La escogencia del candidato presidencial ha metido al liberalismo en una gazapera. Las aspiraciones se fueron decantando y hoy por hoy los únicos con posibilidades de lograr la representación del partido son Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Pero el asunto está planteado en términos de confrontación, acaso sea porque las huestes de cada uno son muy diferentes. Cristo dice contar con el apoyo de las bases, mientras De la Calle tiene el respaldo de la alta dirigencia de la colectividad.
Juan Fernando Cristo desde muy joven se vinculó a la política. Actuando a la sombra de Ernesto Samper ocupó los cargos de consejero presidencial, viceministro y embajador. Mas adelante serviría como presidente de la Dirección Nacional, senador, vocero de bancada y ministro del Interior. Desde esta posición le correspondió intervenir en el proceso de negociaciones adelantado en La Habana. El punto culminante de esta gestión se dio hace un año, cuando el presidente Santos lo mandó a reunirse con la cúpula de las Farc para ajustar un Acuerdo que los colombianos habían rechazado en el plebiscito.
Como es bien sabido el asunto terminó mal. Los cambios introducidos al Acuerdo fueron apenas cosméticos. En el país cundió una sensación de desengaño, y todo indica que al final tendremos en la vida pública y eventualmente en la Presidencia, a sujetos que no habrán reconocido sus culpas individualmente, ni reparado, ni sufrido una mínima sanción. No digo que esa sanción deba ser cárcel, porque tengo claro el restringido alcance punitivo de la justicia transicional aplicable en estos casos. Pero como afirmara José Miguel Vivanco, Director de Human Rights Watch, “Que exguerrilleros hagan política sin pagar sanción, es una burla a las víctimas”.
El Acuerdo Final es una necesidad y tiene que salvarse de quienes desean hacerlo trizas. Pero en el desarrollo legislativo debe buscarse que sus normas vaporosas e imprecisas no terminen arrasando nuestra institucionalidad. Para mala suerte de Cristo la gente percibe en él cierta inflexibilidad frente a la letra de lo pactado. Entre tanto a su contendor De la Calle, se lo ve como el padre de los acuerdos; pero un padre objetivo, consciente de las falencias y los errores que deben subsanarse.
Humberto de la Calle cuenta con una merecida aurea de estadista. En su hoja de vida aparecen cargos como el de registrador Nacional, magistrado de la Corte Suprema, ministro de Gobierno de Gaviria durante la Constituyente de 1991, ministro del Interior de Pastrana, Designado a la Presidencia, embajador ante la OEA. Sin embargo, su verdadera reputación procede de haber tenido el coraje y la coherencia de renunciar a los honores de la Vicepresidencia. Esto fue cuando tuvo claro que la campaña de Samper había sido penetrada por los dineros del narcotráfico y aquel mandatario carecía de autoridad moral para gobernarnos.
Si se leen entre líneas los elementos anteriores es posible concluir que el Partido Liberal en las personas de De la Calle y Cristo, presencia la confrontación de dos grandes poderes históricos: el de Gaviria y el de Samper. Un sector que quiere modernizar la colectividad y conectarla con los anhelos de la población, versus otro dispuesto a llegar al poder en andas de la politiquería tradicional.
Gaviria es el director del partido y sabe que la pelea presidencial será ganada por quien se quede con la opinión. Por eso decidió hacer una consulta en frío, en los próximos días, para que la gente exprese libremente sus preferencias.
Como era esperable la determinación enfureció a Cristo,
quien deseaba que el procedimiento se hiciera
el día de las elecciones parlamentarias en el próximo mes de marzo
Como era esperable la determinación enfureció a Cristo, quien deseaba que aquel procedimiento se hiciera el día de las elecciones parlamentarias en el próximo mes de marzo. En ello tenía razones: sus posibilidades se cimentan en el uso de los caciques y de las maquinarias que han de operar a todo vapor en los comicios mencionados. Enceguecido por la indignación el exministro nortesantandereano acusó a Gaviria de engañar, amenazar, adelantar una guerra sucia y conducir al liberalismo a la división y el fracaso.
Pero más allá de la coyuntura comentada es necesario indicar que las consultas abiertas para escoger candidatos aunque autorizadas por la ley, son antidemocráticas y costosas. La falta de democracia radica en que no son los miembros de la respectiva formación política quienes toman la decisión final, si no que en la escogencia intervienen los activistas de cualquier otro partido. En otras palabras una voluntad externa es la que en últimas define un asunto propio de la colectividad.
En cuanto a los costos no tiene sentido que a los ciudadanos se les traslade la carga de financiar procedimientos relacionados con un partido determinado, el cual debería contar con sistemas formales de afiliación, y con procedimientos democráticos y transparentes para tomar sus decisiones internas.
En el caso liberal el asunto se vuelve repudiable cuando se conocen los costos de la consulta que se va a adelantar: proyectos sacrificados por valor de cuarenta mil millones en materia de salud, saneamiento, alimentación escolar, vías terciarias. Tal es el precio que pagaremos para apaciguar la guerra interna de un partido que no se ha sabido organizar.
