El 23 de agosto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Senadora Sofía Gaviria, le envió una comunicación confidencial al Presidente del Congreso el Senador Mauricio Lizcano en la que señala con una serie de pruebas a la Coordinadora General de la Comisión Bety Rodríguez Castilla por un posible tráfico de influencias. No es una congresista sino una funcionaria que tiene responsabilidades administrativas dentro del Senado en esta Célula Legislativa. La Senadora Liberal documentó una serie de hechos que comprometen a la funcionaria con el trámite de solicitudes de asilos para particulares en otros países y con el traslado de cárceles de distintos presos, temas que no están dentro de sus funciones, pero que estaría tramitando a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso e incluso de Sofía Gaviria. Pero eso no es todo. Según la denuncia de Sofía Gaviria, que también cursa su trámite en Procuraduría y Fiscalía, la funcionaria Bety Rodríguez también estaría expidiendo certificados, carnets y diplomas firmados por ella y que se habrían distribuido en algunas cárceles para que particulares lleven a cabo labores a nombre de la Comisión de Derechos Humanos.
