En 2011, Diario El Universo, sus directivos y el ex director de Opinión de ese medio fueron acusados por el presidente Rafael Correa de injuriarlo en una columna suscrita precisamente por aquel editor, Emilio Palacio. El jefe de Estado demandó un castigo de tres años de prisión para los acusados, además de exigir el pago de 80 millones de dólares para reparar su honor lastimado. El Universo ofreció publicar una rectificación, pero el demandante no lo aceptó. El proceso siguió su curso por un camino plagado de vergonzosos escándalos procesales y, el 16 de febrero de 2012, la Corte Nacional ratificó la sentencia de instancias previas, mientras en los exteriores de edificio de esa Corte, en Quito, exaltados partidarios de Correa quemaban ejemplares de periódicos independientes. Fue cuando alguien dijo que si se empieza quemando periódicos, se termina con personas ardiendo en la hoguera.
Por decisión de esa Corte, los acusados debían pagar al Presidente 40 millones de dólares y permanecer tres años en la cárcel. Pero, un mes más tarde, antes de que se ejecutase la sentencia, Correa anunció que los perdonaba, así como a los prestigiosos periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, también inculpados de delitos de opinión por haber publicado, ellos, el libro El Gran Hermano. Pero esa es otra historia. De cualquier forma, todos los mencionados son, desde entonces, convictos del delito de injuria, según la justicia ecuatoriana. ¿Por qué los perdonó? La respuesta está, principalmente, en la enorme rechazo internacional que suscitaron sus demandas.
El escandaloso caso contra El Universo puede verse en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_El_Universo
http://rafaelcorreacontraeluniverso.eluniverso.com
http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cronologia-del-caso-universo.html
Correa ha destrozado ejemplares de El Universo con sus manos, al menos en dos ocasiones: en la ladratina del 17 de diciembre de 2011 y en la del 24 de noviembre de 2012. No tardó en descalificar a ese medio porque, según él, se tergiversaron declaraciones suyas. Y ordenó a la Superintendencia de Comunicación (Supercom) que actuase. Y también rompió ejemplares de Diario La Hora, como en otras ocasiones ya lo había hecho con los de Hoy y El Comercio.
Ladratina es el nombre con que la asambleísta de oposición, Lourdes Tibán, bautizó a la sabatina, como se conoce al monólogo presidencial que se transmite todos los sábados por los medios gubernamentales y por privados que se siente obligados a «encadenarse».
Bonil es Xavier Bonilla. Un extraordinario columnista gráfico, cuyo humor es tan aguzado como la punta del lápiz con que dibuja. Cuando rectificó, tras el primer enfrentamiento con la Supercom, inmediatamente el titular de esa dependencia twitteó su enorme complacencia. Pero, luego de ese «trino», misteriosamente, el funcionario se sumió en el silencio. Circularon versiones de que eso ocurrió cuando le explicaron que la rectificación de Bonil le dolía al Gobierno mucho más que la viñeta original…
La insólita sanción contra Bonil causó estupor y rechazo en Ecuador y en el mundo. Aquello está registrado, entre otros, en estos links:
http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/bonil-rectifico-caricatura-y-cumplio.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/unp-rechaza-sancion-de.html
La Supercom es uno de los dos organismos disciplinarios creados por la inconstitucional Ley Orgánica de Comunicación (LOC), promulgada por Rafael Correa el 25 de junio de 2013. El otro es el llamado, con pompa burocrática, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación —Cordicom—, que se encarga de examinar los contenidos que se publican en los medios, produce los argumentos más disparatados, sostenidos con supuestos estudios semióticos y análisis críticos del discurso, de regusto académico, para formular acusaciones y llevar a medios y periodistas al banquillo. La Supercom aplica el garrote: es en verdad un tribunal especial, porque la LOC sustrajo a los periodistas y medios de sus jueces naturales, de la justicia común y los sometió a este, de carácter administrativo, dependiente del aparato de propaganda del régimen y de la Presidencia de la República. Esta es la policía del pensamiento y de la palabra. Esta es la versión actual de la Inquisición, operando en un país de América del Sur, en el siglo XXI.
