Colombia se proyectaba a principios de 2010 como una de las economías más prosperas de América Latina y el mundo. Vincularse a la Alianza del Pacifico junto a países de crecimiento superlativo en los últimos años y ser tomada en cuenta dentro de las CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquia y Sudafrica) por Robert Ward, director de la Economist Intelligence Unit, presagiaban que los años dorados de la economía colombiana estaban por venir. A pesar de las nefastas consecuencias de la gran recesión mundial Colombia se posicionaba como una economía emergente que sorprendía a propios y extraños, con un crecimiento promedio de 4.35% entre 2002 y 2010 según datos oficiales del Dane. Si bien es cierto que los altos precios del petróleo jalonaron en gran medida el aparato productivo del país, el gobierno del presidente Alvaro Uribe supo sacar provecho de dicha coyuntura generando un clima financiero propicio para la confianza inversionista y el consumo interno.
Sin embargo, el cambio de administración en 2010 tuvo efectos contraproducentes para la economía en su conjunto con diversas decisiones macroeconómicas que, como si de perjudicar se tratara, provocaron un marcado retroceso en el sector. Aunque los altibajos de la economía colombiana tienen gran fundamento en factores exógenos imposibles de controlar, en el mismo sentido son innumerables los errores y desaciertos de las autoridades competentes en la materia, desaprovechando las sólidas bases de una política económica expansiva que dio grandes réditos al país. A pesar de contar con mejores condiciones y un panorama propicio para el crecimiento económico las cifras del sector dentro de la administración del presidente Juan Manuel Santos no son nada alentadoras; entre 2011 y 2017 el PIB de Colombia tuvo una variación positiva promedio de 3.82% con caídas sucesivas desde el año 2013 hasta la actualidad, con un crecimiento mediocre de 1.8% en 2017 cuya cifra solo es comparable a la del año 2001; todas estos datos confirmados por el Banco de la República y el DANE.
Para aliviar los síntomas del crónico estado de salud que presenta la economía colombiana el presidente Santos tiene a su gabinete trabajando en un remedio que, con total seguridad, será peor que la enfermedad; eliminar tres ceros del peso en una reforma que costará la apoteósica suma de 400.000 millones de pesos para “facilitar la vida de los ciudadanos” según explica el ministro Cárdenas. En última instancia esta modificación tiene la finalidad de ilusionar a los consumidores con un mayor poder adquisitivo luego de los golpes propinados al consumo interno; sector que representaba nada más y nada menos el 64.7% del PIB para el año 2015 según el reporte del Banco de la República.
¿Qué tal si en vez de quitarle los tres ceros a la moneda le ponemos un cero a las peores tres medidas económicas de este gobierno? Un breve relato sobre la triada de hechos más lamentables de la política económica reciente no está demás.
El primer cero es para la gestión del gobierno nacional frente al tipo de cambio. Colombia había dado grandes pasos hacia la reducción de la brecha de disparidad frente a importantes monedas internacionales, situación que colocaba al país en un excelente escenario para un alto poder adquisitivo en el consumo interno; sector que tiene una repercusión de grandes proporciones en una economía dependiente del petróleo. El presidente Santos recibió el país con un dólar a 1.842 pesos fruto de las buenas medidas macroeconómicas adoptadas en el gobierno anterior, pese a ello la moneda nacional fue perdiendo paulatinamente su valor alcanzando picos de 3.324 pesos por dólar el 7 de diciembre de 2015.
La justificación de esta conducta según el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas radicaba en apoyar a los cafeteros que, por diversas razones, estaban quebrados por los bajos niveles del dólar y su reflejo en la exportación del café. El gobierno favoreció el bien particular sobre el común beneficiando a un sector de la economía mientras perjudicaba al grueso de la población. El problema de fondo de los cafeteros no está relacionado al tipo de cambio; tiene que ver con la falta de incentivos al agro, la dificultad y alto costo de transportar el café aunado a la superlativa carga de impuestos que golpea sin discriminación alguna al pequeño y mediano empresario.
La reforma tributaria es el segundo pecado del actual gobierno, sin embargo, puede ser la medida más nefasta de los últimos años. Subir el impuesto al valor agregado del 16 al 19%, incluir un impoconsumo de 4% para datos de telefonía móvil y gravar los dividendos con una tarifa del 10% si son superiores a 29.7 millones de pesos son algunas de las principales medidas radicadas en la reforma que atentan de manera directa contra el bolsillo de los colombianos. Esta nueva reglamentación aprobada bajo toda clase de trapisondas un 28 de diciembre en altas horas de la noche tenía como finalidad cumplir ciertos requisitos para que las calificadoras de riesgo mejoraran su perspectiva frente a la nota crediticia del país.
Las malas prácticas del gobierno continuaron y el objetivo no llego a feliz término, los resultados negativos de esta coyuntura no tardaron en aparecer. Standard & Poor´s, la principal calificadora a nivel mundial bajó la nota crediticia del país un año después de la reforma aduciendo tres razones fundamentales: Un crecimiento más débil de los esperado en 2017, la dependencia de ingresos extraordinarios y sobretodo… el bajo desempeño de la reforma tributaria. Esta combinación demuestra nuevamente la incompetencia de ciertos personajes que, a pesar de un curriculum ubérrimo de títulos y honores, no tienen la capacidad de entender las necesidades básicas de la sociedad colombiana en temas económicos.
El desafortunado manejo del gasto público es otra de las cuentas pendientes que deja el gobierno Santos, caracterizado por derrochar en aspectos que no repercuten en los ámbitos críticos de la economía y por el contrario incentivan un mayor desequilibrio en las cuentas del erario público. En este sentido el gasto aumento de 95.976 millones en 2010 a 163.292 millones de pesos en 2016 según el Banco de la República; un incremento del 70,1% que reafirma la pésima gestión financiera del gobierno nacional, como si las cuentas de país se ubicaran en un barril sin fondo del cual se puede sacar de manera indiscriminada toda clase de dineros sin reposición alguna.
El mayor regalo que deja el actual jefe de la Casa de Nariño a quien lo suceda es un déficit fiscal de inmensas proporciones, que obligará a un ajuste pronunciado del gasto nacional si se quiere recuperar un segmento esencial para el bienestar de la economía. Sin contar que la deuda externa se acerca a niveles nunca antes vistos para el país 4 años serán verdaderamente cortos para arreglar la estructura de una economía que se cae a pedazos. Comete un error de grandes proporciones el ejecutivo nacional al creer que, este sinfín de desaciertos, puede arreglarse quitándole tres ceros a la moneda; con tres ceros debemos calificar la gestión de Juan Manuel Santos y su grupo luego de uno de los mayores retrocesos económicos de Colombia en su historia reciente.
