Dos mil dieciséis no fue exactamente el año de la paz, pero sí resultó decisivo en la marcha hacia una Colombia sin violencia política organizada. El sector de la sociedad nacional que dijo SÍ a los acuerdos de paz, no tuvo una dirección clara que le diera la identidad que las circunstancias estaban pidiendo. La Izquierda militante, por su parte, ofrece un balance bastante pobre sobre su incidencia social y no tuvo la capacidad de dinamizar el movimiento ciudadano por la solución negociada del conflicto armado. La derrota en el plebiscito constituyó su pico más bajo después de haber contribuido en junio de 2014 al triunfo de Santos sobre el candidato uribista. En el transcurso de las negociaciones de La Habana hizo esfuerzos por estimular la participación popular en el proceso, pero las metodologías de trabajo en la Isla no la propiciaron y finalmente, se vio relegada a reproducir, no siempre con oportunidad, los debates que allá tenían lugar. Las luchas reivindicativas y los movimientos sociales, por otro lado, marcharon casi siempre en paralelo con el asunto nodal de la paz, sin lograr articulaciones significativas para el logro de acuerdos más sólidos y definitivos. Ni la búsqueda de la solución negociada coadyuvó al fortalecimiento de la lucha reivindicativa por más democracia y mejores condiciones de vida, ni esta le aportó a aquella el impulso que las Izquierdas pretendieron.
Más allá del proceso de paz, la política colombiana en 2016 transcurrió dentro de los moldes y las tendencias del mundo Occidental que algunos han llamado de la “posverdad”, otros de “la rabia”, de los “populismos de derecha” o simplemente del desencanto con la globalización neoliberal. Solo que en nuestro país esas tendencias negacionistas se manifiestan, y con creces, desde muchos años atrás: aquí se dijo desde el gobierno pasado, e hizo carrera entre la Colombia idiotizada, que no había desplazados por la violencia sino “migrantes internos”; que la judicialización de los JorgeNogueras y otros alfiles del uribismo como los “chuzadores” del DAS, era una persecución política; que los opositores al gobierno eran “guerrilleros vestidos de civil”; que no vivíamos un conflicto armado interno sino una “amenaza terrorista”; que las ejecuciones infames mal llamadas “falsos positivos” eran solo un asunto de “manzanas podridas” dentro de la fuerza pública, etc. etc.
El año que recién culminó, le transfiere al actual algunas realidades y tendencias que jugarán decisivamente en la definición del futuro inmediato, principalmente en el período que se extiende desde hoy hasta agosto del año 2018 cuando haya cambio de guardia en la Casa de Nariño. La primera transferencia del año 2016 al 2017 es trágica: más de una centena de defensores de derechos humanos asesinados, en su mayoría líderes comunitarios y campesinos de regiones azotadas por el conflicto, donde próximamente tendrán lugar importantes proyectos de implementación de los acuerdos de paz. Este desangre ya continuó en enero, y amenaza constituirse en el acto de saboteo más dañino a la implementación de los acuerdos Gobierno-Farc. La ultraderecha armada busca que la taza de la paciencia se llene y se derrame, o que haya una respuesta con la misma moneda y una nueva confrontación devuelva todo el proceso a más atrás de su punto de partida.
Esta cadena de crímenes no sería tan grave si la Fiscalía abandonara su tesis de la “no sistematicidad”, que es la misma que esgrimió el Estado colombiano para hacerse el de la vista gorda cuando empezaron a caer los primeros mártires de la Unión Patriótica en la década del ochenta. Colombia y su territorio son complejos y diversos, su guerra y su violencia igualmente lo han sido; los grupos armados actúan federadamente y cada región escenifica el conflicto de maneras diferentes. Así las cosas, la “no sistematicidad” a la que hoy vuelve el Estado, deviene en un “comodín” para asumir cada asesinato como hecho aislado y evadir una imputación a actores organizados que delinquen en connivencia con agentes estatales o grandes empresarios al margen de la ley. Esperemos que a diferencia del genocidio de la Unión Patriótica, no sean las cortes internacionales cuando el daño esté consumado, las que en próximos años estén diciendo que otro genocidio para atajar la paz tuvo lugar en nuestro país.