Un texto publicado por el periodista Roberto Aguilar, en su blog Estado de Propaganda, ilustra cómo los inquisidores del Cordicom usan las teorías de la comunicación para justificar el castigo:
http://estadodepropaganda.com/2014/12/02/miseria-de-la-semiotica/
Con la vigencia de la LOC, en algo más de un año (octubre de 2014) ya habían cerrado cuatro medios impresos: Diario Hoy, Revista Vanguardia, Diario Meridiano y Diario La Hora, de Manabí. Un caricaturista había sido sancionado. Once medios, multados por no haber entregado copias impresas o de programas audiovisuales. Se hizo público un caso de autocensura.
Según el superintendente de Comunicación, hasta mayo de 2015 se siguieron 506 procesos, pero esa información no ha podido ser verificada, porque la Supercom no cumple con la Ley de Transparencia, que obliga a publicar en su página web las resoluciones motivadas. No obstante, Fundamedios pudo verificar 269 procesos hasta junio de 2015. Eso permitió constatar que la Supercom y funcionarios públicos son los mayores usuarios de la LOC: el 54% de las denuncias analizadas fueron presentadas por esos actores entre octubre de 2014 y abril de 2015, desde el secretario nacional de Comunicación —quien es la cabeza visible del aparato de propaganda del Gobierno— hasta asambleístas y alcaldes. Los ciudadanos independientes usaron el sistema en un 46% de casos; asimismo, 142 medios privados fueron encausados, y 1 medio público. El derecho a la honra ha sido la principal motivación de los reclamos; también pedidos de rectificación, cumplimiento de normas deontológicas y derecho a la réplica. De los 145 procesos que culminaron en una resolución, 118 recibieron castigo (el 82%). Todos los casos iniciados de oficio por la Supercom, sin excepción, terminaron en sanción.
Esta es la versión del superintendente de Comunicación sobre la aplicación de la LOC:
La ex asambleísta María Paula Romo, el catedrático colombiano Francisco Barbosa y la abogada Pamela Sevilla hicieron este «retrato en cifras» sobre la LOC:
http://www.fundamedios.org/wp-content/uploads/2015/06/LOC-2-años-retrato-en-cifras-presentacion.pdf
¿De qué manera la LOC ha facilitado la censura? Lo explica un informe de Fundamedios:
http://issuu.com/leyinconveniente/docs/libertad_expresi__n_2014
Pese a las promesas de quienes impulsaron la LOC, apenas un 5% de las frecuencias de radio y televisión fueron redistribuidas. Y la Supercom se apresuró a emitir una resolución en la que excluía, exoneraba al enlace semanal del presidente de los alcances de la Ley de Comunicación. De modo que cada semana Correa puede insultar, como insulta; puede desacreditar, como desacredita; puede deshonrar, como deshonra; puede agredir, como agrede; puede injuriar, como injuria; e, igual que su amigo Amad bin Jalifa al Thani, el jeque emir de Qatar, él sólo le rinde cuentas a Dios.
La LOC se promulgó el 25 de junio de 2013, después de que el presidente Correa consiguiera una dócil mayoría en la Asamblea Nacional, a consecuencia del triunfo electoral de febrero de ese año. Correa estaba tan jactancioso con la nueva ley que expedía, que en esa fecha su gobierno movilizó a sus partidarios en autobuses, levantó un escenario y contrató a músicos para una celebración en los exteriores de la sede de la Asamblea Nacional.
Antes, durante más de dos años, medios, periodistas y defensores de derechos humanos lucharon por contenerla: en la aprobación de la LOC se violaron normas reglamentarias legislativas y se introdujeron artículos reñidos con el texto constitucional, además de un código deontológico de obligada aplicación. Es regresiva, es autoritaria, es una ley mordaza. Se lo explicaron oportunamente a los asambleístas, cuando hacían y deshacían el proyecto de ley, la ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, Catalina Botero; lo argumentó el relator especial de libertad de expresión de las NNUU, Frank LaRue; lo señalaron la Sociedad Interamericana de Prensa y la Unión Mundial de Editores de Periódicos; asimismo, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) y la Red Global para la Defensa y Promoción de la Libertad de Expresión (IFEX). Lo advirtieron muchísimos columnistas de diarios y revistas de la región. Lo manifestó también el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y más de un centenar de intelectuales del mundo que suscribieron un comunicado destinado a las autoridades de Ecuador. Sus argumentos eran irrebatibles. Pero los asambleístas del correísmo no los escucharon. Sólo tenían, sólo tienen oídos para su líder, un padre severo.
