Las últimas semanas hemos visto como las grandes empresas mineras como Prodeco, Minesa y Cerrejón vienen despidiendo trabajadores a tutiplén.
Sin dolor, contactan a los trabajadores por teléfono, les ofrecen dos o tres pesos más que lo que les obliga la ley y si el trabajador no acepta lo despiden por correo electrónico, con la miserable indemnización legal que los empresarios y sus gobiernos han venido reduciendo desde 1990, gracias al uribismo y que siguen insistiendo se reduzca todavía más.
Los medios, los opinadores al servicio del Consejo Gremial callan, lo mismo que el inútil Ministerio de Trabajo. Quizá porque la industria mineroenergética solo produce cerca del 0,97 % del empleo en Colombia, porque ya los despidos masivos en el sector se esconden en la transición energética, una industria incómoda para el planeta o porque ya se ha normalizado en nuestro país el desempleo, la informalidad y la precariedad laboral.
Por la misma razón, el poder establecido acalla y reprime las luchas que libran millones de trabajadores por la formalización, por el trabajo decente, por el reconocimiento como trabajadores, por la simple protección social o al menos por la aplicación del ya anticuado Código Sustantivo del Trabajo.
Sin embargo, es un tema importante, también para mí. Son cerca de 120.000 trabajadores los que más temprano que tarde tienen riesgo de perder su empleo por cuenta de la necesaria transición energética, inevitable y, además, necesaria para salvar a la humanidad.
Las versiones oficiales nos cuentan que los despidos del carbón son causados por la reducción de la demanda y del precio de este energético a nivel mundial, porque en Colombia poco se utiliza. Los despidos de Minesa en Santander se justifican en la no concesión de minería de oro, a la que gran parte de la población se opone. Minesa llegó, prometió, cambió la vocación agrícola del pacifico municipio y luego cerró sus puertas, incluso pasando por encima de las leyes laborales porque ahí hay dos sindicatos, un conflicto colectivo y trabajadores en estado de debilidad manifiesta. No le pareció necesario cumplir la ley colombiana pidiendo permiso al Ministerio de Trabajo para despedir colectivamente. Lo mismo en Cerrejón, hablan de precios bajos, que no lo son, más bien intentan destruir a los sindicatos, con la complicidad por omisión de Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, o de nada.
Y lo mismo ocurrirá con el petróleo. Esta semana que pasó, visité los municipios de Cantagallo y Puerto Wilches, ambos de vocación petrolera, el último de ellos se encontraba en un paro de 24 horas como antesala a otro mayor si Ecopetrol y sus empresas tercerizadoras no prestan atención a sus reclamos. Por ejemplo, 54 profesionales que fueron a la universidad denuncian que no tienen acceso al trabajo en su propia tierra. Y a pesar de que allí (y en el país) se discute la prolongación de la industria petrolera, nadie está pensando en qué hacer una vez se acabe el petróleo o nos toque dejarlo enterrado por cuenta del cambio climático.
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Alianzas estratégicas entre los Ministerios del Trabajo y de la Energía y los entes territoriales deben pensar en la transición energética con participación de los trabajadores y las comunidades
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La clave está en anticiparnos. Alianzas estratégicas entre los Ministerios del Trabajo y de la Energía y los entes territoriales deben pensar en la transición energética con participación de los trabajadores y las comunidades. Ecopetrol debe hacer grandes aportes de la economía fósil, a la transformación de la vocación económica de las regiones que hoy dependen del petróleo. No podemos seguir pensando solo en comer hoy cuando mañana estaremos consumidos por el desempleo, el hambre y la pobreza.
Las comunidades deben dejar de pensar solo en mano de obra, bienes o servicios y anticiparse a los cambios. En esta tarea, el Sena debe jugar un papel fundamental en la formación para los nuevos empleos verdes que demandará la transición a energías limpias. Los empleos verdes tendrán que ser con trabajo decente. Con protección social, con sindicatos y negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.
Mi visita a los dos municipios petroleros coincidió con un panel sobre transición energética convocado por la Universidad Externado, donde participó un senador de la república, el gobierno nacional y un invitado internacional. Nadie habló de los trabajadores. Ni de las comunidades. Leyes “de transición energética” aisladas de los territorios y de la realidad colombiana, cifras frías, proyectos y subastas de nuestros cielos y vientos a multinacionales, son las preocupaciones de este gobierno yuppie. El senador José David Name, por ejemplo, dijo que compartía la venta de ISA dizque porque le permitirá a “todos los colombianos” ser dueños de Ecopetrol. Se nota que no conoce quienes son los verdaderos dueños de las acciones de la petrolera.
La crisis del petróleo en 2015 y 2020 llevó a reducción de proyectos y de la producción, cierres temporales de campos, venta de campos productores y con esto, más desempleo y más protestas porque hasta ahora, lo único que reclaman los territorios son empleos, ingresos y acceso a otros derechos sociales.
O nos anticipamos o la transición energética pasará por encima de nosotros. Tenemos que construir la propuesta concreta. La primera conversación entre sindicalistas mineros y energéticos en el marco del “Pacto histórico” es un paso correcto. La unidad de todos los trabajadores en un mega sindicato, deberá ser el segundo paso y el tercero, deberá ser nuestra capacidad de poner esas ideas en los escenarios de poder.
Bien lo resumió esta semana un buen amigo dirigente sindical en medio de un café y una protesta: “la transición energética llegará con nosotros, sin nosotros o por encima de nosotros.” Depende de nosotros si nos paramos en el primer escenario.
