El 17 de enero, a las 9:32 a.m., un carro bomba cargado con 80 kilos de pentolita explotó al interior de Escuela de Policía General Santander dejando un saldo de 21 muertos y más de 50 heridos. Este suceso tomó por sorpresa a la sociedad colombiana, que poco a poco había visto desaparecer de la cotidianidad este tipo de atentados. De hecho, en la capital del país desde hace tiempo no se registraba un atentado de este tipo.
Ese día estaban programadas dos grandes movilizaciones nacionales: la primera, era la marcha convocada por los estudiantes desde la Unees exigiendo el desmonte del Esmad, que en la última movilización realizada por los estudiantes en el 2018 fue responsable de la pérdida del ojo del estudiante de la Universidad del Cauca Esteban Mosquera; por otro lado, para la tarde estaba convocado el segundo plantón exigiendo la renuncia del fiscal, el cual generaba muchas expectativas, ya que se esperaba que la convocatoria superara la asistencia de la primera jornada. Pues bien, ambas manifestaciones fueron canceladas en solidaridad con las víctimas y, sobre todo, para garantizar la seguridad de los manifestantes.
Frente a los sucesos, según las versiones entregadas por las autoridades, hay muchas inconsistencias que generan un manto de duda frente los reales responsables. La crisis por la que atraviesa la institucionalidad de la Fiscalía, encabezada por Néstor Humberto Martínez, que en un tiempo récord determinó autores materiales, intelectuales y realizó una detención fue el bombo de los medios de comunicación, incluso llevó al ministro de Defensa resaltar su labor en televisión nacional, mientras que las muertes de los líderes sociales no muestran un solo avance en las investigaciones, aun cuando se ha demostrado que los asesinatos son sistemáticos y no aislados.
Sectores de gobierno y el uribismo convocaron una movilización para el día domingo en rechazo al terrorismo, una marcha liderada por ese sector de la sociedad colombiana que le ha venido dando la espalda al país para terminar el conflicto armado de una vez por todas, ese sector de la sociedad que no apoya la restitución de tierra a los campesinos, ese sector que votó no a los acuerdos de paz en el plebiscito, ese sector que salió a oponerse a la consulta anticorrupción, y que finalmente le dio el voto a la agenda política del presidente Duque: hacer trizas los acuerdos de La Habana.
El contexto bajo el cual se convoca esta movilización deja en evidencia la crueldad de ese sector político que instrumentaliza la muerte para hacer política, que presenta sus precandidatos a la alcaldía de Bogotá en eventos de proselitismo hablando sobre seguridad apenas unas horas después de los atentados, usando ese dolor de las víctimas para decir que se necesita mano dura, en pocas palabras: escalar el conflicto entre las partes luego de romper la mesa de diálogo con el ELN. El domingo en Twitter desde temprano la tendencia número uno por unas horas fue #UribeColombiaEstaContigo, clara muestra de la intención de sus impulsores. Además, en las calles quienes se manifestaron a favor de la paz fueron agredidos, amenazados y hasta golpeados.
Por otra parte, los alternativos cancelamos nuestras manifestaciones, expresamos nuestra solidaridad y rechazamos de manera tajante todo tipo de violencia. Nuestros jóvenes no pueden seguir sacrificando sus vidas por una guerra que deja beneficios económicos y políticos a unos pocos. La dignidad de haber defendido la paz en todos los escenarios democráticos y sociales es la que nos debe tener conscientes de que no podemos avalar este tipo de escenarios.
Sin embargo, nuevamente nos dividimos: algunos estaban convencidos de que era totalmente válido salir a apoyar la movilización, la mayoría de los congresistas de la bancada alternativa la respaldaron y marcharon, a excepción de Gustavo Petro; varios activistas reconocidos, incluso por liderar el movimiento que exige la renuncia al fiscal, también salieron, quizás pensando que era lo políticamente correcto, siendo este un año electoral; otros decidimos no legitimar un discurso que nos regrese a la guerra y sobre todo que responsabilice de lo sucedido a la paz por la que tanto hemos luchado.
Este atentado genera muchas dudas y deja preguntas abiertas: ¿quiénes han sido los principales beneficiados?, ¿vamos a permitir que la agenda política del país sea nuevamente la lucha contra el terrorismo? No obstante, hoy queda claro que el ELN en acto repudiable de torpeza política le ha dado un aire a la ultraderecha que radicaliza su discurso. Colombia es un país donde la muerte es una forma de hacer política y el uribismo sabe cómo capitalizarlo.
