Tras la cascada de condenas y titulares de prensa sobre el atentado de que fue objeto el helicóptero presidencial mientras se dirigía al aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta quedan muchas preguntas. ¿Quiénes estarían detrás de este condenable y cinematográfico atentado? ¿Por qué se escogió el escenario de la frontera colombo-venezolana para realizarlo? ¿Quién fue y a quién(es) le sirve este tipo de atentados? ¿Qué hay detrás del humo de los disparos?
El atentado muestra lo enredada que está Colombia, gracias al cambio de agenda de paz por la guerra que hizo este gobierno. Se conocen ya algunas evidencias, apresuradamente recolectadas y presentadas a la opinión pública nacional e internacional, pero se desconocen los móviles y los responsables del execrable atentado. Para desenredar esta espesa maraña es necesario, por lo menos, agarrarse de tres hilos que permitan esclarecer lo que en el argot de la guerra que se conoce como una “falsa bandera”: ¿por qué se ha escogido este sitio?, ¿por qué en este momento?, ¿y a quién(es) le sirve? En relación con el primer hilo, hay que preguntarse por qué se escogió la frontera colombo-venezolana para acometer tamaña alevosía. Se trata de una de las “zonas rojas” donde se desarrolla, desde hace varios años, un conflicto de “baja intensidad”, que el gobierno Duque ha procurado escalarlo como un conflicto internacional, atendiendo las órdenes de Washington y del Ubérrimo, para justificar muchas de las operaciones militares en lo que se conoce como “el arco del Caribe” (I. Griffith, 1993).
El año pasado el gobierno norteamericano de Trump desplegó la flota naval del Comando Sur (U.S. Naval Forces Southern Command/US 44th Fleet), en aguas del Caribe, en una operación militar Multinacional denominada Martillo. Dicha operación estaba dirigida a interceptar rutas de narcotráfico y asfixiar al régimen de Nicolás Maduro. En el marco de esta campaña, el presidente Duque, junto con el exsecretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo y Juan Guaidó, pusieron en marcha la llamada operación Gedeón para derrocar al presidente Maduro que terminó con la captura de los mercenarios norteamericanos y colombianos que participaron en esta aventura, entre los cuales había infantes de marina colombianos.
Un año antes (febrero de 2019), la frontera colombo-venezolana fue el escenario del Concierto Ayuda y Libertad (Aid Live) donde, el recién autoproclamado presidente pro tempore de Venezuela, desembarco subrepticiamente en Puerto Santander escoltado por un grupo de paramilitares colombianos, como le denunció el Diario La Opinión de Cúcuta.
Según cifras de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la OEA (MAPP/OEA), en esta zona operan 17 grupos armados ilegales organizados (GAO), que se disputan el control territorial de estas áreas fronterizas estratégicas desde hace más de 20 años. De acuerdo con la Fundación Progresar de Norte de Santander, en el área Metropolitana de Cúcuta se libró una cruenta guerra entre los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo, las AUC Criollas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con miles de muertos, cientos de desplazados y desaparecidos y que terminó conformando el Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN). Esta organización criminal, integrada por aproximadamente tres mil hombres bajo el mando de los hermanos Escamilla – Luis Jesús Escamilla alias el “Concha” y Carlos Escamilla alias “Patevaca”- opera como una red de extorsionistas, escuadrones de la muerte y políticos corruptos que, tuvieron en el exalcalde, Ramiro Suarez Corzo, a su mejor colaborador. El EPN se financia con los dineros de las extorsiones, el narcotráfico y el contrabando de gasolina y otros bienes y servicios, controlando los pasos fronterizos y, especialmente, los territorios aledaños al aeropuerto de Cúcuta, como las Comunas Norte (6) y Noroccidental (7), desde donde se fraguó el “atentado”.
El momento del atentado deja muchos interrogantes y cabos sueltos. La comitiva presidencial regresaba de Sardinata, donde se celebró una reunión para presentar los avances del programa de gobierno Paz con Legalidad. Donde el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que la presencia militar en la zona había aumentado en un 150%, para garantizar “la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del Catatumbo” y destacó que era una respuesta de institucionalidad ante las amenazas del terrorismo, luego de los ataques contra la Brigada Militar en Cúcuta. Ante estas circunstancias cabe preguntarse, ¿quiénes organizaron el operativo de seguridad para el desplazamiento de la comitiva gubernamental por una de las regiones más convulsionadas e inseguras del país?, ¿cómo obtuvieron, los supuestos terroristas, la información de las características, los horarios y la ruta del desplazamiento de la comitiva para ser tan precisos y asertivos en sus disparos? Acá solo cabe una hipótesis, la información solo fue posible filtrarla desde la misma Presidencia de la República.