El legado positivo del año 2016 es el despertar de importantes sectores de la ciudadanía a la lucha política que aconteció en la coyuntura pos-plebiscito. Esta tendencia podrá mantenerse hacia el futuro, y consolidará dos grandes fuerzas que provisionalmente podríamos llamar la del SÍ y la del NO, en relación con la postura frente a los acuerdos de paz de La Habana. Antes del plebiscito eran los actores en armas –Gobierno y Farc– los que protagonizaban la política y producían la noticia diaria; de alguna manera la política estaba militarizada. La tendencia ahora, es a dirimir en el seno de la sociedad civil las cuestiones cruciales del acontecer político, para que no sean los bombardeos ni las emboscadas, sino las marchas y plantones, los debates abiertos y civilizados, los congresos y asambleas, la concentración de multitudes y las fiestas, los escenarios donde se tendrán que dirimir los conflictos sociales colombianos.
Las FARC se convertirán en partido político y el Ejército Nacional deberá reducirse a lo estrictamente indispensable para defender las fronteras y liberar recursos económicos hacia la salud, la educación, la vivienda y el pan de muchos colombianos que no lo tienen. El presidente Santos borra con el codo lo que hace con la mano cuando coge cola para firmar convenios de cooperación con la OTAN. Anda detrás de esa peligrosa cooperación, para garantizarles el presupuesto y la nómina a los generales que con el posconflicto, están viendo amenazados sus privilegios y querrán ahora, convertirse en agentes de violencia en territorios ajenos. Colombia no puede alcanzar la paz para exportar la violencia; participar o colaborar con la OTAN a cualquier nivel es hacerse partícipe de la agresión a otros pueblos del mundo y convertirse en objetivo militar de los fundamentalismos antioccidentales. ¿En qué estará pensando el presidente Santos?
Otro pasivo que la sociedad hereda del año pasado, es la irrupción con mayor fuerza de las formaciones religiosas de orientación protestante y evangélica en la política nacional. No es un fenómeno estrictamente colombiano ni del año pasado; tales iglesias participaban ya en actividades políticas ungiendo a los candidatos de sus preferencias a cargos de elección popular, garantizando para ellos copiosas votaciones. Pero la campaña para el plebiscito por la paz, catapultó definitivamente al grueso de esas iglesias como una fuerza electoral capaz de decidir sobre asuntos vitales para la vida del país. Son miles de templos y organizaciones regadas por toda la geografía nacional, integradas por hombres y mujeres de fé, en su gran mayoría de los estratos más desprotegidos de la sociedad, que se unen para conjurar sus pánicos a la globalización, a los avances tecnológicos, a las libertades y a quienes piensan o actúan de manera diferente a ellos. Estas comunidades agrupadas religiosamente tienden a crecer, en la medida que el modelo de desarrollo neoliberal multiplica sus damnificados, y el poder mediático a su servicio, trivializando todo, construye a punta de consumismo y luces de colores un oscurantismo propio del siglo XXI.
Las comunidades de fé agrupadas en las mencionadas iglesias, objetivamente son víctimas del capitalismo neoliberal, pero sus niveles de alienación las hacen refractarias a todo discurso de liberación. Ello explica en gran parte, que hayan sido utilizadas por la extrema derecha del expresidente Uribe para votar contra los acuerdos de paz, tergiversados y falsificados de manera burda, como luego lo reconoció públicamente el gerente de esa campaña. En adelante, cualquier cálculo político tendrá qué consultar a esas fuerzas, si no se quiere pifiar como tristemente les ocurrió a las encuestadoras profesionales en el plebiscito del 2 de octubre.
