Para nadie es un secreto que la economía colombiana atraviesa por momentos críticos. Es fruto de las políticas diseñadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI y la OCDE, que se han implementado desde hace más de 20 años, con la venia de los gobiernos de turno.
La pregunta clave ahora es: ¿Quién pagará la crisis? Lo lógico sería que quienes nos llevaron a esta situación, asumieran el pago de sus desacertadas decisiones. Sin embargo, paradójicamente, son ellos los que mejor salen librados, la vuelven una oportunidad, se encargan de que los efectos del colapso se descarguen sobre los hombros de los trabajadores, de las capas medias y de los sectores más populares del país.
Además de ser afectados por las recientes reformas económicas y tributarias del gobierno de Juan Manuel Santos, los trabajadores y usuarios de la justicia en los últimos dos meses han sido duramente golpeados por cuenta de la decisión del Gobierno Nacional de “ajustarse el cinturón” y reducir el gasto público.
El primer golpe lo dieron a casi 200 trabajadores de los Centros de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Familia y Civiles Municipales y del Circuito. El 1 de diciembre de 2015, un Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, cambió la denominación de sus cargos y en consecuencia, se les redujeron los salarios, a pesar de continuar desempeñando las mismas funciones. Por ejemplo, los escribientes del circuito que, al 30 de noviembre de 2015 devengaban $1.851.598 por concepto de salario básico, el 31 de diciembre pasaron a ser Asistentes Administrativos Grado 7 y a devengar $1.480.562. Eso sin contar los impactos prestacionales y la reducción de la bonificación judicial que dicha modificación conlleva.
El segundo golpe fue la expedición del Acuerdo PSAA15-10445 que crea los Centros de Servicios en las especialidades de Civil y Familia, y que entre sus objetivos principales esta el introducir un nuevo modelo de gestión, que permita descargar a los Jueces de las “funciones administrativas” para que se concentren en el trámite de los procesos jurídicos de la banca y del sector financiero. Lo más grave, es que entre esas “funciones administrativas”, incluyen la función de la proyección de los fallos de tutela que dejará de ser una función de los despachos judiciales, para ser entregada a los centros de servicios. Otra forma más sutil de atacar la tutela.
El tercer golpe se dio el 1 de enero de 2016, por cuenta de la eliminación de la continuidad de las medidas de descongestión, lo cual dejó a cerca de 2 mil trabajadores en el desempleo. Así Santos y sus ministros de Hacienda y de Justicia se ahorraron $336.000 millones que era el costo de la prórroga de todos los cargos de dicha nómina para 2016.
Con esa medida, reduciendo el gasto público en la Rama Judicial, se quebrantan los derechos laborales de los trabajadores y a la ciudanía se le restringe aún más el adecuado acceso a la administración de justicia.
Y hay más, los Juzgados que fueron excluidos por la decisión de no prorrogar las medidas de descongestión, deberán enviar sus procesos a los despachos de origen, lo que se traduce en congestión judicial más caótica, traslado de los procesos, demora en el trámite, menores recursos para atender sus reclamos, incremento desmedido de la carga laboral y la consecuente aparición de enfermedades laborales.
Vale también advertir que, por cuenta de la supresión de las medidas de descongestión en la Unidad de Carrera Judicial, los concursos de méritos se paralizarán, pues la planta de personal permanente, integrada solo por 25 personas, será insuficiente para atender los procesos de orden nacional, relacionados con concursos y calificación de servicios, entre varios.
Como telón de fondo, el gobierno nacional hace sordina a los llamados para retomar la necesaria descongestión judicial, su preocupación en este campo, al revés, es cómo debilitar todavía más a la Rama Judicial, cómo adelantar el plan de privatizar su ejercicio.