El helicóptero Black Hawk, donde se transportaba el séquito presidencial, es una nave de combate considerada una de las más seguras del mundo, diseñada especialmente por el Ejercito Norteamericano para resistir a los ataques enemigos y sobrevivir a los impactos de armas de largo alcance, durante la guerra de Vietnam. Está dotado de una cabina blindada para proteger a la tripulación y cuenta con dualidad de sistemas que le permiten maniobrar ante cualquier hostigamiento, responder con contundencia y soportar situaciones extremas. De tal manera que aún el más osado e infantil “terrorista” sabe que es un disparate apuntarle a esta nave con un fusil de las mismas características de los fusiles entregados al Ejército Colombiano durante la desmovilización de las Farc-Ep.
Uno de los funcionarios de gobierno que viajaba en el helicóptero le dijo a la prensa que, en el momento de los disparos, sintieron como si estuvieran “friendo crispetas” y solo cuando descendieron de la aeronave fueron informados de los (6) disparos que impactaron la aeronave. De tal manera que, por las evidencias recolectadas, se puede afirmar que este incidente no pasó de ser un mero hostigamiento que no logró asustar a ningún miembro de la comitiva de gobierno. Incluso el presidente Duque se mostró muy tranquilo y no pudo ocultar su impostura ante el atentado.
Sin embargo, lo más sorpresivo del incidente fue el hallazgo posterior de dos fusiles AK y 7-62 tipo FAL, que habrían sido utilizados en el atentado, con el registro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, abandonados en un potrero de la cabecera del aeropuerto. Imágenes que fueron rápidamente difundidas por el senador Ernesto Macías del Centro Democrático, quien viajaba al interior del helicóptero presidencial, y provocaron la declaración del Ministro Diego Molano quién afirmó: “He recibido información de una posible alianza criminal narcotraficante entre el frente urbano del ELN y las disidencias de las Farc, con organizaciones narcotraficantes y criminales que delinquen en Norte de Santander y tienen el respaldo de Venezuela”.
Por estas extrañas circunstancias cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que un “atentado” de esa magnitud hubiera sido encomendado a unos aprendices que dejan abandonadas las evidencias en un potrero? ¿Más aún, que las dejen en el barrio la Concordia, de la Comuna 6, territorio de operaciones de los grupos paramilitares, donde nada se mueve sin la anuencia del nuevo EPN?
Finalmente, ¿es válido preguntarse qué intereses que hay detrás del atentado? ¿A quién(es) le sirve? El atentado ocurre en el momento en que los últimos sondeos de opinión muestran la caída vertical en la imagen del presidente y el repudio generalizado a su gestión y a la brutalidad de las FF. MM.
Los hechos ocurren unas semanas después de la explosión del “coche-bomba” al interior del Cantón San Jorge de la Brigada 30, lo que le costó la cabeza a varios comandantes de la BM y que puso en evidencia profundas fisuras en la seguridad del Estado. Cómo lo afirmó en su momento, Gimena Sánchez-Garzoli directora para los Andes de la agencia norteamericana de Wola, declarando su escepticismo frente a esta clase de atentados: “Aún no se puede afirmar si fue un atentado o un "autoatentado" (…) Lo que sí es muy curioso es que ocurriera solo unos días después de que se hubiera levantado el paro nacional, cuando el gobierno ha emprendido una campaña global y, en especial en los EE. UU., para hacer creer que "Colombia está bajo el ataque" de terroristas urbanos, con el fin de aumentar la polarización y las tensiones en este país; y así también justificar la increíble violencia estatal ejercida durante las protestas”.
Esto ocurre, precisamente, como en la película de terror y ficción del español Santiago Jimenez, Trás del humo del disparo, donde los adictos al miedo y al terror necesitan del humo de los disparos como un "basuco" para sentir la adrenalina de la guerra.
Adenda 1: Con las recientes decisiones de ordenar la represión de los jóvenes manifestantes, la alcaldesa Claudia López decidió quitarse la desvencijada careta de demócrata, y dejar ver su verdadera cara de autócrata.
Adenda 2: Las renuncias del director de Derechos Humanos y del Secretario de Seguridad evidencian que hay algo podrido en el palacio de Liévano.
