Para iniciar debemos ser justos y entender que Transmilenio es necesario, claro está, en sus justas y reales proporciones. Negar eso es tirar a la basura millones en infraestructura, dos décadas de esfuerzo y una posibilidad para mejorar. Sin embargo, las discusiones que por años se han dado, o por lo menos intentando dar por parte de críticos y académicos, sectores a los cuales las administraciones sistemáticamente han ignorado o rechazado con argumentos estrictamente económicos y políticos disfrazados de técnicos, no han evitado que hoy el servicio tenga un nivel de satisfacción de apenas el 13% según la Encuesta de Calidad de Vida 2019.
La reflexión de hoy se da por cuenta del anuncio de la nueva Administración de Bogotá, en cabeza de Claudia López, quien prometió en campaña por la alcaldía dar esas justas proporciones al sistema de buses, pero que una vez en ejercicio la tiene atrapada en un falso dilema, con el agravante de poner más cargas al ya pesado diario vivir del bogotano promedio, asfixiado entre la contaminación, la inseguridad y el costo de vida. El anuncio es el aporte voluntario del 10% sobre el recaudo del impuesto predial, que será destinado para tener mayor cantidad de Policías en el sistema, algo que podría parecer razonable pero que en el fondo solo refleja un sistema inequitativo para la ciudad y sus habitantes.
En primera instancia, hay que cuestionar el falso dilema que con más policías un ambiente es seguro. Esta interpretación muy al estilo inglés, se fundamenta en que tenemos que tener un policía o una cámara al lado para comportarnos mejor, situación que se cae de su propio peso si miramos los grandes escándalos en los que ha estado sumergida la Policía Nacional por cuenta de sobornos y complicidades con las mafias de la capital. Creer que un sistema saturado y mal planificado se resuelve con pie de fuerza, solo es una muestra de ingenuidad o profunda ignorancia.
En segundo término, no se entiende como el bogotano que paga una tarifa más alta que el promedio de sus vecinos internacionales, debe aún aportar más dinero para resolver un problema creado por las administraciones y los privados que controlan un jugoso negocio de más de 2.4 millones de viajes diarios. Si comparamos la relación pasaje/salario mínimo diario, un trayecto de buses rojos de Bogotá representa el 8.5% del ingreso de un asalariado, mientras que en México un trayecto en metro representa un 4,5%, en Perú y Chile representa entre el 6-8% por tarifas en sistemas férreos igualmente (en el caso de Chile hay tarifas diferenciales). Cabe mencionar que al bogotano se le ha vendido la idea que un BRT es más barato que un Metro, situación que no se corresponde con la realidad ni con las tarifas que son las que realmente impactan al usuario en el día a día. Ejemplos se pueden seguir encontrando, la mayoría con tarifas más bajas, pero el punto de discusión es que este sistema muestra ser ineficiente y costoso. La cosa se agrava, cuando se mira como un sistema de transporte de una ciudad puede llegar a ser el florero de Llorente, como sucedió en las más recientes manifestaciones ciudadanas en Chile, que estallaron por causa del aumento en el sistema de transporte, pero que en el fondo solo reflejan la inequidad y agobio de la sociedad.
Como tercero, tenemos una pésima costumbre heredada de los gobiernos nacionales, hacer pagar al usuario por los problemas de los privados. La sociedad colombiana tuvo la impresionante carga de salvar a un sistema financiero autoquebrado, mediante un impuesto a las transacciones, el mal llamado 4 X 1000 del año 1998 (modificado al año por sentencias de la Corte Constitucional). Hoy por hoy, los bancos son los mayores responsables del PIB nacional, pero esas ganancias solo se distribuyen en un puñado de personas. Ahora la Alcaldía sugiere una contribución para mejorar el sistema, ¿pero y los privados qué? ¿Dónde está su responsabilidad e inversión en el negocio? Recordemos que el distrito les pone casi todo, aún así, el sistema es frágil, ineficiente y no se transfiere ningún tipo de carga al privado, como si la asume el usuario mediante tarifa y el distrito con nuestros impuestos.
Por último, el orden de los factores sí altera el resultado. Si bien es cierto, aún es muy cuestionable el costo del pasaje en Transmilenio, que parece no tener techo, es posible que los bogotanos estén dispuesto a asumir un mayor coste si el sistema fuera mejor. El orden de los factores es mejorar el sistema de transporte y luego pretender un aumento en tarifas y recaudos voluntarios. Aquí falta pedagogía, apropiación y campañas que ya no pasan por un par de valientes mimos al estilo Mockus, sino por tarifas diferenciales, eficiencia de rutas, frecuencias y controlar el costo de la tarifa hasta tanto no se vean mejorías claramente perceptibles para sus usuarios. Hasta tanto, Transmilenio será una carga obligada para la ciudad y sus habitantes.
