El 7 de agosto se celebró el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro que encabeza una gran coalición popular y de izquierda, la cual recibió el apoyo electoral de millones de colombianos que tomaron la decisión de descartar la propuesta política de los grupos hegemónicos tradicionales los cuales han controlado el poder político a lo largo de casi 200 años de dominación oligárquica e imperial.
Han sido 12 meses en que el presidente Petro, su equipo y la bancada del Pacto histórico, han dado pasos claves en las transformaciones profundas de la más desigual y regresiva sociedad del concierto latinoamericano, en que la pobreza y la miseria golpea a más de 35 millones de personas, afectadas por la violencia sistemática de los clanes oligárquicos que imperan en las regiones y en el punto central del Estado, desde el que se despliega la más infame estrategia de masacres, asesinatos –falsos positivos- desplazamientos y exterminio de líderes sociales y ex combatientes guerrilleros que aceptan de buena fe los acuerdos con el Estado y sus gobiernos.
Durante este año han sido aprobadas medidas trascendentales como la reforma tributaria progresiva que determinó impuestos para los sectores más ricos del país y no gravó a los pobres; la normalización de las relaciones con el gobierno de Venezuela; el acuerdo de Escazú y la eliminación del fracking, como punto de arranque de una transición energética que ha fortalecido el liderazgo internacional del presidente Petro en la acción contra el calentamiento global y la destrucción de la amazonia; la proyección de una estrategia de paz total que incluye nuevas metodologías y enfoques –desde el pensamiento complejo- en la erradicación de la violencia centrada en las localidades y regiones mayormente azotadas por los grupos armados y que al día de hoy registra importantes avances en materia de ceses bilaterales del fuego y participación de las comunidades en diálogos y mesas de concertación; la reducción de la inflación como reflejo de la caída de los precios de los alimentos; un nuevo planteamientos del problema de los cultivos de coca, que implica la reconversión productiva de la hoja de coca y marihuana y la despenalización de los campesinos; el aumento del empleo, mediante el impulso y apoyo de la economía popular; la construcción y extensión del sistema del cuidado; la adopción de medidas constitucionales en favor del campesinado colombiano, con el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria que contempla la constitución de los campesinos como sujetos de derechos y la creación de la jurisdicción agraria; la eliminación del servicio militar obligatorio; la creación del Ministerio de la igualdad encabezado por la Vicepresidente Francia Márquez; la intervención del Programa de Alimentación Escolar PAE para extenderlo a los 365 días del año; la aprobación de un audaz Plan de Desarrollo que organiza los territorios alrededor del agua y promueve nuevos sujetos sociopolíticos; la gratuidad de la matrícula universitaria; y la organización de la Renta ciudadana, para atender más de 3 millones 400 mil hogares que encabezan mujeres en condiciones de extrema pobreza.
Todas estas son conquistas que claramente rompen los privilegios de las castas oligárquicas que, por supuesto, han reaccionado con ferocidad e inquina para acorralar y destruir el liderazgo presidencia de Gustavo Petro y de su gobierno, construido con mucho tino y destreza, propiciando alianzas y coaliciones para dar estabilidad a la gestión en los términos de unas correlaciones de fuerza que no han sido precisamente favorables a los históricos sistemas de gobierno de la poderosa oligarquía Colombia que ha tenido en el bipartidismo liberal conservador (reconfigurado con otros nombres) su eje principal desde finales del siglo XIX.
El hilo central de la estrategia del bloque reaccionario ha sido una pertinaz guerra jurídica atrincherada en la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del pueblo y algunos enclaves del poder judicial, la cual replica un modelo internacional inspirado en las redes del conservadurismo judicial fascista anglo sajón, que se ha utilizado de manera intensiva contra otros gobiernos como los de Lula, Dilma Rousseau, Rafael Correa, Zelaya, López Obrador, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Pedro Castillo y Cristina Kirchner. Lo de acá es similar pero redoblado por su veneno y perversidad.
Tal guerra jurídica ha estado acompañada de la intervención obsesiva y punzante del aparato mediático oligárquico que se ha empeñado a fondo en el sabotaje al gobierno del presidente Petro y de sus reformas, especialmente las de la salud, la pensional y la del trabajo en que se concentra la mayor plusvalía obtenida por poderosos banqueros, mercaderes y empresarios adictos al modelo neoliberal del libre mercado.
