El 16 de marzo de 1919, los obreros y artesanos salieron a marchar en las diferentes ciudades del país por la realidad política, económica y social que viva Colombia. Ese día la consigna contra el gobierno de Marco Fidel Suárez era "trabajo y pan". El ministro de Gobierno de esa época, Marcelino Arango, dio la orden de dispararle al pueblo y asesinaron e hirieron a un número importante de manifestantes, no se escuchó a la multitud, sino por el contrario trataron de silenciarla. Ese mismo día fue donde por primera vez se escuchó la voz de Jorge Eliécer Gaitán, a quien casi treinta años después y de la misma forma no se le permitió llegar a la presidencia.
Hoy, un siglo después, vemos cómo las condiciones sociales del país no han mutado y el pueblo está a punto de salir a repetir esa misma consigna, pues el Estado no ha garantizado las condiciones para que los trabajadores estemos en casa con la tranquilidad de continuar vinculados laboralmente en el marco de la pandemia por el virus del COVID-19. No con esto queremos decir que dichas condiciones sean las mejores, pues ya sabemos que un salario mínimo en Colombia no alcanza a cubrir ni siquiera la mitad de la canasta familiar, pues garantías de vida digna como vestido, salud, educación, entretenimiento y otras más quedan por fuera de las posibilidades para una familia que dependen de dicho salario.
Ahora, ¿qué se podría señalar de aquellos que no tienen una vinculación formal (razón por la cual viven del día a día, del "rebusque”) y que se les obliga a permanecer en casa pero con la despensa vacía? Al igual, tenemos otros colombianos que durante toda su vida productiva se esforzaron para construir una casa, diseñada con un objetivo claro, que esa vivienda se convirtiera su pensión, hoy en el marco de las decisiones tomadas por el gobierno nacional a causa de la pandemia, se ha determinado que no se podrá obligar al pago de los arriendos, lo cual es una decisión lógica. El problema está en que el Estado no ha focalizado a esa población que tienen en su propiedad la única fuente de ingreso y hoy no hacen parte de la población seleccionada por parte de los mandatarios locales, regionales o nacionales, precisamente por ser propietarios de una residencia. Con gran tristeza debemos decir que dichas familias han sido ignoradas y no tienen alimentos sobre la mesa para ellos y sus familias.
Por el contrario, lejos de ver una política social y económica pensada para ayudar a las clases menos favorecidas, observamos cómo se roban las “ayudas”, que aunque realmente no garantizan condiciones de dignidad, en la lógica del confinamiento obligatorio deberían llegar al pueblo. Nuestros gobernantes sin enrojecerse, sin que les corra sangre en la cara, como diría mi abuela, buscan todas las formas para quedarse con lo que le pertenece al pueblo, tal como lo ocurrido con la iniciativa que llamaron Ingreso Solidario, cuyos recursos al mejor estilo de Agro Ingreso Seguro nunca llegaron a la población que supuestamente iban a beneficiar. Una vez más quedó en evidencia toda la mezquindad y desprecio hacia la clase trabajadora por parte de la clase dirigente de este país.
Otra muestra de la burla al pueblo está en lo determinado en el Decreto Presidencial 444 de 2020, donde se sacan los recursos de los municipios y departamentos que deberían de ser para atender la pandemia para garantizar la fluidez financiara de la banca. Adicional a lo anterior, vemos cómo el exministro de Vivienda del expresidente Santos, máximo representante de Cambio Radical (que durante los primeros meses estuvo alejado de Duque, pero recientemente se convirtió en partido de gobierno), el señor Germán Vargas Lleras publica una columna el 3 de mayo del presente año en El Tiempo, donde básicamente da a conocer su receta para hacer frente a la crisis económica que viven los empresarios. Su solución se resume en desposeer de garantías laborales a la clase obrera como son primas, cesantías, intereses a la cesantías y reducción de salarios.
Nos dicen que no es una lucha de clases, que somos incendiarios, pero en el marco de la pandemia observamos que se ayuda al sector financiero, a los empresarios, pero al pueblo se les roban los subsidios y se piensa es en quitarle derechos laborales. Muchos preferimos morir por el virus que por estar aguantando hambre con nuestras familias en nuestras casas, si es que es propia, además, viendo cómo pasan por encima de nuestros derechos. Si nos toca salir a la calle y repetir la consigna de hace cien años atrás, trabajo y pan, lo haremos de nuevo.
