Tras ser aprobada en semanas pasadas la consulta anticorrupción, más se demoró el gobierno en definir la fecha de la consulta, que algunos sectores en iniciar una campaña negra en contra de la misma.
Con el argumento de que es una consulta innecesaria y costosa, algunos sectores han manifestado su insatisfacción con la misma, ya que al costar 300 mil millones de pesos ciertos ciudadanos consideran que es dinero que se dilapidará. Además, opinan que la misma consulta podría aprobarse mediante el Congreso de la República. Sin embargo, aunque técnicamente es posible, la realidad es que esa propuesta ya ha pasado por el Congreso y naturalmente, al afectar a los congresistas, estos se han encargado de hundirla, por lo que la vía legislativa ya se agotó y esta vez es la oportunidad de la ciudadanía pronunciarse al respecto.
Por otra parte, es verdad que la consulta cuesta 300 mil millones de pesos. No obstante, no alcanza ni siquiera a costar el 10% de los 50 billones anuales que nos cuesta la corrupción a los colombianos y aunque es ingenuo pensar que la corrupción se erradicará solo con aprobar la consulta, lo cierto es que sí se dificultará y por ende, se esperaría una reducción en los índices de corrupción, que, de alcanzar una modesta reducción de 6%, ya significaría la recuperación del costo de la consulta.
Así mismo, el primer punto de la consulta busca reducir el salario de los congresistas. De los 40 salarios mínimos que reciben actualmente se pasaría a 25 salarios mínimos, lo cual se fijaría como tope para todos los altos funcionarios del Estado. Esto significaría una reducción del salario de los congresistas de cerca de 12 millones de pesos, lo que implica un ahorro mensual de más de 3 mil millones y un ahorro anual de más de 37 mil millones anuales (37,687,114,080, para ser exactos), ¡solo en el salario de los congresistas!
Por esta razón, aunque es costosa, el costo se recuperará con el pasar de los años y, aunque usted no salga a votar, el costo ya lo asumió la nación y no hay forma de que se reduzca, por lo que, en vez de criticar el alto costo de la consulta, toca sacarle provecho y votar masivamente en contra de la corrupción.
Por otra parte, las críticas a la consulta también indican que las promotoras de la consulta (Claudia López y Angélica Lozano) esperan enriquecerse con la reposición de votos, lo cual es falso, ya que como lo indicó en Consejo Nacional Electoral este mecanismo no aplica para las consultas populares.
Adicionalmente, algunas personas han indicado que de ninguna manera le darán su voto a una iniciativa de Claudia López, dadas sus posturas políticas, su carácter, orientación sexual, etc. Sin embargo, aunque es verdad que esta fue una iniciativa de Claudia López, también es cierto que millones de colombianos de diferentes partidos y posturas políticas la han respaldado, ya que la corrupción se encuentra en todas inclinaciones y partidos políticos.
Es comprensible que existen muchos motivos para estar en desacuerdo con Claudia López. No obstante, esta consulta no es de López, sino de todos los colombianos que nos cansamos de pagar impuestos y no verlos reflejados en nuestro bienestar.
Esta consulta, lejos de buscar que se beneficie a un partido o a algún dirigente político, lo que busca es mostrarle a los corruptos, la indignación que sentimos los colombianos con la corrupción y en vez de politizarla y utilizarla para seguir dividiendo, es nuestra oportunidad para unirnos como país con una única causa y acabar la polarización existente, ya que, sin importar por quién votamos en las pasadas elecciones, es claro que cada quien lo hizo por quien consideraba mejor y por quien consideraba honesto. Prueba de ello es que la bandera de la lucha contra la corrupción se convirtió en una propuesta principal de todos los candidatos y, a pesar de que la consulta no erradicará la corrupción en su totalidad, sí tendrá efectos positivos. El próximo 26 de agosto tendremos la oportunidad de enviarle un mensaje masivo al nuevo presidente y a los recién posesionados parlamentarios de que los colombianos no toleraremos más la corrupción y que acabar con esta debe ser una prioridad de los próximos cuatro años.
