Ninguna duda hay de que la pandemia ha sido un factor que determina el momento histórico que estamos viviendo. Y que su efecto es negativo y el que más pesa en la crisis del momento.
Tampoco se puede negar que varios de los males que vivimos son atávicos, que han caracterizado nuestro pasado, y que se siguen manifestando en nuestro presente.
Pero no son los únicos factores que pueden explicar el porqué Colombia está envuelta en lo que probablemente es la peor situación de la historia reciente.
El que las Cortes y toda la Administración de Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas, el presidente, la prensa y los medios de comunicación, en fin , toda la institucionalidad se encuentre el nivel más bajo de aprobación y más alto de rechazo que hallamos tenido significa que existe un punto en común como explicación.
Supuestamente la ‘corrupción’ permea y explica todas los problemas de funcionamiento de nuestra sociedad, como si durante los últimos años la naturaleza del ciudadano colombiano hubiera sufrido una transformación que lo induce al delito sin que el marco dentro del cual vive tenga nada que ver.
Sin embargo, lo que debe entenderse es que ese marco, es decir la Consitucion de Colombia dentro de la cual se encuadra la suerte actual del país, es necesariamente la raíz de dónde se deriva toda la situación actual.
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La Constitución dentro de la cual se encuadra la suerte actual del país, es necesariamente la raíz de donde se deriva toda la situación actual
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Con motivo de los treinta años de su existencia se puede hacer un balance.
El más concreto es el de las callles. El inconformismo que con las manifestaciones se expresa va mucho más allá de la protesta inicial contra la Reforma Tirbutaria que las disparó. Va más allá de las las pretenciones que se presentan y que supuestamente de resolverse acabarían la violencia y las angustias de la población. La realidad es que las razones de la movilización no son claras -tal como lo señalan quienes la estigmatizan- es porque no se fundan en objetivos que se aspira alcanzar, sino en la insatisfacción con las reglas del juego bajo las cuales viven, es decir bajo las creadas por la actual Constitución.
Pero igual de concreto puede ser el de las opiniones, sobre todo las de los ‘defensores’ al respecto. Porque prácticamente todos, absolutamente todos, coinciden en presentarla como una magnífica Carta pero mal desarrollada. Es decir, confirman su fracaso pero sin admitir que sea culpa de su propio contenido.
Aparentemente todo sería una maravilla si los diferentes propósitos inscritos en el texto se hubieran cumplido, pero no se achaca a los mecanismos que se contemplaron la falta de resultados, o peor, los resultados que hoy se ven.
Reivindicarla porque en estos 30 años se ha avanzado en educación, en salud o en cualquiera de los aspectos que se asocian con el crecimiento o el desarrollo, es como pretender hacer méritos porque tenemos más automóviles que el siglo pasado. En cambio sobre lo que existe consenso es que a pesar de cerca de 50 reformas ya pasadas las que urgen son las más importantes.
Desde entonces nuestra economía ha sufrido las dos peores crisis desde la Gran Depresión. Seguimos liderando en el mundo en desempleo, en desigualdad y en pobreza; la comparación con la mayoría de países, sean del primer, del segundo o del tercer mundo, nos es desfavorable ¿La Carta que trajo, permitió y propició la implantación del neoliberalismono no compartirá alguna responsabilidad por su fracaso?
Se proclama que el gran avance es una Constitución ‘garantista’, una ‘Carta de Derechos’, una Jurisdicción de Tutela que con la Corte Constiucional conforman la protección del ciudadano contra la posibilidad de fallos judiciales que violan sus ‘derechos fundamentales’.
Pero, por la prioridad que se le otorga a la tutela y porque dejó de limitarse al amparo del ciudadanos ante el Estado; porque la Corte se autoasignó la facultad de ‘modular’ o legislar y sentenciar sin que exista norma preexistente, pudiendo además reversar la Cosa Juzgada de las otras Altas Cortes; por todo esto la realidad es que se acabó en la total inseguridad jurídica, suplantando a la Administración de Justicia por una figura que por su naturaleza es excepcional y solo supletoria de la ordinaria.
¿Ha mejorado el sistema político? ¿O la confianza social cuando la presunción de buena fe o la de inocencia desaparecen? ¿Cuál es La Paz 30 años depués de la Constituyente de la Paz? ¿O cual la armonía ciudadana con una polarización que casi se asemeja a la de la época de ‘la violencia’? Paramilitarismo, ‘articulito’, ‘falsos positivos’ fueron su primer desarrollo; hoy se polemiza y polariza alrededor de Derechos Humanos, Acuerdo de paz, Derecho a la Protesta, ‘vandalismo’.
¿De verdad se puede defender que la Constitución del 91 mejoró al país? Con razón no se abre el debate sobre el tema, porque eso sí concluiría en una nueva Constituyente.