En medio de esta confusión empiezan a abrirse paso las competencias electorales para congreso y presidencia de 2018. Ya hay precandidaturas y otras vienen en camino. Algunas campañas se organizarán alrededor de los asuntos de la paz, los acuerdos y las negociaciones futuras; otras buscarán temas de mayor impacto mediático, que puedan movilizar la indignación, principalmente el de la corrupción pública; otras se enfocarán en la crítica al modelo de desarrollo; otras intentarán canalizar hacia las urnas el odio a las minorías y el amor a las cadenas perpetuas y las penas de muerte.
Los sectores sociales del NO a los acuerdos buscarán unificarse alrededor de un candidato del Centro Democrático que tenga línea directa con el expresidente Uribe, de nuevo cabalgarán sobre los oscurantismos para lograr bancadas legislativas numerosas y un ejecutivo que frene la implementación de los acuerdos de paz. Las fuerzas del SÍ a los acuerdos son las que reúnen las potencialidades que necesita el país para salir a la otra orilla, la de la paz estable y duradera que abra el abanico de la lucha política democrática. Pero es al interior de ese macro-agrupamiento hasta hoy amorfo, donde habrán de producirse los cambios más importantes que la coyuntura reclama. Lo primero es que las estructuras partidistas y sus militancias algún día logren entender que son los movimientos sociales, populares y ciudadanos, los auténticos sujetos del cambio político. El “vanguardismo” está en la base de los repetidos fracasos de los proyectos unitarios en Colombia. La coyuntura posplebiscito de octubre pasado, mostró la potencialidad de las ciudadanías jóvenes del país frente a los más grandes retos que les corresponda afrontar.
En relación con el punto anterior, las estructuras de representación deben reducirse al mínimo posible, para privilegiar la horizontalidad y hacer que el debate fluya y la participación se amplíe. Es en esa deliberación abierta donde los grupos más pequeños y esclarecidos, las “vanguardias”, pueden y deben cumplir sus funciones, con el sano criterio de construir democracia y cultura política.
En el proceso de desmilitarización de la política que empieza, el sector político del SÍ deberá abrir sus puertas al partido o movimiento político que surja tras la dejación de armas por parte de las FARC. Es innegable que hay un extenso campo de expectativas sobre los aportes que la futura organización esté en capacidad de hacer a la unidad, a la democracia y a la política misma en las actuales condiciones de la vida colombiana. Renunciar a la violencia y abrazar la civilidad es de hecho una contribución inmensa al avance de la sociedad. Ir más allá en esa contribución, implica para su dirigencia y su base social el esfuerzo de asimilar con prontitud las nuevas necesidades de orientación política que traen nuestros tiempos.
Es mucho lo que las posFARC tendrán que aprender para que la larga historia que han acumulado, no se traduzca en sus propios fantasmas y al contrario, la conviertan en sabiduría al servicio de las luchas sociales. Pero los comandantes no son los únicos que tendrán que aprender. La asignatura perdida más importante de las Izquierdas y la oposición en Colombia se llama Unidad. Esa asignatura se pierde y se repite todos los años, en parte porque los pensums cambian y las militancias mantienen sus viejos relatos y sus viejos métodos, y en gran parte, porque nadie está dispuesto a sacrificar mínimos de su propia visibilidad para transferirla a proyectos más colectivos y más estratégicos.
Los colectivos del SÍ que se han mantenido o surgido luego del plebiscito, están llamados a consolidar proyectos de unidad y articulación que garanticen el éxito del posconflicto y su ampliación a otros actores dispuestos al desarme, pero ante todo que trasciendan hacia los millones de colombianos que día tras día caen presos en las redes de la frustración, la indiferencia y la antipolítica con sus rabias y sus “posverdades”. No cabe duda que hoy día, son esos los electorados potenciales de las tiranías del siglo XXI, y que una de ellas, tiene a Colombia en la mira de 2018.
