Moreno, fundador y presidente de Amarilo desde hace 30 años
Amarilo nació de la mano del ingeniero industrial y economista Roberto Moreno, colombiano nacido en EE.UU., quién se había iniciado en el sector de la construcción junto con su hermano Luis Alberto Moreno y Gustavo Canal con obras en la Sabana de Bogotá a principios de los 80. Sin embargo, la crisis los años 80s lo obligó a regresar a EE.UU. donde se dedicó a vender apartamentos a latinoamericanos explotando el florecimiento del negocio de finca raíz en el sur de la Florida.
Moreno aprovechó la llegada del gobierno de Cesar Gaviria y la apertura económico y regresó al país en 1992 para fundar junto con Enrique y Hernando Mazuera, sobrinos del reconocido constructor y ex alcalde de Bogotá, Fernando Mazuera Villegas, la empresa que se convertiría más adelante en la constructora Amarilo. Iniciaron con la estructuración, gerencia y venta de un gran proyecto de 900 apartamentos de interés social en Ciudad Tunal en dos grandes terrenos del antiguo Banco Central Hipotecario - BCH que inició ventas en febrero de 1993.
Tres años después incursionaron en otros segmentos del sector inmobiliario como centros comerciales, logísticos, empresariales y bodegas. Con los años, ampliaron su foco a la construcción y la venta, consolidando una integración vertical de servicios que resultó muy exitosa, para el 2004, era ya una de las cinco constructoras más grandes del país. Su gran impacto ha sido el concepto de crear “ciudades dentro de ciudades”, que empezó en 2005 con el gran desarrollo de Fontanar, en Chía, donde hay una integración de la vivienda con las zonas verdes, centros comerciales, colegios, etc.
Amarilo aprovechó los Macroproyectos de Interés Social Nacional incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, del segundo gobierno de Álvaro Uribe, para liderar el desarrollado del macroproyecto de Ciudad Verde en 328 hectáreas en Soacha aprobado por el gobierno en 2009, que incluye 53.000 viviendas distribuidas en 121 conjuntos residencias, centros comerciales, colegios, parques y zonas verdes. Concepto que ha desarrollado en más de diez proyectos como Alameda del Rio en Barranquilla de 24.000 viviendas, Proscenio y Lagos de Torca en Bogotá.
Amarilo en proyectos de centros comerciales como Fontanar en Chía y Arkadia en Medellín, es socio de Spectrum, una empresa de la familia Herrera de Guatemala un conglomerado agroindustria identificado como grupo Pantaleón. En 2008, Amarilo expandió sus operaciones a Panamá con proyectos residenciales bajo la firma Amarilo Panamá.
Rafael Augusto Marín Valencia, presidente de Marval, junto con su hermano Sergio quién es el gerente dirigen la empresa
Marval, nació en 1976 de la decisión de Alfonso Marín Morales y Luz Marina Valencia de constituir esta empresa familiar con sus seis hijos, el nombre es el acrónimo de los apellidos combinados de los padres. El primer edificio lo construyeron en Bucaramanga con el nombre Marval, zona del país donde se afianzaron con diferente proyectos hasta 1993 que llegaron a Bogotá para trabajar en obras públicas como ciclorutas, alamedas y Transmilenio, una expansión que no quedó allí, tres años después incursionaron en la construcción de vivienda en la Costa Atlántica, y a inicios de siglo llegaron a Cali.
Alfonso Marín estuvo vinculado a la política por el partido conservador y fue aspirante al senado sin lograr la elección, una filiación que sus hijos han mantenido en la policía donde se mueven con bajo perfil, pero que tiene peso, en Bucaramanga se comenta que ningún político interesado en la región deja de pasar por las oficinas de los Marín Valencia.
La llegada al poder del presidente Betancur con una serie de planes de entrega de casa para los estratos bajos sin pago de cuota inicial los cuales que se canalizaron a través del Instituto de Crédito Territorial dirigido por María Eugenia Rojas de Moreno, le permitieron a Marval construir los primeros proyectos de viviendas sin cuota inicial en El Socorro y Girón, posteriormente vendrían otros en el municipio de Floridablanca.
