La campaña del Dr. Santos está mostrando todos los cuestionamientos que nacen con la norma de la reelección inmediata.
Las medidas supuestas para impedir que el manejo del presupuesto y la burocracia no alteren el principio de igualdad para los candidatos han sido totalmente inútiles. El no poder hacer contratos o nombramientos con una cercanía a las elecciones lo único que logró es que estos se hicieran con anticipación, creando incluso problemas de adelantos que pueden ser indeseables. Y tanto lo asignado en recursos como lo nombramientos siguen siendo explotados en intervenciones públicas en las cuales a título de gestión de gobierno el presidente cobra los respectivos dividendos.
Más evidente aún es el uso de la propaganda oficial, enviando el mismo mensaje como política de Estado y como campaña de quien ejerce el gobierno. Difícil por ejemplo distinguir cuando las palabras del presidente y las cuñas que propenden por la necesidad de paz son parte de la campaña y parte de la función institucional de las entidades que las divulgan.
Y en el caso presente ha sido incluso evidente el favoritismo y hasta cierto punto la intrusión de los órganos de control a favor de una u otra candidatura.
Pero la forma que más importancia sigue teniendo es el intento de desinformar o engañar a los posibles votantes.
Ya es conocido el caso de la manipulación de las encuestas, bien sea por la forma en que se diseñan, bien sea en la forma que se presentan.
Pero una nueva variante es la supuesta adhesión de grupos o movimientos que se caracterizan por su independencia pero se muestran como comprometidos con una candidatura con la cual poco probable es que se concreten.
Que los seguidores del movimiento Colombia País de Regiones acaben votando por Juan Manuel Santos sería lo menos esperable: si alguien se identifica con el centralismo es él; es él quien en los cuatro años de gobierno no mostró ningún interés en lo que hoy promete; si a alguien no le aporta nada —diferente de los votos— el defender la regionalización es al actual presidente y sus políticas.
Igualmente sería sorprendente que los indígenas del ASI (teniendo en cuenta que los votantes sí tienen que ser indígenas) apoyaran al candidato que ante ellos solo ha tenido medidas represivas. Ilógico sería que votaran para que les sigan dando el mismo tratamiento.
Y por supuesto las 'campañas sucias', como siempre sucede con lo que los medios informan, probablemente tienen algo de verdad; pero, no siendo su verdadero propósito informar sino desprestigiar al candidato que no apoyan, lo que trasmiten desfigura incluso la razón misma que supone justificar las agresiones.
- Como cualquier columnista me siento obligado a manifestar mis simpatías en estas elecciones.
Partiendo de la convicción de que el país necesita cambios es fácil el análisis de la situación: hay cuatro candidatos vinculados no solo con el pasado y con el presente sino decididos a defender y mantener el mismo sistema y el mismo modelo en caso de salir elegidos.
Con mayor o con menor énfasis Santos, Peñalosa, Zuluaga y Ramírez no solo no se comprometen con ninguno de los cambios que requieren la sociedad y el Estado colombiano sino que les temen y se oponen.
Es verdad que respecto a los dos que casi seguramente pasarán a segunda vuelta, una pequeña gran diferencia puede existir en relación a la forma en que se adelantan los diálogos de paz; pero incluso eso es más en función de los propósitos electorales que por diferencias de fondo. La oposición uribista (es decir del candidato Zuluaga) es a aspectos como los niveles de amnistía o de participación futura, pero no a la negociación misma y menos aún a la paz (nadie puede estar en contra de ella).
Y el compromiso de Santos con la paz está lejos de ser actitud histórica. Por el contrario, en cuatro años no se ha producido ningún cambio en los temas que afectan al ciudadano ordinario. Es más, se ha vivido la frustración de la esperanza o expectativa creada y después acabada: la reforma a la Educación reversada y desde entonces empantanada en unas mesas con la Mane de las cuales no rinden ninguna cuenta; una reforma a la Salud varias veces prometida y nunca cumplida; la reforma a la Administración de Justicia cancelada por inconveniente y nunca vuelta a presentar; la ley de baldíos (o ley de tierras) retirada por el ministro de Hacienda a los cinco días de inscrita por el ministro de Agricultura; una ley de Minas desaparecida por prescripción; un Estatuto del Trabajo nunca emitido; en fin...
Ni siquiera en la manera de adelantar las campañas se diferencian, dedicados ambos a la guerra sucia, y usando la marca J. J. Rendón.
La única campaña que tiene la altura de una contienda por la presidencia (ideología, propuestas, seriedad y respeto por los otros candidatos y por los electores) y la que al mismo tiempo es la única que se compromete con cambios en el Estado para cambiar la Sociedad es la de Clara López.