Hablar, escribir, criticar. Así se tituló el Manifiesto por la libertad de expresión en el Ecuador. La primera firma fue de Fernando Savater (España); la centésima cuadragésima, de Kurt Weylkand (Alemania).
http://www.eluniverso.com/2012/02/25/1/1355/manifiesto-libertad-expresion-ecuador.html
Varias publicaciones sobre el carácter nocivo y antidemocrático de la LOC se pueden leer en, o descargar de:
http://issuu.com/leyinconveniente
La LOC fue demandada por inconstitucional, por razones de fondo y de forma, ante la Corte Constitucional (CC) que, tras demorar más de más de un año, sentenció rechazando las demandas, para halago de la Presidencia de la República.
Esa Corte había sido integrada con la indulgencia del correísmo. Su presidente ha sido mencionado en relación con graves incorrecciones y, para escándalo regional, veintidós cancilleres reunidos en la OEA, en junio de 2015, lo eligieron juez de la Corte Interamericana de Justicia. Jamás consultaron la opinión de la sociedad civil de Ecuador y de ningún otro país. Y, uno de los magistrados de la CC, cuando fungía de fiscal provincial del Guayas archivó una denuncia en contra del juez que sentenció en primera instancia a Diario El Universo, a sus directivos y a Emilio Palacio. El denunciante había aportado con evidencias que permitían asegurar que la sentencia había sido redactada por el propio abogado defensor del presidente Correa. Tras el archivo, aquel fiscal provincial fue ascendido a magistrado del más alto tribunal constitucional de Ecuador…
La inconstitucionalidad de esa Ley fue demandada ante la CC. La demandas fueron archivadas. Los pronunciamientos y los silencios de ese Tribunal han sido, son escandalosos porque revelan un sometimiento desvergonzado a la Presidencia de la República:
http://ecuador.indymedia.org/media/2012/02/38137.pdf
http://issuu.com/leyinconveniente/docs/demanda_de_inconstitucionalidad
http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/patricio-pazmino-y-el-compromiso-la-corte-constitucional-ddhh
Mucho se puede decir de la LOC. En lo sustancial, lo más grave y escandaloso es que transforma a la comunicación en un servicio público. Por consiguiente los actores, los protagonistas y gestores de procesos comunicacionales están sometidos a controles administrativos, y del mismo modo los derechos ciudadanos de pensar, escribir, opinar y publicar.
Con la LOC, derechos y libertades inalienables se han transformado en servicios estatales concesionados a los ciudadanos, controlados por funcionarios públicos. La LOC también incorporó en su articulado una nueva infracción que pueden cometer periodistas y medios, el llamado «linchamiento mediático». Este tipo de falta implica que medios o periodistas se coluden con el propósito de lesionar el honor o la imagen de personas o instituciones. El Cordicom y la Supercom llegaron a afirmar que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) linchaba a la LOC, cuando los diarios asociados en ese gremio publicaron en forma simultánea, a modo de campaña institucional, sus críticas a ese cuerpo legal.
La primera sanción por «linchamiento mediático» se ordenó contra Teleamazonas en febrero de 2015. El caso es de Ripley. La autoridad acusó a dos periodidstas y a cuatro monigotes de haberse coludido en contra del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
http://www.voanoticias.com/content/ecuador-ley-mordaza-teleamazonas-sip/2652079.html
Una ley regresiva, se dirá, puede ser combatida en los tribunales. Pero el presidente Correa metió las manos en la justicia —la metáfora es del propio mandatario y esas fueron sus palabras—. Tras un oneroso proceso de reforma judicial, cuestionado por el mediático juez español Baltasar Garzón, contratado como veedor por el propio Gobierno, jueces y tribunales perdieron su independencia y están sometidos al poder y a la voluntad del ejecutivo. Ya no pueden fallar en contra del Gobierno. A ellos, la Asamblea Nacional les entregó un nuevo Código Integral Penal que ya no es de mínima intervención, según ordena la Constitución de 2008, sino uno en el que aumentaron los delitos y las penas, las facultades de fiscales y policías y se sugieren una serie de tipos penales ambiguos o sin descripción, entre los que constan varios relacionados con el opinar y el publicar. Por ejemplo, es delito el «ejercicio ilegal de la profesión», en consonancia con LOC, que establece la titulación obligatoria a periodistas para desempeñarse en la mayor parte de cargos en medios de comunicación, lo cual, como sabemos, es contrario a la tradición liberal y a la Declaración de Chapultepec. Otro ejemplo: según la LOC, es delito la «revelación de secretos», que por su amplitud y ambigüedad podría ser aplicado a casi cualquier caso y cualquier persona. No se requiere para la comisión de este delito que la información hubiera causado daño, sino simplemente que «pudiera» causarlo.
