Se le está acabando el tiempo al fast track para aprobar la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz y tenemos varios tipos de culpables a quienes la historia les deberá cobrar que los miembros del nuevo partido Farc entren a la vida civil sin pasar por el cedazo de la verdad y la reparación.
El Congreso lleva varias semanas eludiendo su responsabilidad para votar esta ley. Es claro que allí está la mayor responsabilidad, es decir sería el primer culpable. Pero dentro del legislativo, precisamente por ser un cuerpo colegiado, hay diversas formas de justificar estas actuaciones dilatorias y francamente entorpecedoras.
Delante de los ausentistas que desbaratan el quorum, están los que se oponen a la JEP desde siempre, pero utilizan su existencia para sacar libres a sus seguidores involucrados en delitos relacionados con el conflicto armado. Estos son los del Centro Democrático que conceptual y políticamente están muy lejos de la paz, sin embargo, no tienen reparos en acogerse a sus beneficios como es el caso de Diego Palacio o de varios militares implicados en los delitos de desaparición forzada.
También están los opositores de ocasión, los de Cambio Radical, que repentinamente en trance electoral descubrieron que no les gusta la paz. Encabezados por su candidato presidencial se convirtieron en opositores al proceso buscando réditos electorales, cosa que les puede salir costando muy caro. Pueden quedarse sin el pan y sin el queso, por fuera del gobierno y sin mayores resultados en las presidenciales.
Por supuesto existe en esa desbancada que entorpece la constitución del tribunal especial, un grupo de oportunistas que busca puestos y mermelada para reforzar sus campañas electorales. Allí cabrían buena parte de los conservadores, algunos de la U y uno que otro espontáneo del liberalismo o de partidos minoritarios.
Culpable de esta debacle en la implementación de la JEP es el propio gobierno,
que distraído en miles de problemas y sin margen de maniobra, ni respaldo popular,
ha sido incapaz de manejar sus exiguas mayorías
El segundo culpable de esta debacle en la implementación de la JEP es el propio gobierno, que distraído en miles de problemas y sin margen de maniobra, ni respaldo popular, ha sido incapaz de manejar sus exiguas mayorías. Guillermo Rivera es un buen tipo, un ministro serio y dedicado, pero sin peso político, ni grandes simpatías en el Congreso, como si lo era Juan Fernando Cristo. Mucho menos influencia tiene Rodrigo Rivera, importado a las carreras para reemplazar a Frank Pearl. Esta improvisación, con una persona poco comprometida con el proceso, le está costando caro al gobierno, que cuenta con el liderazgo necesario para mantener cohesionada a su bancada.
Finalmente, una buena parte de la responsabilidad del hundimiento, hasta ahora, de la JEP la tiene la guerrilla, por su soberbia y apresuramiento a lanzarse a la arena política en pleno proceso de aprobación del tribunal que debería juzgarlos. Ellos están pasando el mensaje de que poco les interesa la justicia y sí mucho la política, como si la paz dependiera solo de las condiciones que ellos obtengan y no de la reparación a las víctimas y la confesión de la verdad.
Y para rematar estamos nosotros, los ciudadanos que pasamos de agache en el proceso. Es como si lo que se está votando en el Congreso no tuviera nada que ver con la vida de los colombianos, como si la paz fuera en el oriente medio y no aquí en nuestras veredas y calles. No ha habido ni una manifestación ciudadana de apoyo a la JEP, ni un movimiento de respaldo, no al gobierno, sino a la paz. En eso somos tan culpables como todos los anteriores. En lugar de apoyo, lo que el gobierno ha recibido es palo y movilizaciones en contra, como la que acaba de pasar con la Minga indígena, que paradójicamente en sus pancartas llamaba a apoyar la paz, pero sus acciones demostraban que les gustan las salidas de hecho.
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