En la ya perturbada tranquilidad de Colombia, luego de la noticia de la extradición de alias “Otoniel”, jefe de la organización criminal Clan del Golfo, este grupo lanzó la advertencia del denominado “paro armado”, en el que se realizaran actividades ilícitas tendientes a alterar el orden público y generar pánico, con el fin de evitar la movilización cotidiana de la ciudadanía y el normal desarrollo económico, casi siempre, la pequeña economía, la tienda de barrio, el mini mercado, el “almacencito”.
Según las autoridades de la república, el Clan del Golfo puede contar con al menos 3.000 hombres en armas, distribuidos en el país, principalmente en las regiones del Urabá y Córdoba. Pero, según informan los medios de comunicación, esta organización realizaría subcontrataciones con grupos armados en varias regiones del país, por lo que pueden ser muchos más sus integrantes.
Más allá de mencionar este grupo o cualquier otro con igual o menor poder armado, queda claro que el Estado no tiene el control del orden público del país, pues, las fuerzas militares superan con creces está cifra, 380.000 hombres aproximadamente, sin contar helicópteros, tanques, aviones, etc. Pero el control efectivo, barrio por barrio, vereda por vereda, la controlan los grupos armados.
La prueba de ello, es el entresijo planteado por el paro armado y el anuncio de las autoridades, manifestando que garantizaban la movilidad de los ciudadanos. Obviamente, los ciudadanos saben que no es posible la garantía ofrecida, por lo que eligen cerrar sus negocios y evitar salir de sus viviendas.
El Estado no se puede ufanar de ser quien controla el orden público, porque no lo controla. Y este estado de cosas ponen en duda si, en realidad se trata de una beneficiosa armonía entre los grupos armados y el sector corrupto del estado o, en realidad es imposible controlar la seguridad nacional, algo que suena hasta irracional.
Los grupos armados necesitan de la corrupción para subsistir, y los corruptos se benefician del caudal interminable de dinero producto de las actividades ilícitas de los grupos armados. Pues el corrupto, que tiene la capacidad de sustraer los dineros públicos para su beneficio, también es capaz de recibir dineros producto del narcotráfico; es una ecuación apenas lógica.
Sin la convivencia de los grupos armados con el sector del poder político y militar corrompido por la ambición incesante, no sería posible que los grupos armados alcanzaran semejante poder.
Además del no menospreciable beneficio económico, existen otro tipo de beneficios, como el control armado que ejercen estos grupos ilegales, que no permiten el homicidio, el hurto y hasta algunas conductas en contra de la “moral conservadora”. Con ello, el estado puede presumir cifras e índices de percepción bajos de criminalidad.
De esta armonía de mafia y corrupción, surgen amigos y enemigos en común; obviamente, opositores al estado, denunciantes y en general, personas o grupos que pueden afectar esta “sana convivencia”.
Por ello, no es raro, que quien denuncie algún acto de corrupción, o se pronuncie en contra de algún contradictor político, termine recibiendo amenazas en contra de su vida y la de su familia, las cuales muchas veces se hacen efectivas.
Este tipo de actuar, benefician siempre al sector corrupto del Estado, pues, quien asume la responsabilidad es el grupo armado, y no quien en realidad ordenó dicho delito.
Con el panorama claro, sobre este status quo, es apenas razonable que los ciudadanos optaran por acatar las órdenes del Clan del Golfo y no las del Estado.
Todos los colombianos convivimos con este flagelo, conocen algún miembro de un grupo armado, en los barrios más marginales, todos saben “donde se parchan los muchachos”, “todos saben menos la policía”, es lo que dice la población.
“Un señor denunció y lo mataron”. En fin, no hay garantías para confiar en la seguridad pública, el gasto público más alto, con un poder fuego y en hombres muy superior al de todos los grupos armados juntos, pero aun así, nunca es efectivo. Es un tema para revisar con lupa.