El 25 de enero de 2011 Correa anunció públicamente que su Gobierno iba “a meter las manos en la Justicia”:
De qué forma consiguió someter al sistema judicial a los designios del poder político lo ha analizado el jurista peruano Luis Pásara: http://issuu.com/leyinconveniente/docs/indjud_ecuador_informe_esp
Se suma a ello la jurisprudencia creada por pronunciamientos de jueces en temas relacionados con libertad de expresión, como las mencionadas sanciones penales a editorialistas y sus diarios (Emilio Palacio y El Universo), sanciones administrativas impuestas por la Supercom a caricaturistas y sus diarios (Bonil y El Universo), sanciones por titulares que supuestamente no se corresponden con la noticia (Diario Extra, Diario La Hora y otros); sanciones por editoriales institucionales (Revista Vistazo); inclusive, que una jueza ordene el allanamiento de una imprenta y la incautación de libros antes de ser puestos en circulación, sin haberlos visto jamás.
La notificación sorprendió a decenas de asistentes a la presentación del libro Una tragedia ocultada, del misionero capuchino Miguel Ángel Cabodevilla: la justicia había prohibido su circulación y difusión por cualquier medio:
Desde junio de 2015, la Secretaría cde Comunicación (Secom) y la Supercom imponen contenidos a los medios de prensa, una práctica usual en la televisión, mediante «cadenas nacionales» que se insertan en noticieros, con el control gubernamental de la pantalla y el sonido. Ahora, intervienen en la prensa escrita enviando contenidos maqueteados, en que se incluye texto, titulares y fotografías, de obligada publicación en la prensa privada. Algunos periódicos han interpuesto acciones judiciales para evitar esta acción ilegal e inconstitucional, porque ni la Constitución ni la LOC confieren a ningún organismo público la potestad de manejar los contenidos, bajo ningún pretexto.
Con la autoritara imposición de contenidos, el mecanismo obliga a los diarios a publicar propaganda gubernamental disfrazada de noticias, y a mentir, inlcusive:
http://www.elcomercio.com/actualidad/diario-expreso-rechaza-rectificacion-armada.html
http://estadodepropaganda.com/2015/05/22/la-mentira-obligatoria-y-la-claudicacion-del-periodismo/
Tras dos años de vigencia de la Ley de Comunicación, en los medios privados y en los periodistas independientes se ha generalizado la autocensura. Se suprimieron las unidades de investigación periodística en diarios, radios y canales de televisión. Y las redacciones recurrieron a un nuevo actor, el abogado de la empresa o del medio, que actúa como censor de buena fe de los contenidos que pueden acarrear problemas a medios y periodistas. Un censor oficioso, pero censor, al fin.
En consonancia con todo esto, se consolidó un monopolio mediático gubernamental de más de una veintena de medios impresos y audiovisuales, que son beneficiarios de la publicidad estatal, distribuida con inconstitucionales criterios discriminatorios. No obstante, ese monopolio no goza de la preferencia de las audiencias No es aventurado ni exagerado afirmar que en Ecuador no vivimos bajo un régimen de Derecho, sino que estamos enfrentados a un estado de propaganda.
