Con ocasión de la pandemia y mientras nos debatíamos en asuntos políticos, la inteligencia artificial impulsada por la revolución 4G ha acelerado las transformaciones laborales.
En el sector privado este tema no se debate, sino que se aplica, sin la participación de los trabajadores. En el sector público la institucionalidad ha venido desarrollando varios congresos al respecto, impulsados por la función pública y la comisión nacional del servicio civil.
Desde mucho antes de la pandemia, imperceptiblemente en el sector privado se han venido suprimiendo cantidades de oficios que han sido reemplazados por algoritmos y han dejado millares de personas sin una oportunidad laboral y no ha habido ninguna reacción defensiva de estos trabajadores, teniendo en cuenta la crisis sindical en este sector.
En el sector público las cosas son distintas en razón a que es deber de las instituciones estar al día en estos temas y capacitar a sus funcionarios en los mismos. Y con mayor razón cuando implican inminentes transformaciones del manejo del talento humano del Estado o la función pública.
En tal contexto se han venido organizando eventos para analizar estas transformaciones y el panorama es desolador. Los cambios que se debían presentar en quince años ya están desarrollándose y se darán de forma acelerada pospandemia. Lo que implicara la automatización de muchos procesos, y la eliminación de muchos empleos en los próximos años.
De otra parte, las sedes de las entidades y los espacios que ocupaban los empleados deberán ser replanteados. Al igual que el trabajo virtual desde casa para los que continúen vinculados dará lugar a cambios en la vida cotidiana de estos, en todos los sentidos, y en los espacios laborales tradicionales lo mismo que en su regulación.
Según los expertos, se calcula que desaparecerán más del 30 % de los actuales puestos de trabajo, tanto en el sector privado y en el sector público. El Estado, representado en sus instituciones de la función pública y el servicio civil, ve con beneplácito estas transformaciones en el que los adoradores del neoliberalismo, con el argumento de la eficiencia y la calidad en la prestación de la prestación de bienes y servicios, reducirían el tamaño del Estado.
Esto afectaría especialmente a los funcionarios de carrera administrativa y de otra parte facilitaría el incremento del clientelismo de la paralaborabilidad de los contratos de prestación de servicios y de los cargos directivos de libre nombramiento y remoción , aunque no del todo, porque la inteligencia artificial también daría lugar a la eliminación de muchas jefaturas y coordinaciones. Sin embargo, la clase política es muy lista y seguramente sacrificaría a los de bajo rango en eventuales reestructuraciones y el mérito constitucional se aplicaría a un reducido número de funcionarios de carrera.
De esta forma surgiría un neoclientelismo en el Estado que desarrollara sus funciones y la prestación de bienes y servicios por empresas de la inteligencia artificial (que sospechosamente en estos foros son invitados principales a dar cátedra sobre estas materia), por el aumento progresivo de contratistas de prestación de servicios, directivos representantes del más fino clientelismo y un reducido número de funcionarios de carrera que ingresarán por exigentes concursos de méritos que no tienen los anteriores.
Y ni qué decir del paquidérmico sindicalismo representado en obsoletas centrales obreras, burocratizadas y dirigidas por pensionados, que no ofrecen alternativas ni debates, aún siendo uno de los actores en las relaciones laborales más afectados en el entendido de que los trabajadores ya no serán hombres de carne y hueso sino robots y algoritmos principalmente.
