Se avecina en Colombia, un enésimo festín electoral, en lo regional y local.
La historia registra más de doscientos años de repetición de la perversa comedia de engaños y perversidades, anunciados en campañas políticas y consumadas desde el poder público, por los elegidos, con muy escasas excepciones. Ahí están las causas de la crisis sistémica, económica, social e institucional y desarrollo nacional que padecen los colombianos.
Es un hecho innegable que desaparecieron los partidos político soportados en ideas y principios. Fueron arrollas por el turbión de mezquindades y ambiciones personales y apetitos de poder y usufructo de lo público, de dirigentes y oportunistas corruptos.
Los partidos políticos fueron sustituidos por microempresas electorales, creadas por jaurías de inescrupulosos usufructuarios de la politiquería, el clientelismo y la corrupción.
Son evidencias de lo expresado aquí, la existencia de más de 40 supuestos partidos políticos, con legalidad institucional, propiciadores del caos de gobernabilidad y anarquía institucional que inviabiliza el legítimo ejercicio del poder y la aprobación de imperativas reformas socioeconómicas, imprescindibles para poder viabilizar el desarrollo nacional con equidad socioeconómica.
Más del 99%, los aspirantes a ocupar posiciones de gobierno y manejo de los recursos públicos carecen absolutamente de los mínimos conocimientos sobre las obligaciones que asumen y sus responsabilidades, políticas, sociales, éticas y morales.
Y mucho menos les preocupa e interesa cumplir con los derechos sociales fundamentales institucionales colectivos de la comunidad.
Y peor aún, no saben ni entienden cómo se cumplen y resuelven legalmente sus obligaciones de gobernantes.
La gran mayoría son analfabetas funcionales. Lo anterior se comprueba escuchándolos en entrevistas y exposición de promesas a ejecutar desde el poder.
Lo corrobora el hecho generalizado, en toda la geografía nacional, que cada gobernante ha resultado peor que el anterior.
Por los resultados del ejercicio del poder, prácticamente en todos los casos, se puede concluir, que lo único que los motiva buscar ser elegidos, es el cálculo de los recursos económicos y dividendos que quedan derivar, ya investidos de poder.
Todo candidato, sin ruborizarse, ofrece solución a todos los problemas socioeconómicos de los electores. Pero, la mayoría desconoce la realidad nacional y es inconsciente de ella. Mucho menos sabe cómo contribuir en la solución.
Lo común es que cada gobernante demuestra incapacidad intelectual, técnica y operativa, mediocridad e irresponsabilidad total para ejercer el poder correctamente.
En Colombia, el ejercicio del poder popular institucional esta totalmente permeado por la corrupción, la impunidad, la inmoralidad y la mediocridad.
Esta realidad deplorable, construyó un estado de consciencia social colectiva, a tal nivel de desesperanza e indiferencia, que el pueblo ya no se preocupa por la mediocridad e irresponsabilidad política y social de sus gobernantes.
Y por ello es corriente escuchar: “eso es del gobierno” o “que roben pero que hagan algo”, no importa. Pero es un monumental error. Y por eso estamos como estamos, convertidos en rehenes de mafias incrustadas en el poder público, de todo género.
El elector debe ser consciente que las inversiones y gastos con recursos públicos y la corrupción y el desgobierno, se financian con impuestos, que pagan todos los ciudadanos.
El gobernante, generalmente carece de interés y responsabilidad para lograr resultados positivos en su gobierno. Generalmente se interesa es con quién contrata el presupuesto de inversión.
Es la causa medular de que la contratación pública, de obras y servicios se convirtió en la vena rota del presupuesto. Ocurre en Neiva, el Departamento, y en toda la nación.
En el Huila, hay casos a porrillo. El antisocial proyecto El Quimbo: Uribe y sus secuaces lo impusieron sin importarles los legítimos derechos del Departamento y de sus ciudadanos.
El distrito de riego de Tesalia: lo impusieron sin análisis responsable de factibilidad ni del debido rigor técnico de los estudios y diseños. Es un monumento al despilfarro y la corrupción y a nadie le importa, aunque la obra no la terminen nunca. ¿Qué han hecho al respecto los diputados y congresistas del Huila, los dirigentes regionales, los cuatro últimos gobernadores y el exgobernador responsables todos de ese desastre 2004-2007?
La supuesta optimización del acueducto de Neiva: Una alcaldesa la impuso, ante la advertencia cierta que los estudios y diseños eran insostenibles, técnica y económicamente. Incluido el monumento del monstruoso Reservorio, por el que pagaron más de $70 mil millones, pero su presupuesto inicial solo era de $10 mil millones. Los resultados están a la vista. El racionamiento sistemático de agua crece en todo Neiva.
En los últimos doce años, sin soporte técnico-económico ni ambiental, sustentables y justificables económicamente y contra los intereses socioeconómicos reales de la comunidad presente y futura, las últimas cuatro Administraciones Municipales permitieron y toleraron el despilfarro de los recursos públicos, en estudios y diseños, a través del novelón del sistema de tratamiento de aguas residuales.
El resultado: el municipio de Neiva no dispone de estudios y diseños válidos para la construcción de la PTAR. ¿Y quién responde? ¿La impunidad administrativa institucional? ¿La irresponsabilidad y mediocridad, jurídica, fiscal y disciplinaria? ¿El pueblo está obligado a soportar la irresponsabilidad e inmoralidad administrativa institucional, siempre? Bueno: sí, si vuelve a votar por los mismos.
¿Por qué ninguno de los candidatos a la alcaldía de Neiva y la gobernación, con una excepción, se ocupan de los desastres administrativos recurrentes en Neiva y menos, anuncian soluciones válidas, técnica y económicamente, para recuperar lo malversado?
La Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Personería y Concejo, por incapacidad o complicidad no se ocupan de la problemática real del municipio y la gobernación correspondientes. A nivel nacional, ocurre lo mismo. Consuman hechos de mucha desfachatez e irresponsabilidad política social y moral.
La enumeración de hechos, constitutivos de entrega de poder y soberanía a particulares son muy numerosos y aberrantes. En las dos últimas décadas, intensificaron la entrega de lo público a particulares. Durante los gobiernos del siniestro Uribe, más de 500 empresas del estado fueron privatizadas, fusionadas o liquidadas, siempre a favor de lo privado, entre otros, el Instituto de los Seguros Sociales.
Los pésimos gobiernos son los responsables, desde hace más de doscientos años, del desastre, económico, social, institucional, ético y moral, que tipifican el estado fallido.
El elector honesto debe conocer antecedentes del candidato. Estamos ante el imperativo moral y desafío de derrotar el caos, la anarquía y la inmoralidad institucional presentes y estructurar e instituir todas las reformas necesarias, para lograr desarrollo integral nacional y equidad socioeconómica, en el corto, mediano y largo plazo, para garantizar desarrollo nacional integral y asegurar buenas condiciones de vida, para las presentes y futuras generaciones.
Y esas condiciones no se pueden logra nunca, si vota por los candidatos que, que como funcionarios públicos y gobernantes, han demostrado incapacidad para gobernar y han permitido y/o han facilitado o ejercido actos de corrupción.
