No hay imagen más desoladora que la de un anciano desamparado. El Programa de Protección al Adulto Mayor comenzó en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe y con ajustes ha tenido continuidad desde entonces. Se trata de un subsidio de $80.000 mensuales a personas mayores (54 años mujeres y 59 años hombres), en condiciones de extrema pobreza (alrededor de un millón de personas), pertenecientes a los más bajos niveles del Sisben (A, B y C hasta subgrupo C1). El gobierno de Gustavo Petro aumentó a partir de junio el subsidio a $225.000 mensuales a beneficiarios mayores de 80 años. Todo ello santo y bueno.
En la reforma pensional, tiene el gobierno el propósito de aumentarlo a $500.000 mensuales, solo que esa partida pierde el carácter de subsidio y se convierte en una especie de pensión, pagada por Colpensiones, con cargo a sus reservas. Es decir, se crea una pensión a personas que no han cotizado para obtenerla, pagada con los recursos de quienes sí han cotizado, con el argumento de la solidaridad ciudadana. Sobra decir que la esencia de un derecho a pensión es haber cotizado a ella.
Un asunto de grave inequidad social como son los ancianos desvalidos debería resolverse con los recursos del presupuesto nacional en la cuantía que determine el gobierno, como ha sido hasta ahora. Que todos los contribuyentes aporten a solventar las necesidades de la gente más necesitada, que ya no puede sostenerse a sí misma, como debe ser. Si el tema del subsidio al adulto mayor se vuelve pensional y se carga a la reforma que estudia el Congreso, equivale a decir que no aprobar la reforma pensional es condenar al hambre a miles de ancianos pobres. O sea, que quien cotiza a pensión es responsable de quienes no cotizaron, con lo cual el Estado descarga en ellos una responsabilidad que le es propia.
Un asunto de grave inequidad social como son los ancianos desvalidos debería resolverse con los recursos del presupuesto nacional en la cuantía que determine el gobierno, como ha sido hasta ahora
En el manejo del tema pensional se han cometido muchas inequidades, todas nacidas del reconocimiento de montos de pensiones a quienes no ha cotizado suficientemente para merecerlas. Negociaciones sindicales que rebajan la edad de retiro, regímenes especiales como los del magisterio, las fuerzas armadas y la policía (que son el grueso de la cuenta pensional y que la reforma no toca), para no hablar de algunas megapensiones de congresistas que han legislado a su favor, ni del régimen de prima media que subsidia las pensiones más altas. Es una inequidad que no es solo frente a los ancianos desprotegidos sino también frente a quienes sí han cotizado y obtienen pensiones irrisorias o no alcanzan a obtenerlas.
Actualmente ya existe una cuenta de solidaridad a través de la cual las cotizaciones y las pensiones altas alimentan el fondo general con el cual se ayuda a pagar las pensiones más bajas. Pero todo dentro del sistema de cotizaciones. Los expertos están de acuerdo en que la cuenta del adulto mayor debería permanecer en el presupuesto no en el régimen pensional, ya de por sí con enormes problemas de financiación. El Congreso debería escucharlos.
En cuanto a la reforma laboral, todo el mundo está de acuerdo en que la ley debe garantizar que el trabajo sea digno, bien remunerado, con respeto por los derechos humanos de los trabajadores. Toda la lucha sindical de decenios ha logrado conquistas que hoy forman parte de las condiciones normales del mercado laboral, y es una lucha que continúa. Garantizar una mayor estabilidad y dignidad a los trabajadores formales, que es la esencia de esa reforma, es más que bienvenida. Todo ello santo y bueno.
Solo que esa reforma ampararía a menos de la mitad de la fuerza de trabajo, pues el resto pertenece al enorme país informal que vive de trabajos ocasionales, microempresas, o rebusque, para quienes la reforma laboral es un sueño ajeno. Con el agravante de que hacer más costosas las condiciones de contratación puede frenar la creación de empleos formales y presionar liquidaciones que engrosarían aún más las filas de los informales. A esa reforma hay que echarle lápiz y valorar la opinión de los empresarios, muchos de ellos muy conscientes de su responsabilidad social empresarial. El Congreso debería escucharlos.
Para eso está el Congreso. Para escuchar, para ser escenario de diálogo de intereses encontrados. Para analizar las propuestas gubernamentales, llenas de buenas intenciones, y ponerlas en el terreno de lo posible, que es finalmente la definición de la política, cuando funciona.