Desde hace 40 años, y hasta el 2007, el Estado contaba con un solo medio: la Radio Nacional del Ecuador (AM), pero ya en enero del 2011 ese escenario había cambiado.
http://www.eluniverso.com/2011/01/11/1/1355/cuatro-anos-regimen-cuenta-19-medios-comunicacion.html
http://www.aedep.org.ec/docs/Ecuadorinformepublicidadoficial.pdf
Este modelo, el modelo correísta de la comunicación, es denominado por sus defensores «democratización de la comunicación». Ellos hablan de «nuevos paradigmas». Una «democratización» que ofreció la desconcentración de la propiedad de medios y la redistribución de frecuencias, así como condiciones igualitarias para el acceso a la información y para el trabajo de los periodistas. Se considera parte medular del llamado socialismo del siglo XXI. En el Ecuador de Rafael Correa, tal democratización no ha ocurrido.
Y, por si fuera poco, se ha impuesto la ezquizofrenia. O el absurdo. En 2014 y 2015, en Ecuador, medios y periodistas han recibido sanciones por lo que publican, por lo que dejan de publicar y por lo que publican terceros.
POR LO QUE SE PUBLICA: si un contenido, un titular, una fotografía o una viñeta humorística no son de agrado del Presidente; si un contenido, un titular, una fotografía o una viñeta humorística han recibido un informe negativo del Cordicom; ocurrirá si tras una denuncia de discriminación, afectación a la honra, incoherencia de un titular con el contenido, descontextualización de la información, «linchamiento mediático», uso de lenguaje inapropiado, publicación de imágenes «morbosas», etc., la Supercom ha dado paso a un proceso inquisitorial en el cual es juez, parte e instancia de apelación.
EJEMPLO: EL CASO DEL CARICATURISTA BONIL
En Ecuador, el 31 de enero de 2014, la Supercom castigó a Diario El Universo y al caricaturista Bonil, por una viñeta publicada el 28 de diciembre de 2013, en la página de Opinión de ese periódico. La multa a ese Diario correspondió al 2% de los ingresos del último trimestre de 2013. Y, a Bonil se le concedieron 72 horas para rectificar el texto que constaba en la viñeta. La Supercom consideró que el contenido de la caricatura no correspondía a la realidad de los hechos y estigmatizaba la acción de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Judicial, y que además apoyaba la agitación social. Poco antes, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se había referido a esa viñeta en un “enlace” sabatino y había acusado a Bonil de mentir respecto del allanamiento al hogar de un ex sindicalista, que se había querellado con el mandatario. Ese fue el debut de la Supercom.
POR LO QUE NO SE PUBLICA: sucede si, acaso, el Presidente considera que alguna actividad en que ha participado (no se excluyen las privadas) no ha merecido el despliegue noticioso que él esperaba. De ordinario, el presidente Correa espera propaganda, no periodismo. En alguna ocasión, tras inspeccionar un proyecto hidroeléctrico en el norte de Ecuador, él se quejó de la escasa cobertura de prensa que recibió su visita y sugirió que se trataba de un bloqueo informativo. "¿Conspiraron los medios ecuatorianos para ignorar este importante evento? Eso parecería. En este país, las buenas noticias no son noticia", dijo.
Este “delito” está previsto en la LOC. El Artículo 18 prohíbe la «omisión deliberada (…) de la difusión de temas de interés público», con una redacción tan vaga que cualquier gestión de un funcionario nacional, provincial o municipal pudiera interpretarse, subjetivamente, como de hecho de interés público. La realidad es tal, que oportunamente la CC ordenó a Cordicom que reglamentara la definición de “interés público”, previo a que la Supercom pudiera sancionar a los medios por omitir lo que las autoridades consideran “’interés público”, de forzada divulgación. No olvidemos que las autoridades no distinguen información veraz de propaganda, ni periodismo de relaciones públicas. Con la LOC los medios han perdido la libertad de publicar los que ellos deciden autónomamente qué es de interés público y que no. Varias autoridades locales han demandado sanciones contra diario El Mercurio y Diario La Hora. Un activista del partido del gobernante ha demandado a varios periódicos ante la Supercom porque, según él, esos medios no otorgaron la importancia que merecía el otorgamiento de un nuevo doctorado honoris causa para Rafael Correa, el ciudadano, no el jefe de Estado, concedido alegremente por la universidad de Santiago de Chile, en mayo de 2014. No es que dejaron de publicar la noticia. El despliegue ofrecido no satisfizo al denunciante. Por cierto, la queja la inició el propio Correa, en una de las sabatinas. Vanitas vanitatum omnia vanitas.
