La primera actuación jurídica por la intervención de la EPS Sanitas ya tuvo efectos. La procuradora Margarita Cabello aceptó la queja que le hizo llegar el Grupo Keralty y le abrió investigación disciplinaria al superintendente Luis Carlos Leal por una aparente falsa motivación para poder intervenir la segunda EPS con más afiliados del país.
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Desde el mismo momento en que conoció la decisión en contra de la EPS, su dueño el español Joseba Grajales, puso a funcionar desde Madrid sus equipos jurídicos para intentar reversar la toma de la entidad realizada por el gobierno Petro en cabeza del superintendente Leal.
El primero en mostrar la cara fue el Representante legal del grupo, Juan Pablo Currea, quien firmó el comunicado con la posición de la compañía, al tiempo que junto al holding de la compañía denunció al superintendente por una presunta extralimitación.
El contrataque jurídico de la Eps se hará desde dos frentes en los que tiene expertos juristas, colombianos y españoles, para defenderse legalmente. El grupo de trabajo legal desde Madrid lo lidera el español Manuel Muñoz, asesor de Joseba Grajales, en la EPS Sanitas, quien conoce muy bien la compañía de salud en la que trabaja desde hace más de dos décadas y quien trabajó de la mano en Colombia con el caleño Carlos Azuero, un abogado de la Icesi de Cali, quien hasta febrero formó parte del equipo jurídico de la EPS. Trabajó allí durante 6 años después de ser codirector de la firma AOC Abogados Consultores y de ser parte del reconocido bufette de abogados G Herrera y Abogados Asociados.
Desde Colombia el equipo de abogados que representan el Grupo Keralty está en cabeza del abogado de la Universidad de Boyacá, con credenciales de especialización y maestría del Rosario Mauricio Paez, quien está al frente de la viceprsidencia jurídica desde hace 4 años, llegado desde el Consejo Superior de la Judicatura donde estuvo también 4 años como oficial mayor. Paez trabaja junto al también experto en derecho contractual y de seguros José Luis Iriarte, formado en la universidad Libre y en el Externado, quien fue en el pasado asesor jurídico de Mintic y director jurídico en empresas corredoras de seguros.
Lo más seguro es que los abogados de la EPS Sanitas y del Grupo Keralty fortalezcan sus equipos jurídicos con asesorías de bufetes externos, expertos en temas específicos. La pelea, que puede llegar hasta las salas de la Corte Constitucional, apenas arranca. El empresario Joseba Grajales, quien compró Sanitas en 2013, pondrá todo su andamiaje para no dejarse quitar la EPS que factura al año casi $9 billones al año y atiende cerca de 6 millones de pacientes.
