Según indicadores de transparencia, en territorios donde hubo baja votación de la consulta anticorrupción sería alto el riesgo de corrupción: una correlación significativa que deja mucho que desear y que habría que analizar con calma. También habría que revisar si se coincide también en estas regiones con los riesgos electorales, los de inseguridad, los de exclusión y los de pobreza. No habría una bola de cristal, pero lo que sí está claro es que el mensaje de urgencia para que haya una respuesta efectiva del Estado en materia de políticas públicas contra la corrupción une a la ciudadanía, como lo expresaron los cerca de once millones setecientos mil votos acumulados el pasado 26 de agosto.
La búsqueda de la transparencia en el mundo institucional y social es un propósito común que genera esperanza y nos identifica en un conjunto de iniciativas de cambio. La consulta anticorrupción, independientemente de no alcanzar el umbral, constituyó un hecho político que llevó a que el nuevo gobierno tuviese que reunirse con la oposición y los independientes para concertar acciones que permitieran fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, que profundizaría la democracia. En el siguiente capítulo se sabrá si el gobierno se sube a la cresta de la ola de la lucha contra la corrupción y arriesgará su capital político para sortear el viento y la marea alta.
La lucha contra la corrupción nace de una educación de calidad desde la primera infancia hasta el nivel superior. Se centra en el acceso a la justicia y en la igualdad frente a la ley. Parte de la erradicación de la pobreza absoluta y de la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo decente. Clama también por una lucha frontal, sin impunidad, contra flagelos que la alimentan como los carteles de la corrupción, el narcotráfico, la anomia y la cultura del dinero fácil. Necesita de una ciudadanía empoderada en el control social, en la sanción moral, en la participación y en el conocimiento acerca de que las conductas con las que esquilman el erario, defraudan las contribuciones e impuestos, que con la fuerza de trabajo, se le paga al Estado, para que se inviertan en bienestar social.
En la corrupción, como en cualquier entidad mafiosa, su caldo de cultivo es el soborno. Llámese como lo llamen: comisión, coima, serrucho, mermelada, clientelismo, CVY, etc. Es la economía de la criminalidad en que todo es transable, porque todo tiene un precio. Allí se mezclan y se confunden la violencia, el miedo, la opulencia, el dinero caliente, la ilegalidad, el poder, sin distingos de color político ni de ideología, ni tampoco distancias insalvables entre el sector público y el privado, al punto de que el “cuarto de hora” para ganarle a la cruenta vida de quien entra en esta liga, se ha convertido, al parecer, en un deseado imaginario colectivo de confort. Cuando un “capo” de estas mafias, dice que una credencial o la gobernabilidad, da más que los “embarques”, son palabras mayores.
Algunos, como si fuera una lista de mercado, mientras les conviene, no se cansan de enumerar los últimos escándalos de corrupción, que ya no solo implican a las élites de la contratación, sino que, como si fuera un capital golondrino, antes del invierno, involucran a cuervos transnacionales que invierten, untan, dejan elefantes albinos, se van y nada les pasa. Solo dejan el tierrero, mientras se llevan sus ganancias a cuentas off shore en paraísos fiscales, para habitar, con leasing a nombres que se dificulta perseguirlos, viviendas en los mismos condominios en que se “exilian” sus enriquecidos socios, mientras pasa el vendaval. Lo curioso es que en estos lugares si pagarían impuestos, harían sus transacciones legales, tendrían empresas formales y generarían empleos estables, para que los dejen vivir tranquilos.
La clave de la paz es la lucha contra la corrupción. Todas las acciones que se pacten para que prime la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en la administración de justicia y en la política, son bienvenidas. Los acontecimientos actuales llevan a pensar en que por fin el sistema corrupto se va a regular. Hay un mandato ciudadano, por lo que para fortalecer a la institucionalidad no se puede defraudar al pueblo que de manera masiva ejerció su poder constituyente en un mandato ciudadano por la transparencia. Ojalá algún día se arribe a este puerto seguro, en el que sea mejor una democracia consensuada que transada.