EJEMPLO: EL CASO DEL ALCALDE DE LOJA
El alcalde de la ciudad de Loja, capital de la provincia más meridiconal del país, de ese mismo no nombre, denunció a diario La Hora de esa provincia por “omisión deliberada de información de interés público”, porque aquel diario se abstuvo de informar sobree la rendición de cuentas de ese alcalde. Su nombre es Bolívar Castillo La Hora había informado diariamente sobre la gestión de Castillo. La rendición de cuentas es un acto propagandístico de su gestión, donde no exite posibilidad de preguntas o réplicas. La Supercom multó al diario, impuntándole “censura previa”. La Hora recurrió a la justicia ordinaria y se negó a pagar la multa. Durante una audiencia ante el juez ordinario de primera instancia, Castillo dijo que fue él quien “puso colmillos a la ley mordaza” (sic), porque cuando se aprobó la ley, el 14 de junio de 2013, Castillo fue el asambleísta oficialista que introdujo en la ley la Superintendencia de Comunicación, organismo disciplinario que no constaba en los textos que se debatieron antes. Es decir, la Supercom apareció en la LOC luego de meterse “por la tranquera”, sin debate legislativo, gracias a ese legisllasdor.
POR LO QUE PUBLICAN OTROS, si al Presidente y su gobierno les disgustan las opiniones que publican ciudadanos, en avisos pagados, remitidos que en Ecuador usualmente se identificaron como “intereses generales”. Caso Diario la HORA
EJEMPLO: EL CASO DEL CONSEJERO ROSERO
En marzo de 2015, Diario La Hora fue sancionado con una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados por supuestamente no cumplir con el artículo 60 de la LOC, referente a la identificación y clasificación de los tipos de contenidos que se publican. Ese Diario había publicado un remitido pagado por David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana, del grupo minoritario de consejeros de oposición. El remitido contenía una “Carta abierta para el tira insultos de los sábados”. La LOC no distingue si un remitido debe identificarse como Opinión o como Publicidad. El Diario lo había identificado con la letra P (publicidad)). Tras la resolución del organismo sancionador, La Hora se declaró en resistencia. El Gobierno de Rafael Correa no tolera críticas frontales al jefe de Estado; recurre a subterfugios de la ley, como en este caso, para provocar censura a la opinión de ciudadanos o personajes públicos críticos, que pagan para publicar sus argumentos.
Este modelo se ofrece como una franquicia exitosa. En 2014, una guía general, construida a partir de la regresiva Ley de Comunicación que rige en Ecuador, fue presentada en el Parlamento Latinoamericano —el llamado Parlatino— reunido en Panamá, a fin de que los legisladores la introdujeran en los debates de sus legislaturas nacionales.
El objetivo: internacionalizar los «nuevos paradigmas» de la comunicación, en abierta contradicción con las conquistas consagradas en la legislación interamericana de Derechos Humanos, —una de las más avanzadas de la humanidad— y en instrumentos internacionales como las Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El objetivo: imponer en la región la tutela autoritaria del Estado como administrador de la comunicación transformada en servicio público y, así, coartar las libertades ciudadanas de pensamiento, de expresión, de opinión, de prensa.
El objetivo: eliminar en la región la indispensable interpelación de la administración pública y la contraloría ciudadana de los poderes y funciones del Estado desde el periodismo independiente.
El objetivo: aherrojar en la región la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos; criminalizar la defensa de la naturaleza, del agua, el derecho a la organización y a la protesta.
El objetivo: domesticar, frivolizar, dulcificar, desnaturalizar el periodismo con la siembra de policías, censores y negociadores en las cabezas de los periodistas.
El objetivo: anular la prensa libre y, por esa vía, alentar el autoritarismo político de cualquier signo ideológico. Recordemos que sin prensa libre no hay democracia.
Julio de 2015
*Diego Cornejo-Menacho, Quito, 1949, es periodista y novelista. Actualmente, ocupa la dirección ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico AEDEP. Website: cornejomenacho.webs.com