Durante los gobiernos liberales de Virgilio Barco, Cesar Gaviria y Ernesto Samper Pizano, se dedicaron a proyectos de construcción de edificios de vivienda y casas privadas, y regresaron fuerte al sector público durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana, con la construcción de cuatro cárceles: la de Popayán, El Barne en Boyacá, la de La Dorada y la de Cúcuta, y posteriormente, construiría en consorcio la de cárcel de Combita en Boyacá, otra entre Buga y Tuluá. Y en Bogotá, un proyecto de 2.000 unidades de vivienda de interés social en El Tintal, 1.500 en Timiza, y 1.500 en la primera etapa de Metrovivienda.
Marval fue una de las empresas favorecidas con el proyecto de casas gratis en el gobierno de Santos, época donde Rafael Marín entabló amistad con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, convirtiéndose en una de sus empresas favoritas, en 2016, y emprendieron un proyecto grande con el instituto de vivienda de interés social de Bucaramanga.
Tres años después, en 2019, el consorcio conformado por Marval S.A., Construcciones Marval S.A. y Constructora Bolívar fue el ganador del Plan Parcial Tres Quebradas en la Localidad de Usme de la Alcaldía de Peñalosa en Bogotá, por valor de $ 600 mil millones.
Andrés Largacha CEO de Constructora Colpatria desde 2018
Constructora Colpatria es parte del Grupo Colpatria, en el que la familia Pacheco en cabeza de Eduardo Pacheco Cortés tiene un peso importante. En un proceso de expansión cuando a partir de 1972 al implantarse el UPAC creó la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria para financiar vivienda, y que lo llevaría posteriormente a involucrarse en su construcción. En 1977, crea la Constructora Colpatria, que durante diez años terceriza los proyectos, pero hacia el año 1986 se mete directamente en su construcción.
Ante las crisis financiera que tuvo origen en el mercado hipotecario y que trajo contracciones en el mercado a finales de los 80s, decidió diversificar el riesgo y aprovechar las oportunidades de construcción de otro tipo de vivienda como grandes superficies, centros comerciales, cárceles y centros educativos. La diversificación ha sido la clave del éxito de Constructora Colpatria.
Posteriormente, entre 2006 y 2007, incursionó en el negocio de la infraestructura y las concesiones, donde ha participado en proyectos como la Avenida Longitudinal de Occidente, la doble calzada de Ibagué-Girardot-Cajamara, el terminal de contenedores de Buenaventura, entre otros. Un sector en el que se consolidó el año pasado con la adquisición del 10,6 % de Construcciones el Cóndor.
También, desde 2007, cuenta con operaciones en México y Perú, en el primero ha trabajado proyectos de vivienda de interés social para los segmentos bajo y medio poder adquisitivo, en el segundo mantiene las mismas unidades de negocio que en Colombia, vivienda más otras construcciones e infraestructura.
Estas tres grandes empresas deberán sobreaguar el momento difícil que atraviesa el sector que no logra aun repuntar en el gobierno Petro, y que en enero experimentó un retroceso en las ventas del 48% con respecto al mismo período del año pasado, y que continúa subiendo, llegando al 54 % en febrero, según cifras de Galería Inmobiliaria.
Según Fedesarrollo, la disposición para comprar vivienda ha caído en un 51 %, y los desistimientos de compra de las familias que ya estaban pagando cuotas iniciales y tuvieron que retirarse fueron de un 22 %, el más alto de la década, los desembolsos de créditos hipotecarios de contrajeron un 28 %. La inflación ha golpeado el precio de los insumos, que unidos a un aumento en las tasas de interés hipotecarias para el comprador y de crédito para el constructor, han encarecido la vivienda. El gran riesgo es que los proyectos de Vivienda de Interés Social – VIS, que en el 2022 llegaron a ser el 70 % de las ventas de vivienda en gran parte gracias al programa Mi Casa Ya, sean inviables cuando son casi la única alternativa para las personas de bajos recursos.