Uniendo las piezas de la estrategia contrarrevolucionaria en marcha el dibujo que cobra forma es el del “golpe blando”, orientado a paralizar y anular la gestión del gobierno progresista. De eso no hay duda, aunque algunos pseudoizquierdistas lo cuestionen con análisis posmodernos completamente desfasado porque su mundo es el de la especulación y la disociación de la acción política concreta.
El “golpe blando”, además del Lawfare, ha incluido el sabotaje parlamentario, la movilización de las reservas militares, la reactivación del paramilitarismo, la hostilidad de las Cortes, el ataque de la ultraderecha global y el claro desafío de soberbias facciones políticas colocadas directamente en la conspiración abierta y encubierta como ocurre con el exvicepresidente Vargas Lleras y el uribismo del denominado Centro Democrático acorralado en sus múltiples escándalos.
El pico de la revuelta ultraderechista ha sido el falso escandalo montado por la Revista Semana y otros medios periodísticos, con la captura provisional de Nicolás Petro y de su ex esposa, quienes abusando de sus espacios privilegiados en la campaña electoral del Pacto Histórico se dieron la libre para realizar toda clase de trapacerías con las mafias de la droga y de la contratación estatal fraudulenta que infiltraron la campaña electoral presidencial del año anterior. Petro y Day Vásquez, como expresión de una clase media arribista y de valores éticos trastocados, utilizaron la campaña y el prestigio del senador Gustavo Petro para apropiarse de grandes sumas de dinero que supuestamente irían a la financiación de la campaña.
Por supuesto, toda esa degradación ha sido canalizado y manipulado por la ultraderecha para empujar nuevas oleadas de ataques al presidente y al gobierno.
No obstante, con los días se ha hecho evidente el montaje periodístico, pues los encartados fueron dejados en libertad condicional por los jueces de conocimiento que no acogieron las hipótesis torticeras del Fiscal Barbosa y sus subalternos. Ahí hay mucho invento y mentira sin querer desconocer las desviaciones antiéticas de Nicolás y Vásquez, unos aprendices de la criminalidad que han sido utilizados para enlodar el programa de cambios democráticos por el que han luchado millones de colombianos.
No creo que el golpismo colombiano se salga con las suyas tal como ocurrió con el peruano que decapitó al maestro Pedro Castillo. Con Gustavo Petro estamos delante de un líder de mucho peso intelectual, moral y político, dada su destreza en el manejo del adversario ultraderechista desde las épocas en que la guerrilla del M19 hizo presencia en el concierto nacional.
No hay que perder la calma y superar el shock político anti transicional orquestado por el bloque reaccionario que gesta el poder imperialista de los Estados Unidos, en serios aprietos por la consolidación del esquema multipolar en que se desplaza el planeta en la actual coyuntura. Cierto es que estamos en riesgo de recaer en una nueva guerra civil desatada por el neoliberalismo en retirada y por un imperialismo erosionado que ve perder su hegemonía planetaria por la consolidación del poder de la potencia que lidera Xi Jinping.
Brasil vivió peores momentos de esta guerra jurídica golpista que pretendió anular de por vida al presidente Lula; igual, Bolivia que supero la arremetida de la ultraderecha de Santa Cruz; también Venezuela, Cuba y Nicaragua que han lidiado con ese montaje político.
Seguramente, el presidente Petro mostrara su garra política en los días por venir reordenando su equipo político central y afinando su estrategia de movilización popular para capotear la maniobra oscura de la reaccionaria casta hegemónica que mantiene intacto todo su poder.
Hay que acelerar la estrategia de comunicaciones del bloque popular y profundizar las alianzas con nuevos sectores sociales aun influidos por las corrientes retardatarias como es el caso de los cafeteros, los paperos, los arroceros, los lecheros, los paneleros, las mujeres, los jóvenes y los indígenas que encabezados por el Cric ya anunciaron grandes movilizaciones hacia Bogotá en defensa del gobierno nacional.
La línea es la acción de masas y la presencia sostenida en el espacio público democrático sin ceder a las presiones y amenazas. La transición sigue adelante. La contratransición no prosperará.
