Se observa que hay asomos de una gran crisis institucional en Colombia; se ha hablado mucho recientemente de choques entre el poder ejecutivo y algunos sectores de la rama judicial del país, se ha expresado copiosamente sobre enfrentamientos entre las élites tradicionales y las coalición progresista; eso nos avoca a un período de grandes conflictos y conflagraciones sociales que más que evitar y soslayar, se requiere abordar y tratar con el mayor reposo posible. Por supuesto, bienvenida la movilización ciudadana pacífica, la exigencia de garantías para todos los sectores, pero también la necesidad de que las fuerzas vivas de la sociedad, es decir, los liderazgos, los partidos políticos, los gremios, los medios de comunicación, los movimientos sociales, las expresiones comunitarias territoriales, entre muchas otras manifestaciones colectivas, encontremos salidas y formas para tramitar las enconadas tensiones que van apareciendo.
Recordemos que el Estado es un dispositivo muy complejo, tanto como la sociedad, sus equilibrios siempre deseados y nunca logrados totalmente son la expresión del nivel de confrontación estructural y colectiva, que como todo lo tejido por los seres humanos está atravesado por el conflicto, muchas veces arraigado en pulsiones agresivas y atrapado en personalidades históricamente autoritarias; frente a esas tendencias, el largo proceso de secularización nos ha brindado una herramienta para enfrentar esas pulsiones en las relaciones sociales y son los derechos, como atributos inalienables y como prestaciones básicas respecto al Estado, pero también como referentes e instrumentos de mediación y construcción de las comunidades políticas.
Bienvenida la movilización ciudadana pero también la necesidad de que las fuerzas vivas de la sociedad encontremos salidas y formas para tramitar las enconadas tensiones que van apareciendo
Quizás en este caso cabe la frase popular: “zapatero a tus zapatos”, al Gobierno Nacional le corresponde aplicarse a su ruta de gestión pública del Plan Nacional de Desarrollo aprobado, Colombia Potencia Mundial de la Vida, que implica materializar las políticas acordadas en democracia, para lo cual siempre hay poco tiempo y pocos recursos, ante la magnitud de los problemas y retos de país; a la Fiscalía le corresponde operar investigando el delito y acusando los infractores ante los juzgados y tribunales competentes; se requiere que el ente fiscalizador se ocupe menos de generar polémicas y más de hacer justicia en un país lleno de estructuras criminales y de delitos de cuello blanco. Especialmente, el criterio de la democracia y la seguridad institucional, exige que la Corte Suprema de Justicia brinde garantías en la elección de la nueva fiscal general, con prontitud y trasparencia, pero ¿Cómo avanzar en ese sentido?
Toca insistir en que es fundamental que los conflictos se miren de frente y se traten sin romper la comunidad política; es decir, sin dañar el orden constitucional y los procedimientos democráticos. Todos los poderes del Estado deben centrarse en operar y en tratar las diferencias y tensiones naturales en una democracia, abordados mediante el reconocimiento de los derechos sustantivos y de los procedimientos; la sociedad debe reaccionar, no se trata de ser convidados de piedra ante diversas tentativas autoritarias de romper el orden constitucional, tampoco de asistir irreflexivamente a enfrentamientos sin salida viable. Ante los retos que se nos presentan, especialmente los relacionados con ponernos de acuerdo en medio de diferentes visiones sobre una ruta de bienes y relacionamientos comunes, toca que florezca la movilización creativa, inteligente y respetuosa.
