La constitución política de Colombia proclamada el 4 de julio de 1991 cumple 30 años de avatares en medio de tantas contradicciones que se posicionan en el ámbito de los bienes económicos, morales, políticos, jurídicos y culturales de los colombianos. Se convierte en un armazón político donde se pretende garantizar constitucionalmente a la sociedad, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y ante todo la paz.
La vida y la dignidad humana que toda persona en su fundamento ontológico alcanza, por su naturaleza del ser en cuanto ser, son derechos fundamentales plasmados en la constitución de 1991, donde la relevancia de los derechos individuales y sociales, aunados a los derechos inalienables de la persona humana, están inscritos en la corriente de pensamiento contemporáneo como seres libres y creadores; los cuales, son preexistentes al derecho positivo, ámbito donde se determinan las categorías fundamentales del individuo, como realidades humanas, sociales, morales, éticas, políticas o económicas; así como la manera en que se relacionan entre sí formando el tejido de nuestra sociedad.
Es necesario destacar que en la última década del siglo pasado y especialmente en los primeros dos decenios del nuevo milenio la violencia ha ocasionado tantas lágrimas, sufrimientos y dolor humano, representados en más de 6.402 “falsos positivos” y continuos asesinatos sistemáticos a líderes sociales, masacres y crímenes de lesa humanidad. Igualmente, se han registrado miles de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas por la violencia. Además, se convierten en hechos terroríficos y espantosos que nos dejan sin esperanza de vivir en paz, en tolerancia y fraternidad, entre todos los colombianos.
Por tanto, la conciencia de los colombianos durante el siglo XX y las dos primeras décadas del presente siglo se ha convertido en una actitud social y psicológica caracterizada por una aversión a la vida humana, porque el odio, el sufrimiento y la muerte en la cultura de la guerra dan prioridad al ejercicio del poder, del dinero y los intereses de una selecta minoría, sobre la vida, el bienestar y la convivencia, entre los colombianos, que en la esfera de la política y del ejercicio del poder, han posibilitado que nuestra constitución vuele por los aires en algunos aspectos como una costra seca.
Según Ernesto Sábato, el ciudadano como persona con sentido común, el escritor o cualquier individuo, tiene el deber moral por ser parte de la sociedad y del devenir histórico de sus pueblos, de denunciar y protestar cuando se comenten atrocidades contra la libertad, la justicia social, la igualdad, la democracia, la dignidad humana y la vida. Son acontecimientos importantes que debemos enfrentar para referirnos a estos treinta años de nuestra constitución política de 1991.
El economista colombiano Jorge Child, en su libro Fin del Estado, señala que después del derrumbamiento del bloque socialista soviético, se dejó el campo libre tanto al neoindividualismo como al neocapitalismo, al desaparecer la razón de ser de la "guerra fría". De allí, el reacomodamiento normativo constitucional de 1991, con la apertura, la internacionalización y la globalización de la economía así como las reformas constitucionales latinoamericanas que posibilitan la conversión de los Estados Unidos en una potencia económica, tecnológica, militar y política en la esfera internacional, mientras el pueblo colombiano se debatía en una guerra fratricida entre connacionales. Una guerra aupada por los recursos naturales y los intereses de una selecta minoría de colombianos.
Reflexionando sobre la ola de violencia y la guerra vivida en Colombia durante estas últimas tres décadas, aunque nuestra constitución política garantiza la vida y la dignidad humana, se observa una flagrante y constante violación de las normas constitucionales, de los derechos humanos y las libertades que han incrementado la barbarie y los asesinatos contra la población civil.
En este sentido, el modelo económico implícito en la constitución de 1991 muestra los entresijos de nuestra norma superior y el enorme poder de quienes imponen las reglas sobre los Estados, por ser los dueños de las fuentes petrolíferas y de los hidrocarburos. Así pues, su influencia a través de las grandes corporaciones, las empresas transnacionales, el capital financiero internacional, la industria militar y las nuevas tecnologías de la Información, se posesionan en el ámbito internacional como un poder hegemónico.
En Colombia y otros países latinoamericanos, en cambio, utilizan estrategias como la del narcotráfico que no solo degradan el Poder Público, sino que deslegitiman el Estado democrático social de derecho y en contubernio con la selecta minoría que gobierna a Colombia, violan la constitución y la soberanía nacional; lo cual, es sumamente grave cuando está en juego la legitimidad del Estado de derecho, la democracia, la libertad, y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos.
Hoy se ha dejado al descubierto el complot de los silencios alrededor de todos los hechos que han ensombrecido los derechos individuales y sociales consagrados en la constitución de 1991, que hubiesen salvado la paz y la convivencia pacífica en Colombia. Es evidente que los poderosos del mundo no develan los móviles o los medios reales de sus acciones y siguen utilizando el narcotráfico como cabeza de turco, en las estrategias para ejercer el poder en Colombia sin consideración alguna.
En estos tiempos al cumplirse 30 años de promulgada la constitución política de 1991, con 55 reformas y los impactos del desarrollo tecnológico, la singularidad tecnológica, los avances de las tecnologías 5G; es decir, las cuatro grandes tecnologías del futuro: la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología, la congnotecnología y la crisis sanitaria que agobia a la humanidad entera con el COVID-19 y, en su defecto, el misterio de una "Tercera Guerra Mundial Biológica", que impelen al gran poder del mundo a acordar nuevas formas de gobernar y convertirnos en ciudadanos sin fronteras. Así, todos estos avances vertiginosos podrían dar paso a una "Nueva Carta Política Global", con el deseo que sea real y efectiva.
Finalmente, se espera que el 2022 traiga nuevas luces de esperanzas para la paz, la vida digna, la convivencia pacífica y el cumplimiento de los derechos inalienables de la persona humana en Colombia.
