Luego de tantos ires y venires, finalmente se conoció la liquidación de la EPS Coomeva, una de las más grandes entidades prestadoras de servicios de salud en toda Colombia.
Después del tortuoso proceso que dio al traste con la corporación, todavía resulta fascinante el complejo entramado efectuado tras de este, el cual aún, sigue siendo investigado por las autoridades.
Así pues, se destaca que desde 2016 la EPS Coomeva se encontraba con medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ya que, según la Supersalud, se evidenció la imposibilidad de la entidad para solucionar la grave y crítica situación económica que atravesaba.
Además, todo se hizo pensando en la protección al derecho a la vida y la salud de los más de 1.2 millones de afiliados en todo el país para ese momento.
Por consiguiente, la EPS Coomeva venía siendo forzada a acatar las medidas de toma de posesión y la intervención obligatoria, bajo la dirección del agente liquidador especial Felipe Negret Mosquera.
A consecuencia de haber ignorado las directrices dadas por la Supersalud durante el plazo de cuatro años, entre las cuales se encontraban: superar estrictos planes de capitalización y atender con la debida diligencia la cantidad de quejas-reclamos de los afiliados en todo el territorio nacional (según el publirreportaje creado por Alfredo Serrano Zabala para El Espectador).
Ahora bien, la liquidación de la EPS Coomeva, fue una decisión del Gobierno nacional, luego de que la Supersalud adujera que la entidad incumplió las condiciones financieras y de solvencia, los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado; a consecuencia de la cantidad de pasivos que adeudaba, los cuales superan los 1.7 billones de pesos.
Además, contaba con una grieta de 204.230 millones de pesos en el patrimonio adecuado y pérdidas acumuladas superiores al billón de pesos.
A todo esto, se le suma que en el 2021 las pérdidas fueron de 109.219 millones de pesos, lo que generó un alto riesgo en la liquidez de la entidad al sospecharse del incumplimiento en las obligaciones. (Cifras dadas en el mismo informe de Zabala para El Espectador)
Aunado a toda la debacle financiera de la entidad, se le suma que la Supersalud evidenció que la insuficiente red de prestadores de servicios que poseía Coomeva afectaba la detección temprana de enfermedades y el posterior tratamiento de las mismas.
El ruido incesante de este escándalo hizo renacer informaciones respecto a un grupo de personas y funcionarios a las que hacen llamar “el cartel de los embargos”, actividad que jugó un papel importante en todo el entramado de la liquidación de Coomeva.
Según los altos mandos de la desdichada entidad prestadora de servicios de salud, este cartel pasó recobro de facturas falsas por más de 136 mil millones de pesos, y los juzgados fallaron a favor de las IPS, embargando a la EPS Coomeva.
Es destacable, que actualmente existen investigaciones en curso en la comisión de disciplina judicial contra algunos jueces y magistrados que resultaron inmiscuidos en todo este escándalo.
Sin embargo, el tema de todas las cifras económicas que pintan a la iliquidez de la reconocida entidad no es el único problema que a toda la población en general debe preocuparle sino más bien ¿cuál será el destino del más de 1.2 millones de afiliados que tiene la EPS en el territorio colombiano?
Es así como luego de que se diera a conocer la noticia de la decisión por parte del Gobierno nacional de liquidar Coomeva, entro en vigencia la orden de que los más de 1.2 millones de afiliados serán asignados y repartidos entre las aquellas entidades de salud que todavía sobreviven.
No obstante, la solución entregada por el Gobierno nacional a los afiliados en todo el país va en contra del derecho a la libre escogencia que tiene cualquier ciudadano a elegir la entidad de su preferencia.
Esto ocasiona una erosión de las garantías constitucionales y legales de los usuarios del sistema de salud.
Finalmente, se dice que los ciudadanos en el territorio nacional deberán permanecer al menos un tiempo en las EPS asignadas tras la liquidación de Coomeva para luego efectuar el traslado, sin preguntarle a cada habitante si está de acuerdo o no con la decisión, sin brindarle la seguridad jurídica de una asesoría cualificada y sin conocer las verdaderas necesidades del paciente.
Qué vergüenza da el deterioro en el que se encuentran las libertades individuales y las concesiones constitucionales, da escalofríos ver como se da por sentada la orden de la autoridad sin tener en consideración al afiliado.
Lo siento, pero que mal que el entramado tras la liquidación de esta entidad mancille las garantías legales de los ciudadanos.
