Entre las reformas sociales, la del sistema de salud es de gran sensibilidad, tanto por los síntomas cotidianos de precariedad de los servicios para grandes mayorías orilladas en campos y ciudades, como por el gran engranaje técnico administrativo que se sitúa entre las fronteras de lo público y lo privado, a partir de la aprobación de la ley 100 de 1993.
El asunto no es menor, pues el proyecto “Establece el modelo de atención, el financiamiento, la administración de los recursos, la prestación integral de los servicios para la atención en salud, el sistema integrado de información en salud, la inspección, vigilancia y control, la participación social y los criterios para la definición de las políticas públicas prioritarias en ciencia, innovación, medicamentos, tecnologías en salud, formación y condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud.”
Son varias las preguntas para respondernos en este momento del debate: ¿está viciada la operación de las EPS por la lógica del lucro y se debe transformar esa realidad?, la autoridad médica es el bastión del sistema, pero ¿cómo complementarla con un dispositivo jurídico, financiero, social, para mejorar la administración y construir nuevos servicios?, ¿puede la gerencia pública demostrar que es mejor a la gestión delegada a las EPS?, ¿dónde se situará el abordaje de los determinantes de la salud que van mucha más allá de la lógica de la salud - enfermedad?, ¿cómo se equilibraría la relación entre la salud primaria y la gestión de alta complejidad, sin desmejorar la salud especializada?
La primera lectura del texto del proyecto de ley de reforma que cursa en el Congreso permite afirmar que se está buscando dar un salto, de una mirada puntual del tratamiento de la salud como atención de la enfermedad a una perspectiva de promoción del bienestar integral a través de modos de vida saludables, lo cual, sin duda, debería ser bien recibido; sin embargo, se entiende que requerimos profundizar en el nuevo diseño, identificando zonas grises y aspectos aún poco definidos. Provisionalmente, para estimular a la reflexión lo más colectiva posible, es bueno resaltar algunos de los rasgos de lo que podría ser una mejoría y lo que se percibe riesgoso:
LA MEJORÍA
El proyecto consolida la dimensión de un sistema social de salud, a partir de una renovación de la institucionalidad pública y de la cualificación de las redes institucionales y socio comunitarias. Pone al centro de las políticas públicas en salud una concepción que hace énfasis en la prevención y en la protección de la vida, a partir de atender en primera instancia los determinantes sociales de la salud. Ensancha el sistema nacional de vigilancia epidemiológica a partir de diagnósticos territoriales periódicos, lo cual facilita toma de decisiones públicas. Fomenta la formación y actualización de personal técnico, profesional y especializado, generando una garantía de mejoramiento de los servicios en el mediano y largo plazo. Hay una vocación de apropiar nuevos saberes, conocimientos tecnologías, tanto en el ámbito de los sistemas de información y administración, como en el ámbito de la telemedicina y los servicios especializados.
LO RIESGOSO
No está muy claro el rol de las comisiones departamentales, distritales y municipales de determinantes de la salud, entre otras instancias operativas del sistema. La transición en los modelos de administración y operación deben aclararse mucho más en términos procedimentales, pues los cambios en el corto plazo pueden ser traumáticos sin una adecuada hoja de ruta. El riesgo de politización indebida y la corrupción en la operación del sistema, en detrimento de la gestión técnica, la probidad y la transparencia se puede leer especialmente en las dinámicas de administración territorial. Tiene una aplicación excesivamente disciplinar médica del sistema, al punto de correr el riesgo de constituir un coto cerrado del gremio de la salud, frente a otros saberes y prácticas de las ciencias humanas y sociales, y de las tecnologías de la información y conocimiento, entre otros campos de saber. Los mecanismos de participación ciudadana quedan un poco en el aire de la aspiración a tener una ciudadanía activa, especialmente en la veeduría, pero no es clara la integralidad y aplicación de la participación en el ámbito de la definición de las políticas públicas.
LO QUE VIENE
La literatura de la reforma tiene un documento de justificación y exposición de motivos que debe ser leído con detenimiento, en paralelo al articulado; ya pasadas las marchas que anuncian el pulso político, en el campo ciudadano está la ocasión de leer reflexivamente el proyecto a la luz de nuestras realidades sociales; el asunto es muy delicado para dejárselo solo a los gremios médico, político, empresarial y mediático; tomemos varios tintos y conversemos sin sectarismos sobre los aspectos progresistas y esperanzadores del proyecto, y tomemos nota de los aspectos de tensión que están en juego. El cambio de país requiere ya de una actitud de diálogo y concertación democrática.
