Al exconsejero para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila Peñalosa, se le reconoce como uno de los técnicos más visibles del gobierno Duque. Aunque llegó al gobierno de la mano de Marta Lucia Ramírez y asumió la incierta tarea de implementar el acuerdo de paz -sin tener la más mínima experiencia en temas de paz-, se convirtió en uno de los hombres más cercanos al presidente y garantía de “solidez técnica”.
Así, fungió como otro alto comisionado para la paz -en un gobierno donde esa oficina perdió todo protagonismo- y hasta fue vocero institucional durante las fallidas negociaciones con el comité nacional del paro.
Archila fue el cerebro de la Paz con legalidad y artífice de las principales transformaciones administrativas para facilitar la implementación del acuerdo de paz. No solo creó la Alta Consejería para la Estabilización, también promovió una importante reforma a la Agencia de Renovación del Territorio (ART); creó la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y reformó el sistema nacional de regalías para crear el Órgano Colegiado de Administración y Decisión también conocido como el OCAD-Paz y así garantizar recursos de vigencias futuras para financiar las obras de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Y lo logró sin tener mayores conexiones con los partidos políticos, pues en honor la verdad, Archila es un pésimo político y nunca fue militante del Centro Democrático.
Ahora bien, en medio de uno de los peores escándalos de corrupción del gobierno Duque, Archila ha emergido como un actor protagónico, no necesariamente sindicado de ser el cerebro que diseñó un sofisticado esquema de corrupción -similar al empleado con la mermelada-, pero sí como una ficha clave en la aprobación de recursos billonarios; supuestamente, direccionados por políticos desde el OCAD-Paz para saquear a los municipios más pobres del país.
Al parecer, Emilio Arcila, abstraído en su fastuosa retórica técnica, no se dio por enterado del direccionamiento amañado de recursos billonarios, mucho menos del alcance práctico de los “peajes” establecidos desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría -abusando de sus facultades- ; y además, no cuestionó la concentración de los recursos en algunos departamentos y tampoco la presencia en las sesiones del OCAD-Paz de congresistas que no tenían voto, pero si la voz suficiente para imponer ciertas gestiones.
¿Acaso, Archila fue víctima de los políticos y bien podría alegar que todo fue a sus espaldas?
En su defensa, el exconsejero argumenta que su responsabilidad solo se reducía a votar por los proyectos enlistados en un orden del día elaborado por el DNP. Nada más. Solo un voto de tres. Según su versión, repetida hasta el cansancio en varios medios de comunicación, nunca tuvo la capacidad de direccionar proyectos o si quiera llegó a conocer a los contratistas encargados de ejecutar los multimillonarios recursos. Es decir, aunque en la práctica fungía como la cabeza del OCAD-Paz, desconocía las minucias del proceso previo -responsabilidad exclusiva de la ART, el DNP y la Contraloría- y solo se preocupó por compulsar algunas denuncias a los entes de control.
Sin embargo, Archila si debe responder algunas preguntas; entre ellas: ¿Por qué decidió que en el 2021 el OCAD-Paz aprobara la totalidad de los recursos proyectados para 10 años?; ¿Por qué no hizo públicas las denuncias de corrupción que llegaron a su oficina?; ¿Por qué no suspendió las sesiones del OCAD-Paz mientras se aclaraban los señalamientos de corrupción contra los funcionarios del DNP y la Contraloría?; ¿Por qué no indagó sobre los intereses políticos de los congresistas que participaban de las sesiones del OCAD-Paz?; ¿Por qué permitió que los recursos se concentraran en pocas subregiones PDET?
Así no tenga responsabilidad directa en la creación del sofisticado entramado de corrupción -arguyendo la máxima santista de: “me acabo de enterar”-, el exconsejero Archila, si debe aclarar muchísimas incógnitas, pues en su perfil técnico no puede escudar una ingenuidad política bastante funcional al voraz apetito burocrático de los políticos. ¿Dónde están los 50.000 millones de pesos?
