En la noche del 9 de octubre fueron varias las ciudades que se reunieron en Vigilia: Cali, Bogotá, Pasto. Un acto parecido fue convocado el año pasado después del triunfo del no en el plebiscito, cuando el primer anuncio de Santos fue el mantener el cese al fuego bilateral hasta el 31 de octubre. Por primera vez en muchos años las Farc-Ep, en ese entonces todavía en armas, invitaron a las comunidades que rodeaban las zonas de preagrupamiento a pedir desde diferentes confesiones o manifestaciones el no retornar a la guerra.
Casi un año después del plebiscito, después de una modificación y una segunda refrendación de los acuerdos y a pesar de que las Farc hoy son un partido político y han entregado las armas, de los acuerdos solo se ha implementado legalmente un cerca de un 15%. Este hecho es preocupante en tanto los acuerdos son integrales: sin reforma rural integral no funcionarán los planes de sustitución voluntaria. Además, si persisten los planes de erradicación forzada los campesinos saldrán a protestar y si no existen garantías para la movilización seguiremos teniendo masacres como las de Tumaco y asesinatos como el de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, en territorios del pueblo Kokonuko, en el que presuntamente se encuentra comprometido el ESMAD.
Coincidencialmente mientras las vigilias estaban en las plazas del país, comisiones del Congreso por fin aprobaron el articulado completo de la Jurisdicción Especial de Paz que es la piedra clave de estos acuerdos con las Farc. A pesar de las objeciones del fiscal o las del centro democrático la JEP no es una justicia para la impunidad, ni para la venganza.
La verdad es la única garantía para que la infamia del conflicto no se vuelva a repetir y al son de hoy la Fuerza Pública, el gobierno, las fuerzas políticas y económicas del país se niegan a aceptar su responsabilidad en hechos victimizantes. Esto ocurrió en Tumaco, la reacción del gobierno y la Fuerza Pública fue la de culpar a otros actores y posteriormente si se comprueba la responsabilidad de la policía antinarcoticos, lo más seguro será escuchar el viejo argumento de las manzanas podridas. Todos se van a lavar las manos con Tumaco, como lo hicieron con Bojayá.
De fondo está la intención de las clases hegemónicas de desmontar las fuerzas insurgentes y al mismo tiempo mantener “la razón de Estado”. Hoy el logro de la paz radica en que el Estado no le tenga miedo a la verdad, esta es la única garantía para que el estado a futuro cumpla su deber de proteger los derechos de la ciudadanía y nuestra fuerza pública necesita de una reforma moral que oponga a la razón de estado la soberanía que reside en el pueblo.
Esperemos entonces que la JEP pase sin mayores retrasos las plenarías del Congreso, que antes que temprano el país asuma que las Farc no son los únicos que deben decir la verdad al país y tragedias como las de Tumaco no se tengan que repetir, para que el gobierno se dé cuenta que tiene que cumplir los acuerdos.
